Sheinbaum nombra a Alejandro Svarch como director del IMSS-Bienestar
El funcionario, que dirigía Cofepris desde 2021, estará al frente de la opción pública para los que no pueden acceder a otro tipo de atención sanitaria
Claudia Sheinbaum sigue con los anuncios de su nuevo gabinete. Este martes, la presidenta electa ha informado que Alejandro Svarch será el nuevo director general del IMSS-Bienestar, la opción pública para los mexicanos que no tienen acceso a otro tipo de atención sanitaria. El funcionario dirigía la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde 2021. “Trabajaré a partir de hoy para que nunca más vivamos en un país donde quien no puede pagar quede sin atención médica”, ha dicho el nuevo titular. El IMSS seguirá a cargo de Zoe Robledo.
Svarch, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), trabajó en la Secretaría de Salud federal, primero como director General de Relaciones Internacionales, y después como coordinador Médico Nacional, antes de ir a Cofepris. Sheinbaum ha destacado la labor del funcionario al cargo de este organismo: “Ha impulsado de manera frontal una batalla contra la corrupción, generando la reestructuración de la agencia y la digitalización de los procesos de registro”.
Tras su nombramiento, Svarch ha agradecido la confianza de la presidenta electa y se ha referido a su nueva labor: “El IMSS-Bienestar representa una nueva visión del sector salud, donde la atención sanitaria es un derecho y no una mercancía. Cada hospital, cada unidad, cada consultorio de esta institución es un lugar donde todas y todos somos bienvenidos”.
El sistema de salud mexicano está fragmentado, según la situación laboral de cada persona. Para quienes trabajan en el sector público federal, el principal proveedor es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, el ISSSTE. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda cobertura a empleados del sector privado. El IMSS-Bienestar es una apuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de haber cerrado el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en 2023 y antes, el Seguro Popular en 2020.
Estos cambios han provocado que millones de mexicanos se queden sin cobertura. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, del Inegim, registraba que en 2023 un 62,1% de la población estaba afiliada en alguna institución de salud, una caída respecto al 82,5% de 2018. Esas cifras van en línea con los datos previamente publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): en 2022, 50,4 millones de mexicanos reportaron carencia en sanidad, un incremento del 150% respecto a los 20,1 millones de 2018.
En México, el acceso a la salud sigue siendo un privilegio. El país tiene apenas 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de los 3,7 que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La protección de la salud con acceso y cobertura universal ha sido una aspiración por mucho tiempo en México, una meta que este Gobierno puso sobre la mesa apenas llegar en 2018.
Seis años más tarde y con una pandemia de covid-19 inédita, el acceso de servicios de sanidad no solo no avanzó, sino que retrocedió para casi 30 millones de personas, según las cifras oficiales. La promesa de un sistema de salud igual al de Dinamarca ha quedado en retórica en el último tramo del Gobierno de López Obrador y, por el contrario, siguen sin subsanarse algunos de los problemas más latentes en esta materia desde hace dos décadas: déficit de personal, hospitales sin camas o equipos, citas de especialidad con filas de espera de meses y carencia de medicamentos que deben cubrir los propios enfermos.
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