La vida después de una vida en la cárcel: pasó 21 años en prisión por un homicidio sin víctima

Le dicen “el asesino del hombre que está vivo”. Manuel Ramírez Valdovinos, de 43 años, pasó casi la mitad de su vida en prisión por un homicidio sin víctima. La justicia mexicana le condenó en 2001 por matar a una persona que seguía viva, recuerda, mientras él peleaba en los tribunales contra la única prueba en su contra: una confesión firmada bajo tortura. Las mismas irregularidades que lo metieron a la cárcel lo sacaron 21 años después. El pasado 16 de julio le liberaron sin ninguna explicación más que la creciente presión política y mediática. No le han absuelto, solo le han dejado en liber...

Le dicen “el asesino del hombre que está vivo”. Manuel Ramírez Valdovinos, de 43 años, pasó casi la mitad de su vida en prisión por un homicidio sin víctima. La justicia mexicana le condenó en 2001 por matar a una persona que seguía viva, recuerda, mientras él peleaba en los tribunales contra la única prueba en su contra: una confesión firmada bajo tortura. Las mismas irregularidades que lo metieron a la cárcel lo sacaron 21 años después. El pasado 16 de julio le liberaron sin ninguna explicación más que la creciente presión política y mediática. No le han absuelto, solo le han dejado en libertad cuando le faltaban 19 años de sentencia por cumplir. “Me dan calle por cárcel, pero sigo pagando una condena, sigo teniendo antecedentes penales. No me merecía salir así”, dice Ramírez Valdovinos. Ahora intenta rehacer su vida con un pesado prontuario a cuestas. Su plan es estudiar derecho y crear una organización para luchar contra la “fábrica de delitos” que es la justicia mexicana.

Todas las falencias del sistema se han acumulado en una sola historia kafkiana. Ramírez Valdovinos, un maestro de música nacido en Tepexpan, un pueblo del norte del Estado de México, tenía 21 años cuando cuatro policías armados irrumpieron en mayo de 2000 en su casa mientras celebraba con unos amigos. Le detuvieron sin una orden de aprehensión y le torturaron durante dos días en la entonces Procuraduría del Estado de México, cuenta. Lo acusaban, junto a otros dos hombres, de haber asesinado a Emmanuel Martínez Elizalde, hijo de un amigo de su padre. La versión del Ministerio Público era que entre los tres lo habían secuestrado y llevado a un descampado donde intentaron ahorcarlo para después dispararle con un arma. Al ver que no moría, lo atacaron con un picahielo.

No había pruebas para sostener la historia del Ministerio Público. No había testigos, ni armas homicidas. Solo una confesión que lograron sacarle a base de tortura. El otro elemento con el que contaba la Fiscalía era un cadáver no identificado que nunca pudieron probar que se tratase de la víctima. Parte de la lucha judicial que vivió Ramírez Valdovinos en su encierro estuvo centrada en probar que ese cuerpo ni siquiera se parecía al del supuesto asesinado. Para eso llevó adelante análisis forenses con peritos que solo encontraron inconsistencias.

Ramírez Valdovinos explicaba a este periódico en 2019 que el padre de Emmanuel Martínez Elizalde, su supuesta víctima, orquestó la simulación de la muerte porque su hijo estaba acusado de haber cometido un crimen y le acababan de librar una orden de aprehensión. Para probar que el hombre seguía vivo, la defensa de Ramírez Valdovinos presentó en 2002 a un testigo que aseguró haber visto al supuesto muerto 20 días después de la fecha que databa el homicidio. Junto al testimonio presentaron documentos y fotografías que acreditaban que el hombre se encontraba en Estados Unidos bajo otro nombre. Las pruebas se perdieron en las oficinas del Ministerio Público y la teoría nunca pudo ser probada. Ante el desdén del sistema judicial, el maestro buscó apoyo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No tuvo éxito, por lo que sus abogados decidieron llevar al caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el expediente se encuentra en curso.

A mediados de este año la presión política por el encarcelamiento, encabezada por miembros del partido de Gobierno, se hizo insostenible. El caso de Ramírez Valdovinos se volvió una bandera de lucha. Un popular legislador local de Morena, Pedro El Mijis Carrizales, y Bryan LeBaron, miembro de la familia mormona que sufrió la tragedia en noviembre de 2019 en Chihuahua, llevaron adelante en junio una huelga de hambre a las puertas del Palacio Nacional para pedir la liberación del maestro de música. La llamada de atención cruzó los muros de la sede de Gobierno e interpeló al presidente Andrés Manuel López Obrador. Consultado en conferencia de prensa, el mandatario aseguró que se atendería a la esposa y agregó que sistema judicial mexicano tiene un problema con los miles de presos sin condena que hay en las cárceles mexicanas. “Es una violación a los derechos humanos de miles de personas que están detenidas sin sentencia y ya llevan tiempo, años”, dijo.

La presión presidencial llevó el asunto a otro nivel y, en unas pocas semanas, Ramírez Valdovinos pisaba la calle. “Le logramos arrancar un golpe muy fuerte al Gobierno del Estado”, recuerda el profesor durante una entrevista en su casa. El abogado del maestro, Carlos Sánchez Alvarado, asegura que desde el Ejecutivo estatal, encabezado por el priista Alfredo del Mazo, les ofrecieron la libertad a cambio de dejar de atraer la atención de la prensa y de los partidos políticos. “Se inventaron una herramienta para sacarlo, bajo la condición de que nos callemos. Fue un acto de corrupción, pero en este caso a su favor”, dice, “nos dijeron ustedes cállense y nosotros nos encargamos, le inventaron un buen prontuario para que pueda salir, desaparecieron los ocho reportes contra él por tener teléfono en la cárcel, y le dieron el beneficio de la prelibertad, una figura que manipularon para darle la libertad”. Consultado por este periódico, el Gobierno estatal aseguró que no intervinieron en este caso “en lo absoluto”.

El Poder Judicial del Estado de México ha justificado la liberación de Ramírez Valdovinos bajo la figura del beneficio preliberacional —una medida legal para liberar a los presos con buena conducta antes de que acabe su condena—, “al constatar que tenía un plan de actividades” y “cumplía con el 50% de la pena”. Pero la ley establece que este tipo de beneficio se otorga a los presos que hayan cometido un delito cuya pena máxima sea de cinco años de prisión y lo hayan hecho sin violencia. Ninguna de esas características aplica al delito que le atribuyen a Ramírez Valdovinos.

Como lo sacaron sin fundamentos judiciales claros, el miedo a que lo vuelvan a meter en la cárcel sin justificación persiste, asegura. “Pero saben que voy a estar dando la lata”. Ahora trabaja en una empresa de seguridad privada para subsistir y ya ni sueña con volver a dar clases, solo lo hizo dentro del penal para amenizar los días de encierro. Su carrera profesional quedó trunca. “¿Dónde encuentro el trabajo con antecedentes penales? ¿Los papás confiarían la educación de sus hijos a una persona que tiene la condición de asesino que al día de hoy sigo teniendo?”, cuestiona. No quiere, sin embargo, seguir en la compañía de seguridad por mucho tiempo.

Su vida cambió para siempre aquel mayo de 2000 cuando la policía entró a su casa. Demostrar su inocencia y pelear contra la cara injusta de la justicia se convirtieron en sus metas de vida. En la cárcel, se convirtió en un aficionado lector del código penal, que le enseñó conocimientos que le sirvieron para ayudar en su proceso judicial y en el de algunos compañeros del penal. Con los activistas y políticos que ha conocido en el camino planea abrir una organización que asista legalmente a aquellos presos que “fueron encarcelados injustamente”, para contrarrestar las deficiencias de las defensas de oficio que él mismo padeció. “Me molesta que los abogados sean proxenetas del dolor de la gente”, dice, “lo mejor es arrancarle las injusticias al sistema y eso me voy a dedicar a hacer”.

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