Entre Michoacán y Colima: elecciones en la frontera bajo la violenta sombra del cártel

Un muchachito de nombre Óscar Alejandro Ortega dirige el colectivo de familiares de personas desaparecidas de Tecomán, en Colima. Tiene 16 años. A la edad en que otros andan mirando el cielo, felices, atolondrados, él pelea por meterse en la tierra, encontrar a su tía, desaparecida desde hace un año. “No me dejan buscar”, protesta, “porque soy menor”. Y explica que la Fiscalía le impide ingresar en los predios cercanos a Tecomán, donde funcionarios y familiares, estos sí, mayores de edad, buscan los cuerpos de sus seres queridos en fosas clandestinas. La excusa es protegerle del horror —un hor...

Un muchachito de nombre Óscar Alejandro Ortega dirige el colectivo de familiares de personas desaparecidas de Tecomán, en Colima. Tiene 16 años. A la edad en que otros andan mirando el cielo, felices, atolondrados, él pelea por meterse en la tierra, encontrar a su tía, desaparecida desde hace un año. “No me dejan buscar”, protesta, “porque soy menor”. Y explica que la Fiscalía le impide ingresar en los predios cercanos a Tecomán, donde funcionarios y familiares, estos sí, mayores de edad, buscan los cuerpos de sus seres queridos en fosas clandestinas. La excusa es protegerle del horror —un horror que, por otro lado, sufre cada día que su tía, con la que vivía, no está en casa.

Le escucha con atención Mely Romero, candidata a senadora por la coalición conservadora PRI-PAN-PRD. Cuando Ortega termina, no sin que antes compañeras de todo el Estado le secunden, la candidata no sabe muy bien qué decir. En la hora que ha pasado desde que inició la reunión, los reclamos de mamás, hermanas y abuelas han circulado por canales conocidos, el maltrato de las fiscalías, la negativa a investigar sus casos, la revictimización constante, si su hija se fue con el novio, si su hijo se drogaba… “Yo voy a alzar la voz por ustedes”, ha dicho ahí la candidata. Pero el jovencito Ortega la deja sin palabras.

La tarde es soleada en la ciudad, agradable. La gente que pasea por el jardín central mira las lonas que han colocado las familias de los desaparecidos en el kiosco, fotos de cientos de caras de gente que no está en casa, el reverso angustioso de la eufórica propaganda electoral que aquí, como en todo el país, inunda las calles. Otra tía del muchacho Ortega se acerca. Tiene también un hijo desaparecido, este desde octubre de 2022. “Yo cuando vienen les pregunto qué es para ellos el tema de los desaparecidos”, dice, en referencia a los políticos. “Porque ahora es que te entregan el cuerpo y dicen que ya se acabó, pero no, no, yo quiero saber qué pasó”, dice.

Es tiempo de promesas electorales. La candidata Romero dice que “no se vale que se la pasen ignorándolos”, señalando a las fiscalías, la estatal y la federal. Promete ayuda si sale elegida, apoyo en forma de presión en sus casos, nada concreto. Pero ella es la única que las ha ido a ver, dicen mamás, hermanas y abuelas. Al rato aparecen por allí más candidatos de la coalición, a diputada local y federal, a presidente municipal. Hablan y ellas escuchan. Luego cambian. A lo lejos circula una caravana de vehículos del partido evangélico Encuentro Solidario. Minutos más tarde, la caravana irrumpe en la calle que rodea el jardín, lanzando paletas de caramelo, la música a todo volumen. Todas callan un momento.

Sirva o no para algo, la reunión de Romero con docena y media de familiares de personas desaparecidas ilumina una realidad regional que trasciende los límites de Tecomán. Afecta también a poblaciones y comunidades cercanas de Michoacán, a tiro de piedra de la ciudad, Coahuayana, sin ir más lejos, pero también a los municipios de Aquila y Ostula. Todos integran un corredor de apenas 80 kilómetros, en que se vertebran cantidad de fuerzas, economías pujantes, como la del plátano y sobre todo la minería, poderosas organizaciones criminales, grupos autodefensas con más de 10 años de antigüedad… En un lado y en otro, miles de vecinos eligen el 2 de junio presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, entre otros cargos.

Las fuerzas en juego funcionan a veces como una trituradora. Candelaria Huerta, que busca a su hijo, desaparecido en 2018, cuenta que la industria del plátano, que emplea a miles de trabajadores entre Tecomán y Coahuayana, se ha convertido en una trampa mortal. Las mujeres suelen encargarse del lavado y secado de la fruta, antes de meterla en cajas. Ella, cuenta, iba a tomar un trabajo en una planta envasadora cuando le dijeron que el crimen obliga ahora a los empleados a vender metanfetamina. O a consumirla. De una forma o de otra, las cuadrillas de trabajadores deben pagar el producto que se les entrega. De lo contrario, el castigo puede ser la desaparición, o la muerte.

Es una historia escuchada varias veces estos días en la región, asociada indistintamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que funciona de constante en la ecuación de los problemas regionales, situación similar a las que se registran en otras regiones de México, caso de Zacatecas, Guanajuato o Chiapas. En Tecomán, y Colima en general, aparece asociado a decenas de asesinatos y desapariciones, también a la extorsión. Con una población de 740.000 personas, el Estado registra la mayor tasa de asesinatos del país por cada 100.000 habitantes, arriba de 110.

Arreglados

Del lado michoacano de la frontera, el CJNG figura en el imaginario de los vecinos como un monstruo al acecho. Al menos así funciona en Coahuayana, donde, a principios de abril, vecinos bloquearon el puente que salva el río y comunica con Tecomán, después de que un contingente enemigo tratará de emboscar a un convoy de autodefensas río arriba, camino de la sierra. Evangelina Contreras es una de las vecinas que acudió al bloqueo. “Llegaron más de 100 criminales a comunidades como El Órgano y El Churumo, donde quemaron casas. Les quitaron los teléfonos a los vecinos porque empezaron a subir lo que estaba pasando a redes sociales”, explica.

El bloqueo del puente era una medida de presión, explica la mujer, que dirige una organización que apoya a personas desplazadas que han llegado a Coahuayana estos años, empujadas por el crimen, desde otros puntos de Michoacán y Colima. Se trataba de hacer presión, cuenta, para que las autoridades intervinieran. “Antes ya habían puesto minas, a finales de diciembre, en una brecha hacia El Churumo. Pero ahorita ya fue como tomar de asalto el municipio”, explica. La mujer añade que el motivo de estos ataques “tiene que ver con la industria platanera” local y “las minas de hierro de Aquila”, de las más importantes de la región.

En un rancho de Coahuayana, Pedro Sandoval muestra cómo funciona una huerta mediana de plataneras. Miles de plantas rodean al hombre, que preside la asociación de productores locales, más de 300. Los números son abrumadores. Los plataneros de Coahuayana cultivan 7.000 hectáreas. Cada hectárea produce unas 60 toneladas de fruta al año. En un rancho como este, de unas 60 hectáreas, las cuadrillas de trabajadores tratan de llenar cada pocos días un tráiler, que tiene capacidad para 1.300 cajas. En cada caja caben unos 20 kilos de plátanos, lo que da casi 25 toneladas por remolque. El kilo de plátano se paga aquí a seis pesos o seis pesos y medio…

“Esta industria mueve muchísimo dinero”, dice Sandoval, un hombre cauto, que no dice más de lo necesario. “Cada semana, solo en pagos a trabajadores, fumigación y mantenimiento de los campos se mueven siete millones de pesos”, cuenta. Camina Sandoval hacia el área de cosecha de hoy, donde jóvenes fornidos corretean con pencas de plátanos de 50 kilos hasta una especie de tirolesa frutal, que lleva la cosecha a la planta envasadora. El hombre asegura que más o menos la mitad de la producción anual en Coahuayana, que asciende a unas 350.000 toneladas, se va para Estados Unidos. El resto se queda en México. En cualquier caso, explica, los tráileres deben salir por Tecomán.

Ese traslado parece conflictivo, dada la presión del CJNG, que ha convertido el puente con Tecomán en una de tantas fronteras irregulares que funcionan en México. Sandoval, que pide que no se hable demasiado de “eso” en el reportaje, explica que no tienen problema para sacar los tráileres por Colima. “Por decir, estamos arreglados”, explica. ¿Cómo? Él contesta que a través de los “dirigentes de Tecomán”, que son amigos “de los de allá”. El hombre asegura que no tienen que pagar un peso por ello, pero tampoco aclara en qué consiste entonces el acuerdo. Sí dice que desde hace 10 años, cuando se alzaron las autodefensas en Coahuayana, no han tenido problemas de seguridad en las plantaciones. Nada de narcotraficantes forzando a las cuadrillas a comprar metanfetamina bajo amenazas.

Peso por kilo

“¿Cómo no les van a pagar? ¡Claro que les pagan!”, dice el comandante Héctor Zepeda, líder de las autodefensas de Coahuayana. “Un peso por cada kilo de plátano que sale de aquí, eso pagan, me consta”, dice. “Yo les he dicho que vayan al Gobierno para que haga su trabajo, porque ellos”, dice, en referencia al CJNG, “controlan los camiones que pasan por allí”, añade. No tiene pelos en la lengua, Zepeda, conocido en la región como comandante Teto, un vendedor de autopartes que en 2014 se levantó en armas contra los Caballeros Templarios, el grupo criminal que asolaba entonces la región.

Los años han pasado y a Zepeda se le ve cansado. “Estoy cansado”, dice, “pero más decepcionado con el Gobierno”. Lo suyo, más que monólogo, es tormenta, borrasca. “¡El Gobierno nos sigue mirando con desconfianza!”, exclama, en referencia al Ejecutivo federal y sus fuerzas sobre el terreno, el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional, que tienen bases y puestos de control en la zona. “No estamos en contra de ellos, estamos en contra de que apoyen a los otros”, añade, apuntando al CJNG. “Si buscamos culpables de lo que pasa, es el Gobierno”.

Una década han aguantado Zepeda y sus hombres en Coahuayana, una rareza ya, dada la muerte, el asesinato o la huida hacia adelante de otros comandantes de las autodefensas en Michoacán, caso de José Manuel Mireles, Hipólito Mora o Juan José Farías. El primero murió de covid en 2020, el segundo cayó a balazos el año pasado y el tercero vive recluido en Tepalcatepec, convertido en un enigma: no se sabe qué defiende o a quién. “Es una lástima lo que permite el Gobierno”, sigue Zepeda, “luego nos argumentan que si hemos hecho un pacto con no sé qué cabrones, que si Cárteles Unidos”, dice, refiriéndose a un ensamble de grupos armados locales, que luchaba hace unos años contra el CJNG. “Pero a nosotros siempre nos han apoyado los mismos, la asociación de productores de plátano”, zanja.

No muy lejos del cuartel de Zepeda vive Tony Valdovinos, uno de los siete candidatos a la presidencia municipal de Coahuayana. Priista de toda la vida, renunció al partido hace unos meses y aceptó la candidatura de Más Michoacán, una formación nueva. El candidato refrenda los dichos de Zepeda. Los plataneros, dice, son el apoyo financiero de las autodefensas y el Gobierno, añade, debe implicarse en el combate al CJNG. Y dice: “Aquí en Coahuayana todo es importante, pero lo más importante es la seguridad. Porque si no hay seguridad, todo se derrumba”.

Valdovinos, de 56 años, presume de ser un luchador social con amplia trayectoria, además del primer regidor gay del municipio, allá por la década de 1980. Hubo una vez en aquella época, cuenta, en que incluso se armó una protesta en su contra, junto a la presidencia municipal, por su orientación sexual. Pero han pasado 40 años, las cosas han cambiado y asume que sus posibilidades de ganar y desbancar al candidato de Morena y presidente saliente, Gil Ruiz, son altas. “Al final aquí necesitas 1.700 votos para ganar y estoy seguro de que la gente de Policía Comunitaria está conmigo. Eso solo mueve 700 votos”, dice. Y zanja: “Son una fuerza política”.

El pueblo de las minas

Media hora separa Coahuayana de Aquila. La carretera que los une, además de dibujar un hermoso meandro sobre los acantilados, parece diseñada expresamente para el carrusel de camiones que salen de la mina Las Encinas, una antigua explotación de hierro que ha definido la vida comunitaria en Aquila desde hace más de 40 años. Michoacán es el principal productor de hierro del país, con casi un tercio de las más de nueve millones de toneladas anuales que las empresas mineras extraen del subsuelo, según la Secretaría de Economía. Aquila, un municipio de apenas 25.000 habitantes, tiene la segunda mina de hierro más importante de Michoacán.

En Aquila, como en Coahuayana, hay una comandancia de policía municipal, y otra de policía comunitaria o grupo autodefensa. Ambas corporaciones coexisten, parte de las rarezas regionales. La comunitaria de Aquila funciona en una casa a medio hacer en la salida del pueblo, rumbo a la mina. En el patio, un agente tumbado en una hamaca dice que el jefe, “el mero mero”, el controvertido Germán Ramírez, conocido también como comandante Toro, no está. “Anda en su casa, en la playa”, cuenta.

Ramírez es un personaje controvertido, acusado de colaborar con el crimen organizado. Según explica el agente de la hamaca, la policía comunitaria de Aquila y la de Ostula, una de las comunidades del municipio, golpeada continuamente por el crimen, trabajan juntas, en contra del CJNG, algo que tienen en común con sus colegas de Coahuayana. Preguntado por la situación en la sierra, dice que ahora están tranquilos, porque el Ejército mantiene un puesto de control por allí. “Es por las elecciones”, asegura.

Tranquilo es un adjetivo un tanto peculiar para describir el estado de las cosas en la región. Hace una semana, un comunero de Ostula, Antonio Regis, murió asesinado entre Aquila y Ostula, cuando volvía a casa con su mujer y su hijo, de dos años. Su comunidad, un ejemplo de organización en la región, denunció al CJNG y dijo que desde hace meses, el grupo criminal controla las rutas entre Ostula y la cabecera. En un comunicado señalaron que a Regis lo mataron por ser de Ostula.

El de Regis es el último caso de una larga lista de ataques contra la población local. El caso más emblemático de los últimos años es el del comunero de Aquila, Antonio Díaz, desaparecido junto al abogado de la comunidad, Ricardo Lagunes, en enero del año pasado, en pleno conflicto por la elección de las autoridades del comisariado de bienes comunales. En Aquila, el comisariado es el órgano encargado, entre otras cosas, de distribuir parte del dinero que la empresa que explota la mina, la argentina Ternium, entrega a la comunidad.

Aunque el caso sigue investigándose, la Fiscalía federal apunta al CJNG de la desaparición, por presunto encargo de rivales de Díaz en Aquila, señalados a su vez de delitos en el pasado. Desaparecidos el 15 de enero de 2023, las autoridades encontraron la camioneta en que viajaban ambos en la carretera que comunica Coahuayana con Tecomán, del lado de Colima. Sus cuerpos no han aparecido.

En el tramo carretero en que las autoridades encontraron la camioneta tras el ataque, a la altura de una comunidad que se llama Cerro de Ortega, había estos días cantidad de propaganda electoral, sonrisas eufóricas sobre fondo blanco, azul, amarillo, guinda… Camiones llenos hasta los topes de hierro y plátanos, camionetas con cuadrillas de trabajadores de las huertas, circulaban a toda velocidad por el pueblo. Era extraño pensar que dentro de unos días, allí, en una tierra tan golpeada y ansiada por todos, se celebraría una elección, ocurriría un acto tan sutil como meter un sobre en una urna.

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