De pie ante un coloso: los vecinos rechazan la ampliación del Estadio Azteca

Primero, aparecieron los edificios de aquel lado; después, los de más acá. La casa de Marina Cruz Mendoza quedó así pegada a una construcción que se le viene encima y que se frenó tras los sismos de 2017. “Los vecinos nos quejamos, e igual se hizo”, dice la mujer, de 54 años. Y desde entonces hubo problemas con el agua, que sale a veces como un hilito, a veces verde, a veces con arena, y subió el impuesto predial, según cuenta Mendoza. Su vivienda está al final de una calle sin aceras en el pueblo de Santa Úrsula, en el sur de Ciudad de México, que sigue creciendo y los devora. Ella y otros ve...

Primero, aparecieron los edificios de aquel lado; después, los de más acá. La casa de Marina Cruz Mendoza quedó así pegada a una construcción que se le viene encima y que se frenó tras los sismos de 2017. “Los vecinos nos quejamos, e igual se hizo”, dice la mujer, de 54 años. Y desde entonces hubo problemas con el agua, que sale a veces como un hilito, a veces verde, a veces con arena, y subió el impuesto predial, según cuenta Mendoza. Su vivienda está al final de una calle sin aceras en el pueblo de Santa Úrsula, en el sur de Ciudad de México, que sigue creciendo y los devora. Ella y otros vecinos están preocupados porque una nueva obra se ha anunciado a metros de sus casa. La ampliación del Estadio Azteca, el segundo más grande de América, es ahora una nueva batalla.

El megaproyecto prevé la remodelación de las instalaciones deportivas, la construcción de un centro comercial de cuatro niveles con siete de estacionamiento; un hotel de más de 10.000 metros cuadrados y la mejora de las vialidades antes del Mundial de 2026. Así lo informó Televisa, propietaria del estadio, que es conocido como el coloso de Santa Úrsula por sus dimensiones: es el más grande de México y el séptimo del mundo. El plazo estimado de las obras, si son autorizadas, es de 24 meses. En los alrededores ahora se ven carteles que enumeran las alarmas que levantan los vecinos. “Nos quitarán más agua y será más cara. Subirá el cobro de la luz y el cobro del predial. Remataremos nuestras propiedades a constructoras voraces”.

El pueblo de Santa Úrsula es solo una de la decena de colonias que se encuentran en el área de impacto de las futuras obras. Es una zona principalmente popular, de calles angostas y rebuscadas, casas bajas, piñatas y bugambilias, que se fue asfixiando con el crecimiento de la ciudad. Gerardo Mora, de 52 años, vive en Huipulco, una de esas colonias, desde que nació. “Aquí pasaba un riachuelo que venía de un manantial”, dice fuera de su casa y señala el cemento en el piso. Camina hacia el fondo de su vivienda, a un terreno lleno de vegetación desde el que se alcanza a ver la parte más alta del Estadio Azteca, solo una esquina de las gradas. “La urbanidad que acecha”, se ríe irónico mientras avanza, “una tristeza”.

El crecimiento, dice, empezó en los años cincuenta. “Llegaron las embotelladoras de Coca-Cola y de Pepsi-Cola; después, los laboratorios y luego algunas unidades habitacionales”, señala Mora. Pasaron los años, “y todos siguen chupando el agua”, comenta. El suministro es la preocupación principal de los vecinos, porque ya es un problema, pero no el único. También se quejan de la contaminación “exagerada”, la movilidad “restringida”, la recolección de basura “insuficiente” y la violencia de los días de partido. Y temen que la situación empeore. “[Los promotores de las obras] viven en otro lugar y dejan los problemas a los que vivimos aquí”.

El lunes pasado, los vecinos llevaron las quejas al centro de la ciudad. Eran unas 20 personas protestando delante de un edificio enorme que les hacía sombra, junto a una avenida tan ruidosa que tapaba las consignas que gritaban: “¡Agua para el pueblo, no para Televisa!”. En las asambleas semanales llegan a ser más, quizás 200 o 300, aseguran. Nadie los recibió este lunes y en la entrada les pidieron que la carta que llevaban dirigida a Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración del gigante mediático, la pegaran con cinta en las paredes externas, que de allí la retirarían los responsables del departamento judicial de la empresa. “Siempre han pasado por encima de nosotros”, lamentaba una mujer de 65 años que prefirió no identificarse. Se manifestaba para expresar su rechazo: “Si es un megaproyecto, la afectación también será mega”.

El Gobierno de la ciudad contempla un proceso de consulta vecinal previo al inicio de “grandes construcciones”. En este caso, una consultora contratada por Televisa organiza el proceso, que es supervisado y validado por la Secretaría del Medio Ambiente de Ciudad de México, y son las autoridades quienes toman la decisión final con base en las conclusiones. Es decir, no es un referéndum, sino una serie de preguntas del tipo “¿qué impactos recibe?” o “¿qué sugiere para mejorarlo?”. El proyecto no puede ser autorizado “hasta no contar con la opinión de la comunidad”, según la normativa municipal.

La primera consulta se realizó entre el 11 y el 14 de octubre de 2021. Además de las inquietudes sobre las obras, los vecinos expresaron entonces cuestionamientos sobre el proceso en sí porque “las preguntas eran muy mañosas”. Se decidió entonces una segunda vuelta del proceso que inició el 28 de febrero y debía durar hasta el 14 de marzo, pero fue suspendida temporalmente “por causa de fuerza mayor”. “Lo más importante no lo preguntan: ¿quieren o no el megaproyecto?”, se quejan los vecinos.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) afirma que el conjunto “no utilizará agua de la red hidráulica existente”. Las autoridades ya revisaron, según aseguran a EL PAÍS en un comunicado, los impactos que ocasionará el proyecto y emitieron propuestas, como la perforación de un pozo con capacidad para extraer 2,6 millones de litros de agua al día. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) estará a cargo de la operación y destinará al megaproyecto solo el 22% del agua, según las recomendaciones de las autoridades. El resto, indican, será para los habitantes de la zona.

“Tenemos que hacer una infraestructura de ese tamaño para abastecer otra y, de remate, a lo mejor, beneficiar un poco al entorno”, critica el urbanista Francisco de la Torre. El profesor de la UNAM agrega que además es “el único tipo de obra que se está construyendo”. “El aparato público no está haciendo obras de alto impacto, lo está haciendo el sector privado, que tiene otros fines”, explica. El investigador, que estudia los conflictos vecinales de la ciudad, señala algunas “líneas rojas” sobre el suministro de agua en Ciudad de México. “Que el 35% [del agua] venga de afuera nos pone en alerta. Necesitamos ir a jalar agua desde muy lejos para abastecer la necesidad. Y que el resto, el 65%, sea de pozos, aparentemente cada vez más profundos, es también de alarma”, señala el investigador.

De la Torre apunta que los nuevos proyectos inmobiliarios de gran escala en la ciudad “dejaron de estar exclusivamente en zonas donde se habían concentrado en las últimas décadas”, en decir, en ejes como el Paseo de la Reforma o la avenida Insurgentes, y “empezaron a experimentar nuevas localizaciones en la ciudad”. “Una de esas ramas es en zonas populares”, explica De la Torre. Obras como la ampliación del Estadio Azteca “vienen con un contraste importante con sus entornos”, agrega. “En escala, en recursos, en necesidades tangibles como el agua, los residuos, el flujo vehicular…”, detalla el urbanista.

Entre las medidas de mitigación sugeridas, además del nuevo pozo que construirá la empresa, se contempla una “segunda fuente que abastecerá al proyecto” y que “será el agua pluvial que será tratada y potabilizada”. Para ello, está prevista la construcción de cinco pozos que absorberán agua de lluvia y recargarán los mantos acuíferos. Las propuestas incluyen también un humedal, ciclovías y la creación de áreas verdes, reforzar la red de drenaje y construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Televisa no ha contestado a las preguntas de este periódico. Los vecinos se mantienen escépticos: “¿Quién puede creer en una promesa?”.

“El objetivo es que nos vayamos”, piensa Amado Rodríguez, de 74 años. El hombre, que llegó hace 31 años desde el Estado de Veracruz, está remodelando su casa, en la colonia El Caracol, y haciendo lugar para sus hijos: uno vivirá en la planta baja; él, en el departamento de encima, y otro hijo en el piso superior. Hoy el agua sale bien de su grifo, pero cuando no hay suministro tiene que correr al camión del agua para que le llene un tinaco. El vehículo no pasa siempre y el agua, que le cuesta 400 pesos (unos 20 dólares), le dura una semana. Rodríguez se manifestó el lunes contra la obra y ahora repite una consigna simple: “Sin agua no hacemos nada”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país