Testigos muertos, empresas suizas y sobornos atrasados: los cabos sueltos del ‘caso Odebrecht’

Más de un año y medio después de la detención de Emilio Lozoya, el caso Odebrecht continúa en tierra de nadie, empantanado entre prórrogas y dilaciones que superan ya los plazos de legales. La trama de corrupción vinculada a la constructora brasileña, que en los últimos años ha puesto en jaque a la clase política en varios países latinoamericanos, provocó una primera sacudid...

Más de un año y medio después de la detención de Emilio Lozoya, el caso Odebrecht continúa en tierra de nadie, empantanado entre prórrogas y dilaciones que superan ya los plazos de legales. La trama de corrupción vinculada a la constructora brasileña, que en los últimos años ha puesto en jaque a la clase política en varios países latinoamericanos, provocó una primera sacudida en México con las declaraciones preliminares del exdirector de Pemex. En agosto del año pasado, Lozoya lanzó una catarata de acusaciones repartidas entre lo más alto de los últimos dos gobiernos mexicanos. Desde entonces, tan solo uno de los señalados de manera lateral está en la cárcel mientras crece la sombra de la impunidad y la utilización política del caso.

La apuesta de la defensa de Lozoya ha sido solicitar una figura conocida como criterio de oportunidad que en la práctica lo ha convertido en una suerte de testigo/colaborador protegido. Se trata de un acuerdo por el cual, a cambio de “aportar información esencial y eficaz de un delito más grave”, el detenido conseguiría, si el juez le concede el llamado criterio de oportunidad, que se le retire la acción penal. Es decir, quedaría libre sin haber iniciado siquiera el juicio. La estrategia ha mantenido a Lozoya de momento sin pisar la cárcel a la espera de la decisión preliminar del juez, que sigue investigando las acusaciones vertidas por el exdirector de Pemex. La tesis a demostrar es que el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, Luis Videgaray, fueron los que orquestaron y planificaron los sobornos de 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética.

Los abogados consulados para este reportaje consideran que la estrategia de la defensa no se sostiene y que ese es el motivo de tantas dilaciones. El exdirector de Pemex ya suma cuatro prorrogas para convencer al juez, excediendo de largo los seis meses que marca la ley. Lozoya no consigue amarrar su salvavidas pero la causa tiene un mar de ramificaciones con hasta 16 políticos implicados: tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. EL PAÍS reconstruye a continuación la secuencia de hechos y nombres denunciados por Lozoya en sus declaraciones ante la fiscalía, a las que ha tenido acceso este periódico.

La dos comidas de Peña Nieto en Brasil

La relación de Odebrecht con el PRI empieza oficialmente en 2012 con la campaña electoral de Enrique Peña Nieto y con Lozoya como enlace de la constructora brasileña en su cargo de coordinador internacional de la campaña. Pero antes, en 2010, un viaje a Brasil del todavía gobernador del Estado de México abrió la primera puerta. En aquella gira estaba programada una comida con Lula da Silva en Brasilia. El expresidente brasileño finalmente no pudo asistir, pero sí Marcelo Odebrecth. El poderoso presidente de la constructora sería detenido cinco años después en su lujosa casa de São Paulo y sobre sus delaciones a la Justicia ha gravitado la megatrama de corrupción y sobornos que ha hecho tambalear a países como Perú, Colombia o el propio Brasil.

Aquella gira tenía como objetivo empezar a vender al capital extranjero la candidatura de Peña Nieto. La constructora brasileña mostró un especial interés en la reforma energética, que ya por entonces impulsaba el PRI, con la vista puesta en los contratos de obras que se abrirían con la liberalización del mercado. Al terminar la comida, el presidente de Odebrecht ofreció su apoyo económico al futuro candidato. “Yo fui testigo de esa conversación, que se realizó en idioma español y tuvo una duración de 5-10 minutos”, apunta Lozoya en su declaración. Una segunda comida se produciría dos años después, esta vez en la casa del propio Marcelo Odebrecht en Sao Paulo y ya con Peña Nieto como presidente electo. Al evento asistió, todo el equipo de transición, encabezado por el futuro secretario de Hacienda Videgaray, convertido ya en la mano derecha del presidente en sus tratos con la constructora brasileña.

La relación de Lozoya con Odebrecht es en todo caso más antigua. Hijo de un ilustre priista, master en Harvard, el exitoso paso de Lozoya por el mundo de la banca de inversión antes de enterar en política le puso en contacto con Luis Weyll, director de Odebrecht en México, abriendo puertas para la constructora brasileña tanto en Mexico como en Emiratos Arabes Unidos. En 2012, ya como responsable de la campaña, Lozoya se reunió en una cafetería de Lomas de Chapultepec con Weyll, a petición de Peña Nieto y Luis Videgaray. En esa reunión Lozoya le pidió Weyll 6 millones de dólares para la campaña del PRI. Finalmente fueron 4 repartidos en 2,5 para la campaña, destinados a pagar a consultores extranjeros. Y otro 1,5 para el bolsillo del propio Lozoya.

En su denuncia relata que el dinero fue ingresado a una empresa suiza de su propiedad y en la que figuraba como beneficiaria su hermana, Gilda Susana Lozoya, sobre la que pesa una orden de detención por lavado de dinero. Los fondos fueron transferidos por Odebrecht desde un banco ubicado en la isla caribeña de Antigua. Lozoya ha aportado fecha e importes así como de los pagos una lista de consultores por indicación expresa de Peña Nieto y Videgaray.

“Por el tipo de delitos, las pruebas documentales son más decisivas que las testimoniales”, apunta Javier Martín Reyes, profesor de Estudios Jurídicos del CIDE. “La Fiscalía ya debería haber realizado requerimientos de información a los bancos según los acuerdos de colaboración. Pero la incógnita es si la información que ha revelado Lozoya es suficiente para sostener el procesamiento del resto de señalados”, añade el jurista, que apunta a un manejo interesado de los ritmos de la investigación de acuerdo a intereses políticos: “Parece que en su momento (agosto del año pasado) la declaración de Lozoya, con todas sus acusaciones, les servía de cara a la campaña electoral de junio de este año. Pero todas estas prorrogas y dilaciones pueden indicar que le información es muy parcial y poco concreta para avanzar en los procesamientos”.

Testigos muertos

De toda la cascada de nombres y acusaciones, Lozoya cita también a cinco testigos con implicación directa en la trama. Dos de ellos, claves en la triangulación y entrega de los sobornos, están muertos. Por un lado, la empresaria Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos Tapia, dueño de una constructora socia de Odebrecht. De los 4 millones de dólares acordados para pagar la campaña electoral, solo se transfirieron a la cuenta suiza 3,1. El resto, 850.000 dólares corrieron a cuenta de la empresaria Tapia en efectivo. El trato era que después Tapia le daría una cuenta a Weyll para el reintegro.

La empresaria también aparece como la bisagra para triangular y convertir en líquidos los otros 6 millones destinados sobornar a los legisladores de la oposición para sacar adelante la reforma energética. “El dinero fue depositado al extranjero porque así lo indició Fabiola, y puesto por ella en efectivo en México”, relata Lozoya. La empresaria murió en 2014 en Perú. Otro personaje clave en la entrega de los sobornos, José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Pemex, también murió en 2013. Según la declaración de Lozoya, Velasco es quien entregaba las maletas y bolsas bancarias transparentes “que permitían ver la denominación de los billetes”.

“La muerte de ambos supone el problema de que no les puedes llamar a testificar para corroborar la denuncia. Y tampoco puedes llamarles para ofrecerles los beneficios que tiene Lozoya como el criterio de oportunidad, que es lo que suelen hacer las autoridades en estos casos: buscar la colaboración de los implicados para ir a por los peces gordos”, señala el jurista del CIDE. Además de los dos fallecidos, Lozoya también se comprometió a presentar como testigos a otros tres personajes involucrados en la entrega del dinero: su secretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo, a Francisco Olascoaga, exjefe de departamento en Pemex, y Norberto Gallardo, exmiembro del Estado Mayor y su jefe de escoltas. Según filtraciones a la prensa mexicana, tan solo este último habría corroborado las denuncias del exdirector de Pemex.

Una patada a la bandera de México

Un noche de marzo 2014, durante un evento empresarial en Texas, Lozoya cuenta que el senador del PAN Francisco Dominguez Servién se encontraba “en estado de ebriedad” y en un ataque de ira tomó la bandera de Mexico y la tiró al suelo gritando “esto es una traición porque no me cumplen con las entrega del monto pactado”. Desde febrero de 2013, Lozoya había sido encomendado a repartir el dinero entre legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética. El exdirector de Pemex detalla numerosas reuniones en su oficina de la petrolera estatal con un grupo de senadores del PAN. “Su actitud para obtener recursos era brutal. Presionaban y extorsionaban a grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex”, apunta Lozoya.

Llegaron a pedirle 50 millones de dólares. Finalmente el monto proporcionado por Odebrecht fueron 6 millones, que en un primer momento estaban dedicados a conseguir un contrato en la refinería de Pemex en Tula, en el estado de Hidalgo. Pero según la versión de Lozoya, “el dinero fue utilizado en su totalidad par las reformas estructurales”. La denuncia señala a seis legisladores: Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle Maury, Francisco García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya. Unos tratos supervisados personalmente por Videgaray: “él apuntaba los nombres de los legisladores y los montos en efectivo entregados a los grupos de legisladores”. Las citas para la entrega del dinero, añade Lozoya, se concertaban a través de mensajes de texto entre diversos números telefónicos de aparatos desechables.

De momento, tan solo Lavalle se encuentra procesado y en prisión. En la decisión del juez, el pasado mes de abril, ha pesado el testimonio de un técnico del Senado, Rafael Caraveo, que según las declaraciones filtradas a los medios, reconoció haber recibido “una maleta de tela color negro con fajos de billetes de 500 pesos”. Caraveo aparece en la denuncia Lozoya como el operador de los senadores para el intercambio de dinero. En otra filtración, el encargado de la seguridad de Lozoya, Norberto Gallardo, aseguró que en agosto de 2014 entregó en una “bolsa deportiva” 6,8 millones de pesos a Ricardo Anaya y a su “enlace” Osiris Hernández en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Tras la imputación formal por parte de la FGR, Anaya anunció su exilio fuera de México. Durante una primera audiencia realizada por zoom el juez le dio la razón a la defensa que reclamó que no tuvo acceso al expediente. Otra de las criticas del excandidato presidencial por el PAN es que se alteraron las fechas de entrega del dinero para que cuadrara con su etapa en el parlamento.

Los abogados consultados subrayan que el acceso al expediente por parte los imputados en un pilar básico del sistema judicial mexicano, esencial para conocer las delitos que se le imputan y los pruebas en su contra. Pero que sin embargo la denegación de ese acceso es una práctica generalizada por parte de la Fiscalía. Anaya no ha sido el único que ha reclamado ese derecho básico como imputado. Ni tampoco el primero que se ha negado a asistir presencialmente a las audiencias ante el juez del Reclusorio Norte. El hecho de que las citas sean con el juez de una prisión es otra anomalía que señalan los expertos.

Sobornos atrasados

Las acusaciones de Lozoya se extienden también al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Al poco de iniciar sus primeros pasos como director de Pemex, Lozoya tuvo conocimiento de una trama corrupta durante los años 2011 y 2012. La venta a cambio de sobornos millonarios de gas etano por parte de Pemex a una filial mexicana de Odebrecht, Braskem, con un descuento del 25% sobre el precio de mercado. Entre los nombres apuntados por Lozoya aparecen directivos de Pemex como Carlos Treviño Medina, así como los entonces secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Energía, Jose Antonio Meade, que fue a su vez el último candidato presidencial priista. Lozoya habla incluso de una junta del consejo de administración de Braskem celebrada en la residencia presidencial de Los Pinos con la presencia de Felipe Calderon y la invitación de Marcelo Odebrecht.

Terminado el sexenio panista, Lozoya apunta que Odebrecht continuó presionando para que el contrato se prorrogara durante el mandato de Peña Nieto. En este marco, Videgaray le anuncia que existen “deudas” de Odebrecht con funcionarios panistas y que su pago estaba condicionado a que el contrato se prorrogara. A principios de 2013, Lozoya recibe una llamada de Meade, que se había mantenido en el nuevo Gobierno priista. El entonces canciller de Peña Nieto le pide que “no criticara ni revisara el contrato de Etileno XXI ya que era muy importante para el presidente”. A partir de ahí, Odebrecht libera otros 84 millones de pesos adicionales en efectivo para pagar esos sobornos atrasados.

Las cifras se reparten entre los 4 millones para Meade y los 4,3 para Jose Antonio González Anaya, alto cargo de la Secretaría de Hacienda y futuro director de Pemex. Y otros 4 para Treviño. Los recursos eran entregados por el exjefe de escoltas de Lozoya, Norberto Gallardo, en sus domicilios personales. “La instrucción precisa de Videgaray era que se debían entregar en un portafolio de trabajo dichas cantidades y debía quedar claro que dichas entregas eran por parte de Videgaray”, remarca Lozoya en su denuncia.

En énfasis en el protagonismo tanto de Videgaray como de Peña Nieto es una constante durante todas las páginas de la declaración del exdirector de Pemex. El objetivo es consolidar la narrativa de que ellos fueron los artífices de la trama corrupta y Lozoya un mero encargado a sus ordenes. Pero más de un año después del inicio de la investigación ni la Fiscalía ni el juez han logrado todavía amarrar con pruebas toda esa batería acusaciones. “Se está buscando una lógica a algo que esencia es absurdo, no hay premisas que permitan una justificación penal”, afirma el abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha. “No se sostiene ni si quiera el criterio de oportunidad: ¿Qué delitos más graves puede haber de los que ya se le imputan a Lozoya”?, añade el experto.

En mayo del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó los intentos de la Fiscalía por sentar a Videgaray ante un juez. Hasta dos veces la FGR ha presentado ya ordenes de detención contra el que fuera el hombre fuerte del Gobierno de Peña Nieto. En ambas ocasiones, un juez penal del reclusorio Norte devolvió el caso a la Fiscalía ante las inconsistencias de la solicitud. Siguiendo la lógica de que deberá de tratarse de delitos de más envergadura que los atribuidos a Lozoya -cohecho, asociación ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita- la FGR busca atar la acusación a Videgaray sobre la base del delito de traición a la patria.

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