Morena abre la mano a negociar la reforma electoral con una oposición dividida

La alianza Va por México, formada por el PAN, PRI y PRD, llega dividida a la discusión legislativa de una nueva reforma constitucional de gran importancia para la Administración de Andrés Manuel López Obrador: la electoral. Morena, el partido del presidente, y el PRI han mantenido la inercia negociadora que recientemente posibilitó la aprobación de la reforma que extiende la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Solo el PAN parece mantene...

La alianza Va por México, formada por el PAN, PRI y PRD, llega dividida a la discusión legislativa de una nueva reforma constitucional de gran importancia para la Administración de Andrés Manuel López Obrador: la electoral. Morena, el partido del presidente, y el PRI han mantenido la inercia negociadora que recientemente posibilitó la aprobación de la reforma que extiende la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Solo el PAN parece mantenerse firme. La Cámara de Diputados iniciará este martes la discusión de una propuesta de López Obrador que pasa por refundar el Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el financiamiento público a los partidos políticos, que los jueces electorales sean electos mediante el voto popular y eliminar a los legisladores plurinominales, unas medidas que han encendido las alertas incluso del Consejo de Europa, que este lunes advirtió de riesgos de parcialización de los árbitros electorales y falta de certeza en las votaciones.

Pocos partidos de la oposición han mostrado voluntad de ejercer de contrapesos de la iniciativa presidencial. De las 50 iniciativas de reforma constitucional que discutirán las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, la mayoría proviene de Morena y ninguna ha sido impulsada por el PRI ni por el PRD. Solo el PAN y Movimiento Ciudadano han hecho propuestas que buscan contrarrestar la aplanadora oficialista en los comicios presidenciales de 2024: instaurar la segunda vuelta o balotaje, restringir la promoción personal mediante las conferencias mañaneras, reglamentar los gobiernos de coalición y castigar la intervención de grupos criminales en los comicios.

Pese a tener mayoría en las comisiones que elaborarán el dictamen, Morena presenta de momento un talante flexible. Por un lado, para blindarse ante las críticas presentando el resultado final como una medida consensuada con la oposición. Y por otro, para aprovechar el río revuelto de la alianza para ir cerrando apoyos de cara a la batalla en el pleno y posteriormente en el Senado, la plaza previsiblemente más complicada. El morenista Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, ha ofrecido al PRD y al PAN que Morena podría ceder en demandas de la oposición a las que en otros tiempos el partido oficial cerraba el camino.

Una de las ofertas es hacer efectiva una reforma para contener la sobrerrepresentación legislativa, de acuerdo con un dirigente de la alianza Va por México que solicitó mantener su nombre en reserva. La sobrerrepresentación ha permitido a los partidos tener más legisladores que los que les corresponden en virtud de su votación obtenida en las urnas. Esta circunstancia ha beneficiado a Morena desde 2018, cuando obtuvo el 46% de los sufragios, pero accedió al 62% de las curules de la Cámara baja, una sobrerrepresentación del 16%. Ninguna de las iniciativas de la oposición sobre este problema ha podido avanzar hasta ahora.

Otra oferta de Morena, de acuerdo con la misma fuente, es aprobar una reforma que permite el reparto de sufragios entre los partidos de una coalición para permitir que los institutos políticos con poca fuerza garanticen la mínima votación para mantener su registro, una vieja práctica conocida en el argot político como “cláusula de la vida eterna” y que había sido eliminada con la reforma electoral de 2007.

La cercanía del PRI en la Cámara baja con Morena en el tema electoral se remonta a algunos meses, cuando ambas bancadas, junto con el PT, aprobaron una reforma que pretendía prohibir que el Tribunal Electoral federal pudiera revisar decisiones internas del Congreso de la Unión. La semana pasada, el diputado morenista Sergio Gutiérrez y el priista Rubén Moreira participaron en una reunión privada con Alejandro Moreno, dirigente del PRI y presidente de la comisión de Gobernación, para comenzar las pláticas sobre la reforma electoral, confirmaron a este diario fuentes legislativas.

Las críticas del Consejo de Europa

A un día de que iniciara la discusión de la reforma electoral, la Comisión Europea para la Democracia por Derecho, conocida como Comisión de Venecia, emitió una opinión en la que ha externado su preocupación por la iniciativa de López Obrador. El pronunciamiento fue solicitado formalmente por el presidente del INE, Lorenzo Córdova, a la Comisión de Venecia, que pertenece al Consejo de Europa, organización fundada en 1949 con vocación de defensa de los derechos humanos. “Cualquier sistema electoral puede ser mejorado, y es un objetivo legítimo promover cambios institucionales y reformar el sistema electoral de un país con el objeto de crear condiciones de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de los órganos electorales. Sin embargo, cambiar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de diversos participantes del juego electoral basados en varios ciclos electorales y años de evolución democrática trae consigo un riesgo inherente de menoscabar dicha confianza”, dice el pronunciamiento de la Comisión de Venecia.

La organización europea señala que la propuesta de López Obrador de que los magistrados del Tribunal Electoral y consejeros del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sean designados mediante el voto popular se aparta de estándares internacionales que establecen que en los órganos encargados de vigilar los comicios debe haber una representación balanceada de diversas fuerzas políticas, además de que sus integrantes deben ser imparciales. También indica que la eliminación de los órganos electorales locales (llamados OPLE) puede acarrear una centralización extrema que entorpecería las labores de vigilancia electoral en distintos niveles de la Federación.

Otro punto de la iniciativa de López Obrador es reducir de 500 a 300 el número de diputados federales y 128 a 96 los integrantes del Senado. Esta propuesta pasa por eliminar los distritos y circunscripciones electorales e instaurar el sistema de listas por entidad federativa para elegir legisladores federales, como sucede en varios países europeos y en EE UU. Al respecto, el consejero del INE Uuc-kib Espadas sostiene que ello podría favorecer el bipartidismo y el nacimiento de tensiones regionales o territoriales.

“Me parecería muy inadecuado establecer un sistema electoral que fomente la hipertrofia de fuerzas regionales en la representación federal, y que eventualmente genere regionalismos y quizá, esperemos que no, también tensiones territoriales. Es decir, el modelo que se pretende para elegir 300 diputados es absolutamente inadecuado para lo que tendríamos que estar construyendo en este país, impide el desarrollo de fuerzas emergentes, estimula el desarrollo de fuerzas regionales que hoy no son significativas y, en general, reduce la representatividad de la ciudadanía en la Cámara federal del Congreso de la Unión”, ha declarado en entrevista con este diario.

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