¿Qué dice la reforma judicial y qué sigue tras su aprobación en el Senado?

La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido aprobada por el Senado a menos de de tres semanas de que concluya su mandato. Después de avanzar en la Cámara de Diputados —en donde la mayoría calificada de Morena y sus aliados ratificaron la enmienda sin mayores contratiempos— el proyecto de ley enfrentó las mayores resistencias en la Cámara alta, donde el oficialismo requería de un solo voto para alcanzar mayoría.

Las tensiones para aprobar la reforma, que plantea la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de la Suprema Corte, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina, escalaron durante la sesión en el Senado entre las voces opositoras que aseguraban que sus compañeros han sido objeto de amenazas, chantajes y hasta detenciones desde el oficialismo, parte de una campaña de presión para conseguir el voto decisivo para aprobar la propuesta.

Durante la sesión, manifestantes irrumpieron en el pleno legislativo para protestar contra la enmienda, por lo que la discusión se suspendió momentáneamente y se cambió de sede a la antigua cámara del Senado, la Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la capital. Minutos después de la medianoche, el voto de Miguel Ángel Yunes, el controvertido senador del PAN acusado de corrupción y enfrentado durante años con López Obrador, aportó el voto faltante al oficialismo para aprobar la reforma judicial.

Las claves de la reforma judicial

El punto más polémico del proyecto de ley radica en la elección popular de más de 1.600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases: mientras en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto de reforma también pretende reducir a nueve los ministros que integran la Suprema Corte, hoy compuesta por 11 integrantes. La presidencia, afirma el documento, será renovada cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura. Además, los ministros electos permanecerán en su cargo ocho, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor. Los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Además, la reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente.

En lo que respecta a los jueces y magistrados, la reforma plantea un periodo de nueve años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva. Los requisitos para aspirar a estos cargos judiciales incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, tener experiencia de al menos cinco años en la actividad jurídica, además de entregar ensayos y cinco cartas de referencia entre vecinos y colegas, que respalden su idoneidad para el cargo.

¿Qué ocurre con la mayoría calificada del bloque oficialista?

El Consejo General del INE, inmerso en una discusión sobre la forma en que se reparten los espacios plurinominales a partir de la interpretación de la Constitución, aprobó a finales de agosto que Morena y sus aliados (el PT y el PVEM) ostenten el 73% de curules en la Cámara de Diputados (364 legisladores) para la legislatura que arrancó funciones el 1 de septiembre de 2024. Tras el visto bueno del Tribunal Electoral y la confirmación del reparto del Congreso, la reforma judicial fue aprobada sin mayores apuros el pasado 3 de septiembre en San Lázaro. Después de superar su aprobación en la cámara de origen, el proyecto de ley fue ratificado en el Senado la madrugada del 11 de septiembre, gracias al voto del opositor Miguel Ángel Yunes Márquez.

Una vez aprobada en ambas cámaras, el último paso para la enmienda constitucional es su ratificación en al menos 17 Congresos estatales, una labor de trámite para Morena, que gobierna en 24 entidades del país tras el proceso electoral del pasado 2 de junio.

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