Y sin embargo, funciona
Afirmar que la política de seguridad de la 4T es un fracaso o que la llamada “militarización” no ha hecho más que empeorar la situación, no es correcto
La violencia con la que actuó el crimen organizado la semana pasada, que incluyó el hecho inédito de ejecuciones al azar entre población inocente, ha provocado ríos de tinta, de decibeles y de gigabytes sobre los méritos y deméritos de la estrategia de seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Para los críticos, el salvajismo de la masacre en Ciudad Juárez y la simultaneidad de los ataques en varias regiones del país, constituyen la más palpable muestra de...
La violencia con la que actuó el crimen organizado la semana pasada, que incluyó el hecho inédito de ejecuciones al azar entre población inocente, ha provocado ríos de tinta, de decibeles y de gigabytes sobre los méritos y deméritos de la estrategia de seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Para los críticos, el salvajismo de la masacre en Ciudad Juárez y la simultaneidad de los ataques en varias regiones del país, constituyen la más palpable muestra del fracaso de las políticas de la 4T en la materia. Para el gobierno, en cambio, expresan la desesperación de los líderes de las bandas por los golpes recibidos, tanto en decomisos como en aprehensiones, por parte de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
La oposición asegura que el Gobierno intenta minimizar la gravedad de los hechos; las autoridades insisten en que sus críticos buscan magnificarlos para convertirlos en factura política a toda costa. Ambas partes no han ahorrado los epítetos acostumbrados para descalificar a su adversario.
A partir de este intercambio tan huérfano de argumentos y tan poblado de adjetivos, en el que predomina la propaganda sobre la información, resulta difícil para la opinión pública construir un criterio sobre lo que realmente está pasando. Con los mismos hechos los dos bandos llegan a conclusiones diametralmente opuestas. Y si usted lector prefiere mantener sus convicciones inalteradas, sean obradoristas o anti obradoristas, lo de los argumentos es lo de menos. Ninguna pasión política que se aprecie se deja vencer por la tozudez de una realidad que se empeñe en contradecirla.
Pero si usted tiene la curiosidad buena o malsana de saber realmente qué efectos está produciendo una política de seguridad pública tan polémica como la de la 4T, le pediría recorrer conmigo lo siguientes hechos.
Disminución de Delitos
Prácticamente todos los crímenes están disminuyendo de manera sostenida tras varios sexenios de incrementos continuos. Los secuestros cayeron 81% de enero de 2019 a julio de este año; el robo de autos 43%, el robo en sus distintas modalidades 29%, los delitos del fuero federal 25%.
En el caso de los homicidios y los feminicidios los resultados son menos significativos, pero tampoco son deleznables. En ambos el mayor mérito consiste en haber detenido una inercia de crecimiento que parecía imparable a lo largo de la década anterior. En el sexenio de Felipe Calderón los asesinatos pasaron de 8.900 a 26.000 anuales, un crecimiento de 193%; con Enrique Peña Nieto aumentó otro 59% al registrar 23 mil en su primer año y 36.000 en el último.
En los primeros tres años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la cifra prácticamente se congeló en 36.000 anuales, lo cual puede ser leído a conveniencia de cada cual. Para sus detractores eso acumula más de 100.000 homicidios en medio sexenio, un récord que, a sus ojos, demostraría que este gobierno lo ha hecho peor. Los simpatizantes de Morena dirán que AMLO recibió al país con niveles de inseguridad que arrojaban 36.000 muertos anuales, no 8.000 como es el caso de Calderón o de 23.000 en el de Peña Nieto.
Lo cierto es que es la primera vez que durante tres años continuos la cifra de asesinatos no crece; más aún, los datos de enero a julio del cuarto año, comparados con periodos equivalentes arrojan por fin un descenso importante: 10.4% y el Gobierno asegura que 2022 terminará con 15% de menos homicidios que en años anteriores. Incluso si así fuese estaríamos hablando de 30.000 muertos al año; una cifra escandalosa en cualquier nación del mundo pero, en el contexto de lo que hemos vivido, un signo de esperanza de que se trate de una tendencia que permita asumir que existe una luz al final del túnel.
Progresión Positiva
En los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto la criminalidad fue mayor en la segunda mitad que en la primera. Se dice rápido, pero es el mejor indicador para saber si su estrategia de seguridad pública fue exitosa o todo lo contrario. No lo parece: en ambos sexenios el segundo trienio fue peor que el primero. Y como todo aficionado de fútbol sabe, el entrenador es el primer sospechoso cuando un equipo juega peor en el segundo tiempo. En el caso de López Obrador la progresión es positiva. Todo indica que de 2022 a 2024 habrá considerablemente menos crímenes que los registrados de 2018 a 2021, particularmente en secuestros y robos de todo tipo, pues han venido descendiendo año con año.
Y tampoco es que carezcan de lógica estos datos prometedores. Era razonable esperar que la cuantiosa inversión realizada en materia de seguridad y la intensidad de las acciones arrojaran resultados.
Simplemente el hecho de que en cada entidad se realice una reunión dedicada a seguridad pública cada mañana, permite niveles de coordinación que antes no había. Se han construido 230 cuarteles con una presencia federal que tampoco existía. En 19 entidades los elementos de la Guardia Nacional superan a los policías estatales y municipales, es decir se dobló al menos la cantidad de elementos de la fuerza pública en esas entidades. Al final del sexenio habrá 500 cuarteles y 170.000 integrantes de la Guardia Nacional. Esto significa una densidad de 16 cuarteles por entidad federativa en promedio, con más de 300 guardias por establecimiento. Una densa red física con la que se aspira a recuperar de nuevo el territorio de manos de la delincuencia.
En principio, los números que dan cuenta del descenso de la criminalidad carecen de ideología y parecerían indicar que algo está funcionando con la estrategia seguida. Esto no significa que sea idónea o que sea suficiente, ni tampoco que no se estén cometiendo errores. Utilizar al ejército en tareas de seguridad pública, como lo han hecho todos los gobiernos y el actual ha intensificado, entraña riesgos que habría que discutir y definir entre todos. Ese sería un debate honesto. Pero afirmar que la política de seguridad del gobierno de la 4T es un fracaso o que la llamada “militarización” no ha hecho más que empeorar la situación, no lo es. Si se desea sostener tales acusaciones por razones políticas, se vale pero eso es otra cosa.
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