En el plantón a las puertas de la Suprema Corte: “Es terrible tener un poder judicial que esté contra el pueblo”

En las escaleras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, un hombre vocifera un sermón a través de un megáfono que se acopla de tanto en tanto. Parece un predicador aleccionando a sus fieles. Unas pocas decenas de seguidores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se han parapetado a las puertas del tribunal en protesta porque consideran que los ministros de la Corte son unos “corruptos” que están en contra del “pueblo”:...

En las escaleras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, un hombre vocifera un sermón a través de un megáfono que se acopla de tanto en tanto. Parece un predicador aleccionando a sus fieles. Unas pocas decenas de seguidores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se han parapetado a las puertas del tribunal en protesta porque consideran que los ministros de la Corte son unos “corruptos” que están en contra del “pueblo”: un mensaje difundido por el mandatario cada día desde su tribuna en la mañanera, esa suerte de conferencia de prensa que se retransmite por todo el país y en la que a diestro y siniestro el dirigente nombra a los héroes y traidores de la patria. No necesita pruebas que sustenten sus afirmaciones ni hechos en los que respaldarse. Y el discurso, claro, cala.

En política, el ruido suele imponerse a los hechos. Como ejemplo, el llamado “mega plantón” contra la SCJN, que acapara artículos de prensa desde que empezó el domingo: a las 12 de la mañana de este martes, apenas una treintena de personas se refugian del sol en tres carpas pequeñas. La mayoría ha cumplido los 60 años y hace tiempo que dejó el trabajo para sobrevivir de su pensión. Reparten panfletos con dudosa información, recogen firmas, atienden a los periodistas que se dejan caer por el lugar y recitan de carrerilla sus opiniones contra la Corte y su actual presidenta, Norma Piña, considerada por López Obrador como una adversaria. Más aún después de que la SCJN invalidara la reforma aprobada por el Congreso, una de las grandes batallas políticas del mandatario, que pretendía transferir el control de la Guardia Nacional al Ejército. En su lugar, la SCJN devolvió la jurisdicción a la Secretaría de Seguridad.

El discurso que se oye por aquí sobre Piña suena extrañamente similar al que despliega el presidente en sus mañaneras. Esperanza López, de 72 años, ha venido desde Coyoacán. Antes era médico. Su aspecto apacible —pelo corto y canoso, gafas redondas, una camisa a rayas blancas y salmón— contrasta con una retahíla algo virulenta donde acusa a los funcionarios sin aportar más pruebas que su opinión: “Mi descontento es por la actuación de este tipo de fraudulentos y vendidos ministros que no gobiernan y no hacen justicia, solamente hacen corrupción, se venden al mejor postor. Todas las decisiones que han hecho desde que está la ministra Piña no han sido para beneficio de México, sino para favorecer a los que tienen el dinero, y lo tienen no por su trabajo, sino porque han hecho puros fraudes protegidos por los Gobiernos neoliberales que hemos tenido”.

Una relación tensa

La relación de López Obrador con el poder judicial es tensa. A principios de enero, Piña se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia de la Suprema Corte. El presidente, sin embargo, tenía otros planes: su apuesta personal para el cargo era Yasmín Esquivel, todavía ministra de la Corte, a pesar de los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses, cuando una investigación de EL PAÍS demostró que había plagiado su tesis de doctorado, después de saberse que también copió en su trabajo de fin de licenciatura. Piña es una presencia incómoda para el dirigente; un contrapeso a su proyecto político. Los seguidores del mandatario llegaron a quemar un muñeco de la jurista durante una marcha encabezada por López Obrador.

La última polémica fue la invalidación de la reforma que transfería el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. López Obrador reaccionó a la sentencia de la Corte acusando a los ministros de ser una “élite corrupta”. “Ni les contesten al teléfono”, ordenó a su equipo, después de que Piña tratara de llegar a un acuerdo con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela, para aplazar la entrada en vigor de la medida. Por su parte, Esperanza López también lo tiene claro y cierra filas con el presidente en su iniciativa de fusionar a la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado, con el Ejército.

—¿Y no le da miedo dar tanto poder a los militares?

—No, he tenido la experiencia de convivir con gente de la milicia y su comportamiento no es tan malo como los civiles, a veces tienes más miedo de que se te acerque un policía que un militar. Si han actuado mal los militares, ha sido por órdenes de los presidentes.

Hay bastante consenso en ese punto entre los asistentes a la protesta. Rafael Zúñiga, de 74 años, ha venido en autobús desde Xochimilco. Habla con la voz pausada y temblorosa propia de la edad: “Creo que es el momento de manifestarnos en contra de las acciones negativas que está realizando la Corte. Quieren reventar las acciones positivas que está proponiendo el señor presidente, quieren dejar un país todavía peor en cuanto a justicia y violencia”.

La SCJN, consultada por EL PAÍS, responde a través de una portavoz que sus responsables se han reunido con los grupos convocantes de la protesta y preparan una respuesta a las solicitudes de información que estos hicieron. El organismo señala también que, “ante el tono de violencia”, han pedido el apoyo de “las fuerzas de Seguridad Pública”, ya que existe “un potencial riesgo a la integridad de las y los servidores públicos”. “Hasta el momento, las y los trabajadores del edificio sede han podido asistir a cumplir con sus funciones, apoyados por los filtros de seguridad que han impedido que sean bloqueadas las entradas”. La Corte sostiene que “el trasfondo político que impulsa las manifestaciones del Frente Internacional Obradorista y movimientos afines impide la interlocución”.

El otro plantón

Enrique Rivera Siqueiros, de 76 años, fue uno de los fundadores de Morena, el partido del presidente. Vecino de Coyoacán, se emociona cuando empieza a hablar. Su voz es suave hasta que se enciende la grabadora. Entonces, sube el volumen y asume la retórica y el tono de un gran líder político que sienta cátedra ante una multitud: “Veo que el poder judicial federal está corrompido absolutamente y requiere renovarse. Es terrible tener un poder judicial que esté contra el pueblo, privilegiando y protegiendo los intereses de las transnacionales”.

En una de las tres carpas del “mega plantón”, Sonia Flores (63 años) vende muñecos de peluche de López Obrador, llaveros del presidente, tazas de café con su cara impresa. “No es justo lo que nos están haciendo, estas personas se sienten agredidas por el simple hecho de que les pedimos que cumplan con el proyecto que ellos tienen, deben de ser honestos, deben de ser legales, hacer su trabajo”, señala la mujer.

En contraste, 100 metros más allá, una acampada en el Zócalo reta al Palacio Nacional, donde reside el presidente. Unas cuantas tiendas de campaña, varios toldos y decenas de personas en protesta. Es probable que haya más gente que en el “mega plantón”, pero la cobertura mediática no ha pasado por aquí. Julia Suárez, de 43 años, una maestra rural que enseña en comunidades “de muy alta marginación” en Guerrero, explica por qué han venido desde varios Estados, causas como el derecho a la educación o la sanidad, más prosaicas que la salvación de la patria:

—Los anteriores Gobiernos no se preocupaban en darle educación a los hijos de los campesinos, de los indígenas. Mi Estado es uno de los más pobres, más marginados y más violentos, precisamente porque los Gobiernos no han puesto atención a estos jóvenes que nosotros nos dimos la tarea de atender. Cada año tenemos que estar peleando matrículas, rechazando alumnos. Tenemos que estar marchando para que esos jóvenes puedan estar dentro de las aulas. El presidente dice que está destinado el recurso, pero mi presidente no puede estar en todos lados. Tenemos que venir a decirle: ‘¿Sabe qué? Las cosas no están bien’. Como maestros nos involucramos en todas las situaciones de las comunidades. Los hospitales no tienen medicamentos, no podemos donar sangre porque no tienen reactivos, no hay aparatos para operar, nos mandan a la ciudad, pero está saturada. Se está muriendo la gente. Creemos en el Gobierno, pero estamos aquí para hacerle saber que en Guerrero y en otros Estados prevalece la desatención.

Cuando acaba la guerra retórica, toca bajar al barro y hacer política.

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