López Obrador blinda las obras del Gobierno al declararlas asunto de seguridad nacional

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado asunto de interés público y seguridad nacional las obras promovidas por el Gobierno mexicano. El Diario Oficial de la Federación ha publicado este lunes un acuerdo que blinda los proyectos cuya realización esté a cargo del Ejecutivo. El texto hace referencia a las infraestructuras “de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles e...

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado asunto de interés público y seguridad nacional las obras promovidas por el Gobierno mexicano. El Diario Oficial de la Federación ha publicado este lunes un acuerdo que blinda los proyectos cuya realización esté a cargo del Ejecutivo. El texto hace referencia a las infraestructuras “de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. Las obras más emblemáticas impulsadas por el mandatario, que el próximo 2 de diciembre llegará al ecuador de su sexenio, son el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco. El presidente ha defendido este martes que el propósito de la iniciativa es “agilizar trámites burocráticos para que no se detengan las obras” y dar seguridad y confianza a las empresas.

El decreto, que no había sido anunciado y ha causado controversia en redes sociales, refuerza la protección de estas obras también en lo que concierne a la publicidad, los datos o la información relacionada con ellas. Es decir, las solicitudes de trasparencia contempladas por la ley ya no serán como antes, ya que la Constitución establece abiertamente una excepción. “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”, reza la ley fundamental. El texto concede, no obstante, que “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

Las consideraciones con la que se argumenta el decreto son de orden eminentemente político y social. En primer lugar, el acuerdo publicado resalta que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”. En segundo lugar, señala que “los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”. Por ello, precisamente, López Obrador califica “de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos”.

Por último, el decreto da instrucciones a las dependencias y entidades de la Administración federal para “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.

El Gobierno de López Obrador da con esta decisión un paso más para impulsar algunos de los proyectos más significativos de la llamada Cuarta Transformación. El mandatario, en una decisión sin precedentes, ya había concedido las obras más importantes precisamente al departamento encargado de la seguridad de México, la Secretaría de Defensa Nacional, otorgando así más poder al Ejército también en obras civiles. A principios de este año, por ejemplo, se anunció que los militares serían los responsables de la construcción del Tren Maya en el sudeste del país y de su funcionamiento una vez terminado. Lo mismo ocurrió con el aeropuerto Felipe Ángeles, cuya primera etapa de las obras culminará según lo previsto en marzo del próximo año, y que será operado por la Secretaría de Defensa.

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