La encargada de la embajada de México en Perú abandona el país en medio de la ruptura diplomática entre ambas naciones

Karla Ornelas, la encargada de la embajada de México en Perú, abandonó el país el sábado por la noche, una semana después de que el Gobierno de José Jerí la expulsara con un “plazo perentorio”. Algunos periodistas apostados en la residencia, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, alertaron la salida de una camioneta hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Por algunas horas corrió el rumor de que en el vehículo iba Betssy Chávez, la exprimera ministra de Pedro Castillo, acusada de rebelión y conspiración, cuyo asilo detonó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México.

Migraciones acabó al borde de la medianoche con las especulaciones que corrían como reguero de pólvora en las redes sociales. “En la fecha y según lo dispuesto por el Gobierno del Perú, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, aseguró el organismo de Interior en un escueto comunicado.

No es la primera vez que el Perú expulsa a un diplomático mexicano de alto rango. En diciembre de 2022, removió al embajador Pablo Monroy en represalia por haber sido determinante para que México asilara a la esposa y a los hijos del expresidente Pedro Castillo tras su fallido intento por quebrar el orden constitucional. Ahora, el choque se repite con Karla Ornelas, quien dio su visto bueno para que Chávez, una de las presuntas coautoras del autogolpe, se refugiara en la embajada.

El Gobierno mexicano ha determinado que Chávez es una perseguida política, al igual que Pedro Castillo. Una percepción que ha sido cuestionada por la clase política peruana. Hace unos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde dejó en suspenso la entrega del salvoconducto que necesita Chávez para viajar a México. El Gobierno de José Jerí —que este lunes cumplirá un mes en el cargo— se resiste bajo el argumento de que el derecho al asilo diplomático se ha desnaturalizado al otorgarse a quienes no son perseguidos.

Algunos internacionalistas sostienen que el Perú debe cumplir con sus compromisos internacionales y no poner más piedras en este lío que ha roto las relaciones entre dos países que en doscientos años de historia casi no habían tenido impasses. Se trata de un conflicto que ha escalado desde hace tres años. Lo cierto es que, según una encuesta de Ipsos para el diario Perú 21, un gran sector de la población considera que Betssy Chávez debe quedarse en el Perú para afrontar su juicio. El 79% está de acuerdo con ello. Un porcentaje que disminuye al 75% en las regiones y crece hasta el 84% en Lima, la capital.

La situación de Betssy Chávez ha entrado en una nebulosa. Permanece en la embajada de México, pero sin la presencia de su máximo representante. Si pone un pie fuera de la residencia será arrestada. El Ejecutivo, en tanto, ha señalado que pedirá a la OEA que reforme la Convención de Caracas, porque se “ha producido una evolución negativa en su práctica internacional”. Conversará con los países miembro para elevar una propuesta. Un proceso sin ningún plazo a la vista que solo alargará la decisión sobre la exprimera ministra.

Hace unos días, el Ministerio Público solicitó que se revoque la comparecencia que se le otorgó a Betssy Chávez y se le dé una nueva prisión preventiva por “incumplir con todas las restricciones impuestas”. Como se recuerda, la abogada estuvo encarcelada desde mediados de 2023 hasta septiembre, cuando recuperó su libertad gracias a un fallo del Tribunal Constitucional. Una nueva decisión se conocerá este 13 de noviembre.