Las últimas detenciones del ‘caso Ayotzinapa’ apuntan de nuevo a la tesis de las funerarias

Misterio entre misterios, la investigación del caso Ayotzinapa se ha convertido con el paso de los años en un cúmulo de posibilidades difíciles de probar, cada una sustentada en declaraciones, mensajes interceptados y pruebas recogidas en campo. Muchas veces, unas tesis chocan frontalmente con otras aunque, en ocasiones, las explicaciones se complementan. Todas comparten, sin embargo, un carácter fantasmal, el hecho de que, 11 años después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en un ataque coordinado entre criminales y autoridades, resulta casi imposible saber qué fue de ellos. La tesis de las funerarias, revivida a la luz de las últimas detenciones, empuja la investigación, estancada desde hace años.

Ajeno ya a la primera línea mediática, las novedades del caso se comunican ahora casi de pasada, por un feliz recuerdo del Gobierno. Así, la presidenta, Claudia Sheinbaum, reveló hace unos días, tras una reunión con las familias de los muchachos, que recientemente se había detenido a 10 personas relacionadas con el ataque. Sheinbaum también dijo que su gabinete trabaja en la reincorporación de dos integrantes de uno de los equipos de investigación del caso en estos años, patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI. Sobre esto último, EL PAÍS ha consultado a estos dos integrantes del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, y ninguno ha recibido llamada alguna del Gobierno de Sheinbaum.

El caso de las detenciones resulta, sin embargo, interesante, ya que apunta a una de las aristas menos conocidas de las pesquisas. Entre los 10 nuevos detenidos, además de dos policías municipales, cuya captura se pedía desde 2022, figuran Rodolfo Rueda Mazón y su hijo, Rodolfo Rueda, los dueños de dos funerarias de Iguala, lugar del ataque contra los muchachos. Además, está Irving Arroyo, un supuesto extrabajador de estos crematorios. Según personas presentes en la reunión con Sheinbaum, el equipo de la Secretaría de Seguridad, incorporado a las pesquisas, ha revisado las comunicaciones de integrantes de Guerreros Unidos, grupo criminal que perpetró el ataque, y ha encontrado intercambios entre los Rueda y al menos tres de sus integrantes, El Gaby, El Chucky y una tercera persona de la que no desvelaron su identidad.

Estas detenciones, realizadas entre principios de octubre y finales de noviembre, llegaron acompañadas del aseguramiento de las casas mortuorias en cuestión, Funerarias El Ángel y Funerales Económicos Rueda. No es la primera vez que esos nombres aparecen en las pesquisas. La posibilidad de que Guerreros Unidos hubiera llevado los cadáveres de los muchachos a hornos crematorios en Iguala lleva años dando vueltas. Ya en 2015, la reportera Marcela Turati trató de indagar en el asunto, preguntando a las dos más grandes de Iguala, Funerarias Gutiérrez y Funerarias El Ángel. En ambos casos, las personas que le atendieron negaron que sus crematorios se hubieran usado para desaparecer los cuerpos de los muchachos, de los que, en estos años, solo han aparecido trocitos de hueso de tres de ellos, en parajes alejados del centro de Iguala.

Aislada de los escenarios más polémicos del caso, como el basurero de Cocula, pueblo vecino de Iguala, donde el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) dijo que Guerreros Unidos había quemado los cuerpos de los muchachos, la tesis de los crematorios siempre ha figurado en el margen, presente, pero nunca tomada demasiado en serio. A lo largo de los años, los investigadores de los Gobiernos de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) han realizado diligencias para confirmar o descartar la teoría. En mayo de 2015, por ejemplo, la vieja Procuraduría General de la República (PGR) pidió al Gobierno de Guerrero, donde está Iguala, el registro de funerarias del municipio. En la respuesta, el Gobierno local aseguraba que solo El Ángel, que además compartía instalaciones con el servicio médico forense local, y Gutiérrez, tenían horno crematorio.

En julio de ese año, la PGR pidió información a una empresa de gas de Iguala, Lama Gas, sobre los pedidos de las funerarias del municipio para las semanas previas y posteriores al ataque, perpetrado entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. La respuesta de la compañía fue que le había vendido 280 litros a El Ángel, el 15 de septiembre, cantidad, al parecer, normal. Más adelante, preguntaron a Soni Gas, la otra gasera importante, que respondió que solo surtían a Gutiérrez, y que los consumos en la fecha de los hechos eran normales. Las sospechas sobre El Ángel crecieron modestamente con los años, sin concretarse en nada. Entre 2016 y 2021, primero la PGR y luego la Fiscalía, ya con López Obrador, acudieron al lugar. Más allá de constatar que El Ángel se surtía también con una tercera compañía, Global Gas, los trabajos de cremación contratados en la época parecían normales.

Partiendo de la lógica de que los consumos y las ventas de gas se pueden falsear, las sospechas sobre las funerarias siempre han estado fundamentadas. En diciembre de 2015, apareció una manta en Iguala, un cartel, que señalaba a los Rueda, entre otros. “Si quieren saber la realidad de los estudiantes, agarren a Nicolás Nájera Salgado (a) EL MAY, (...) así como los de funerales Rueda, ellos fueron lo que quemaron a los 43 normalistas”, decía el texto. En aquellos años, el GIEI exigió que se agotara la línea de investigación de las funerarias, petición que nunca tuvo demasiado éxito. Con el paso del tiempo, las declaraciones de testigos protegidos, acercados a la Fiscalía en años de López Obrador, revivieron esta tesis. Las más importantes son las de Neto y Juan, integrantes de Guerreros Unidos de diferente nivel, que señalaban que al menos una parte de los cuerpos de los muchachos se habían quemado en crematorios de funerarias.

El caso del testigo protegido Neto es interesante. Él no participó en el ataque, según contó a los investigadores, sino en la fase siguiente, cuando Guerreros Unidos se deshizo supuestamente de los cuerpos de los 43. El testigo explicaba que llegó con otro integrante del grupo, Patricio Reyes, asesinado hace unos meses, a una bodega en Iguala. Allí cargaron bultos envueltos en bolsas negras, que en realidad eran cuerpos desmembrados. Llevaron los bultos a una funeraria con crematorio, hasta entonces fuera del radar de las autoridades, Funerarias Urióstegui, que, según el Gobierno de Guerrero, no contaba con crematorio y solo manejaba un servicio de “venta de ataúdes”. Como no cabían todos los bultos, llevaron el resto a otro crematorio, que él llamó el “horno verde”. En su declaración no lo dice, pero en una visita a Iguala en 2021, con los investigadores, Neto señaló que ese segundo lugar era el servicio médico forense, que compartía espacio con El Ángel. Esta semana, periodistas de Guerrero han señalado que la secretaría de Salud de Guerrero, en manos en la época de un familiar de los Rueda Mazón, subrogó el servicio forense a sus familiares en Iguala, de ahí su ubicación.

El testimonio de Juan, uno de los cabecillas de Guerreros Unidos en la zona en la época, detenido en los primeros años, liberado luego por ser víctima de tortura, acercado a la Fiscalía como testigo con López Obrador, y detenido de nuevo más tarde, es igualmente interesante. Él declara que Nájera Salgado, el que apareció en la manta en diciembre de 2015 y otros, entre ellos El Chucky, uno de los que mencionó Sheinbaum la semana pasada, ya fallecido, llevaron restos de los muchachos al crematorio de la funeraria El Ángel, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Y dice: “Desde la llegada del Minicuper a Iguala [se refiere a Armando Vega, uno de los líderes antiguos del grupo, fallecido antes del ataque] ya era una práctica común la de llevar a los crematorios a los muertos. El crematorio se llama El Ángel (...) Quiero recalcar que ese crematorio se apoyaba en otros crematorios y ahí hacer desaparecer gente sin dejar rastro”.

Los indicios apuntan claramente a El Ángel. Las declaraciones de dos testigos, además de la manta de 2015 —que menciona a funerales Rueda, de la misma familia—, junto a las comunicaciones de padre e hijo, la noche de los hechos, con integrantes de Guerreros Unidos, señalan la ruta. De los tres criminales que hablaron con los Rueda, dos están muertos, El Chucky y El Gaby. No se sabe quién es el tercero. En caso de ser Nájera Salgado, el presunto criminal lleva nueve años en la cárcel. Hasta el momento, los investigadores no han logrado que hable.