Los Jensen, la familia de Estados Unidos que traficó 2.900 cargamentos de petróleo crudo desde México a Texas

A lo largo de tres años, una familia de Estados Unidos —los Jensen— introdujo desde México 2.881 cargamentos de petróleo crudo de manera ilícita, haciéndolo pasar por otro tipo de sustancias para eludir los impuestos correspondientes en la aduana fronteriza. Para sostener su empresa ilegal, que les dejó una ganancia de 300 millones de dólares, los Jensen recibían ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que pagaban una contraprestación. En México, lo que hicieron los Jensen recibe el nombre de huachicol fiscal. La peculiaridad de este caso es que no se trata del tipo de traficantes que estos días han acaparado los titulares en el país latinoamericano, donde el Gobierno ha desmontado una enorme de red de huachicoleros que operaba desde la Marina en los puertos y aduanas fronterizas. El tráfico de combustible suele seguir la ruta de norte a sur, de las refinerías de Estados Unidos —especialmente de Texas— a México. Inesperadamente, los Jensen invirtieron la ecuación y ganaron una fortuna en pocos años. La buena suerte se les terminó en mayo, cuando las autoridades estadounidenses desarticularon la red familiar de contrabando.

El clan, originario del Estado de Utah, está formado por James Lael Jensen, el patriarca, de 68 años, considerado en Estados Unidos un magnate petrolero; su esposa, Kelly Anne, y sus dos hijos, Maxwell Sterling, alias Max, y Zachary Golden. Todos son acusados por la Fiscalía estadounidense de conspiración para blanquear dinero y contrabandear bienes mediante declaraciones falsas. Documentos judiciales del caso señalan que la operación consistía en introducir por las aduanas petróleo crudo declarándolo como lubricantes y destilados, lo que viola la Ley Arancelaria de EE UU. El petróleo luego era transportado a los contenedores de la compañía familiar, Arroyo Terminals LLC, situada en Rio Hondo, Texas. Si bien los documentos no explican por qué puntos se introducía el hidrocarburo, en el expediente se inventarían varios barcos petroleros y carros tanque asegurados a la empresa, por lo que es factible que el tráfico se llevara a cabo por mar y tierra a través de las aduanas y puertos de Tamaulipas, colindante con Texas.

El valor del petróleo traficado por los Jensen entre mayo de 2022 y abril de este año —cuando el FBI desmanteló el negocio ilegal— es de 300 millones de dólares. El crudo presuntamente era robado por el CJNG a Pemex, la paraestatal mexicana, mediante la ordeña de ductos o terminales petrolíferas. Para cuando la Fiscalía de EE UU lanzó la acusación contra los Jensen, el CJNG ya había sido designado por el presidente Donald Trump como una organización terrorista transnacional, un agravante más para la familia. En mayo, la DEA publicó un informe en el que llamaba la atención sobre las pérdidas millonarias de Pemex a causa del robo de combustible por parte del crimen organizado. El mismo mes, el Departamento del Tesoro sancionó a tres narcos y dos empresas del CJNG vinculadas, precisamente, al huachicol.

Los documentos judiciales aseguran que James y Kelly Anne Jensen tienen “fuertes lazos” en México. “James Jensen tiene relaciones de negocios con personas que él sabe que trabajan con organizaciones criminales en México. Cualquier empresa que provee petróleo fuera de las regulaciones del Gobierno mexicano solo puede obtener el crudo a través de los carteles”, dice la acusación de la Fiscalía. El expediente agrega que los proveedores de los Jensen están localizados en México, y que al menos 47 millones de dólares fueron transferidos desde sus cuentas empresariales en EE UU hacia compañías mexicanas. La Fiscalía considera al clan Jensen como “patrocinador” del CJNG, por lo que otra arista de la acusación en su contra es el financiamiento al terrorismo. “Combatir a los carteles de la droga no solo exige centrarse en los traficantes y los sicarios directamente empleados por ellos, sino también en sus cómplices y patrocinadores”, ha señalado la dependencia.

La justicia estadounidense busca confiscar propiedades a los Jensen por el monto de lo que ganaron mediante el huachicol fiscal. La descripción de los objetivos deja ver una porción de su imperio. En principio, el Gobierno de Donald Trump reclama todos los recursos depositados en las cuentas bancarias de Arroyo Terminals y de otra compañía, Big Hog Energy LLC; cuatro barcos de transporte de petróleo; tres camiones registrados a nombre de otra firma, Jentran LLC; un auto deportivo, una camioneta pickup de lujo y una van. También reclama el predio y los almacenes de petróleo de la sede de Arroyo Terminals, así como una mansión en Utah valuada en 9,1 millones de dólares. Los Jensen tienen propiedades también en el paraíso fiscal de las Bahamas, pero están fuera de la jurisdicción de EE UU.

James Jensen y su esposa fueron capturados en abril en su mansión de Utah, mientras que sus hijos Max y Zachary, que trabajaban formalmente para Arroyo Terminals, fueron arrestados en Texas. Si son hallados culpables, podrían enfrentar una sentencia de 20 años de prisión y el pago conjunto de dos millones de dólares de multas. El de los Jensen es ahora el caso más emblemático de cómo un mismo fenómeno criminal tiene en ambos vecinos, México y Estados Unidos, a su contraparte corresponsable. Aunque, en el caso del huachicol, el país latinoamericano resulta el más dañado, ya sea por los millones de barriles de combustible que empresas estadounidenses introducen en la frontera sin pagar impuestos, ya por el petróleo robado a Pemex que se envía al norte. Al problema compartido de la migración, las drogas y las armas, se suma ahora el del huachicol.