Xóchitl Almendra Hernández, la polémica nueva pieza del Órgano de Administración Judicial
La magistrada, cercana al ministro Irving Espinosa y parte del grupo de “juzgadores del pueblo” de Lenia Batres, fue señalada de discriminación y acumula varias quejas en la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México
Humo blanco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de un mes, el pleno ha elegido en una sesión a puerta cerrada a la magistrada Xóchitl Almendra Hernández para integrarse al Órgano de Administración Judicial (OAJ). La funcionaria fue durante 13 años secretaria del Poder Judicial Federal y desde 2020 estaba el Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México, donde coincidió con el actual ministro Irving Espinosa y misma dependencia que presidió la también ministra Yasmín Esquivel. Hernández protagonizó en 2022 una dura polémica por discriminación contra personas con autismo y, además, acumula seis quejas en la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México. También formó parte del grupo “juzgadores del pueblo” que encabezó Lenia Batres. La magistrada llega en sustitución de Lorena Josefina Pérez Romo, quien salió del OAJ apenas cuatro meses después de su nombramiento en una renuncia todavía sin aclarar. Detrás de este juego de sillas se esconde una brecha: ¿qué está sucediendo dentro de la dependencia más poderosa del poder judicial?
El Órgano de Administración Judicial lleva apenas cinco meses en funcionamiento. Como sustituto del antiguo Consejo de la Judicatura Federal (CJF), maneja el millonario presupuesto judicial, así como las adscripciones de los juzgadores. La elección de los cinco integrantes del OAJ ha sido polémica desde el inicio. La Constitución marca que el poder ejecutivo debe elegir a uno de ellos, el Senado a otro y los últimos tres salen de la Suprema Corte. El 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum eligió a Néstor Vargas, quien fue su consejero jurídico en la jefatura de Gobierno de Ciudad de México y había sido acusado de abuso sexual por una empleada; el poder legislativo apostó por Surit Berenice Romero, y el judicial seleccionó a Lorena Josefina Pérez Romo (cercana al expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar), a la consejera nacional por los Pueblos Indígenas Catalina Ramírez y a José Alberto Gallegos Ramírez, quien había sido coordinador de administración en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la dependencia de la que Hugo Aguilar había sido número dos.
Ya estos primeros nombramientos se hicieron a puerta cerrada, incluso los que provienen de la Suprema Corte. El abogado Arturo Guerrero, que fue director de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, apunta: “No conocemos el procedimiento, no sabemos los criterios, ni si había otros candidatos. Antes, para este mismo puesto, para ser consejero del CJF, la Corte hacía votación en sesión pública, después los candidatos hablaban de su propuesta, tenían que hacer una exposición, someterse a preguntas de los ministros, y después se votaba. Ahora es el dedazo por el dedazo absoluto”. EL PAÍS ha preguntado a la Suprema Corte sobre cómo ha sido el procedimiento para elegir a Xóchitl Almendra Hernández y sobre si había otros candidatos para el puesto, pero hasta la publicación de este artículo no ha recibido respuesta.
Guerrero menciona también cómo la elección del presidente del OAJ debía ser por insaculación y esta, de la que salió Vargas, nunca fue pública: “En este nuevo poder judicial abierto y del pueblo, el único proceso que no se les obliga a hacer en público, lo hacen en la opacidad más absoluta”. Ahora esta práctica se ha repetido para la elección de Xóchitl Almendra Hernández. El pleno de la Suprema Corte ha tardado un mes en ponerse de acuerdo en quién iba a sustituir a Pérez Romo. Influir en el asiento del poderoso OAJ se volvió una oportunidad, especialmente ahora por la tensión que recorre el Alto Tribunal. El presidente, Hugo Aguilar, ya tenía cercanía con dos de los anteriores nombramientos.
Hernández fungió durante 13 años como secretaria de distintos tribunales de materia administrativa de Ciudad de México. En 2020, “se acerca a un grupo político”, relata una fuente, y el Gobierno de Claudia Sheinbaum la propone como magistrada para ocupar una de las siete vacantes que había dentro del Tribunal Superior de Justicia Administrativa capitalina. Ahí, Hernández coincidió los últimos cinco años con el ministro Irving Espinosa, hasta que este fue elegido para ser ministro de la Suprema Corte. “Es alguien que es veleta, se va hacia el lado que ella cree que tiene poder”, apunta otra fuente.
En su trayectoria como magistrada, Hernández recibió, según ha documentado La Silla Rota, al menos seis quejas por discriminación y acoso laboral entre 2021 y 2022, y una docena de trabajadores solicitaron salir de su ponencia. En mayo de 2022, la magistrada fue acusada de haber utilizado su influencia y su cercanía con el consejero jurídico de Sheinbaum, Néstor Vargas, para mantener en prisión a un profesor del Colegio Williams, a quien su hija había acusado de abuso.
Además, en octubre, Hernández protagonizó otra polémica cuando, en una audiencia pública, después de ser corregida por una de sus compañeras, dijo: “Sí, entiendo perfectamente que está vigente, no tengo autismo”. Ante la recriminación de otro magistrado por usar esa expresión, la funcionaria volvió a decir: “A ver magistrado, perdón, a lo mejor no es esa palabra, pero sí me trata la magistrada como si tuviera una especie de atraso mental, se me vino a la mente el autismo, a lo mejor no debí haber dicho eso”. La explicación desencadenó una discusión en la sesión virtual y nuevos reproches de sus compañeros. La organización Iluminemos el Autismo solicitó, tras este caso, que se dieran charlas de sensibilización dentro del Tribunal. “Su privilegio debería ser usado para erradicar el estigma y la discriminación, ya que proteger y procurar justicia es su obligación”, escribieron a Hernández en un comunicado.
El año pasado estuvo dentro del grupo denominado como “juzgadores del pueblo”, que encabezaba Lenia Batres, y fue una de las 30 firmantes que respaldó al Tribunal Electoral cuando este obligó al Comité del Poder Judicial a seguir con la selección de candidatos para la polémica elección judicial. En esa decisión, el Tribunal Electoral dio luz verde al INE para que continuara con la organización de los comicios del 1 de junio, aunque eso dejara en el aire el centenar de órdenes judiciales que habían resuelto contra su celebración. Esa orden la celebró Sheinbaum, Batres y también Xóchitl Almendra Hernández. La jurista tomará posesión en el Órgano de Administración Judicial el 9 de febrero.