El ‘caso Ravelo’ retoma el debate sobre la violencia policial en México

Mérida (Yucatán) es uno de los pocos rincones de México donde se presume que allí no pasa nada. En un país con casi un centenar de homicidios, decenas de miles de desaparecidos, narcomantas, enfrentamientos a balazos, un eslogan como este es un atractivo turístico e inmobiliario que pocos se pueden permitir. Mérida no ocupa las portadas de la prensa nacional, cuenta con casi un millón de habitantes y una de las tasas de criminalidad más bajas del país. La ciudad colonial yucateca fue una de las pocas que mantuvo un toque de queda estricto por la crisis sanitaria y después de las 11 de la noche...

Mérida (Yucatán) es uno de los pocos rincones de México donde se presume que allí no pasa nada. En un país con casi un centenar de homicidios, decenas de miles de desaparecidos, narcomantas, enfrentamientos a balazos, un eslogan como este es un atractivo turístico e inmobiliario que pocos se pueden permitir. Mérida no ocupa las portadas de la prensa nacional, cuenta con casi un millón de habitantes y una de las tasas de criminalidad más bajas del país. La ciudad colonial yucateca fue una de las pocas que mantuvo un toque de queda estricto por la crisis sanitaria y después de las 11 de la noche no había ni un alma en sus calles de casas colores pastel. “El lugar más seguro de México”, repiten empresarios y alcaldes. Pero la burbuja del paraíso se pinchó a finales de julio. La misteriosa muerte de José Eduardo Ravelo, de 23 años, tras una violenta detención policial ha reabierto el debate sobre los abusos de las autoridades y le ha recordado a México que el horror y la impunidad pueden llegar a cualquier rincón de la República.

El crimen de Ravelo todavía no ha encontrado justicia tres semanas después de su muerte en una camilla de hospital. El joven fue detenido el 21 de julio alrededor de las 10.30 por unos agentes en las calles de Mérida pues, según alega la autoridad, habían recibido quejas de los vecinos porque se encontraba “alterando el orden público”. Unos vídeos que se difundieron en las últimas semanas y que vendrían a respaldar la versión oficial mostraban a Ravelo, también conocido como El Güero, lanzando una piedra dentro de un establecimiento. También se han difundido otras imágenes filtradas supuestamente por los agentes que lo detuvieron donde reconoce haberse drogado con metanfetaminas o cristal. Y de ahí, concluye la defensa de los policías, una conducta “autolesiva”.

A partir de ahí hasta el día de su muerte, el 3 de agosto, lo que vivió Ravelo sigue siendo oficialmente un entramado de contradicciones, ataques políticos entre autoridades estatales, municipales y las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que anunció que sería la Fiscalía General de la República quién investigaría lo sucedido en las calles de la tranquila Mérida. Y denunció de paso lo sucedido pese a que la carpeta de investigación sigue abierta y no hay una acusación formal contra ninguno de los implicados —los cuatro agentes detenidos fueron liberados por falta de pruebas—: “El caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida, eso es un crimen de odio y no se va permitir, y no es nada más una actitud de los de los policías, no solo el que ejecuta, sino el que tolera este tipo de atrocidades”, apuntó.

Ravelo fue liberado 24 horas después. Los vídeos de las cámaras de seguridad callejeras lo muestran tirado en la batea de una camioneta de la Policía Municipal durante todo el recorrido hasta las oficinas del Ministerio Público. Otros vídeos muestran incluso cómo el joven permanece inmóvil en el piso a su llegada a la dependencia. Y en ese reguero de filtraciones de las últimas semanas, en otras imágenes de las celdas para faltas administrativas, se observa al joven sentado tras los barrotes.

Su madre, María Ravelo, denunció ante las autoridades que su hijo la llamó y le contó que había sido golpeado, torturado y violado por los agentes de la Policía Municipal en el momento de su detención. “Primero lo violaron en la patrulla, lo golpearon, y después lo violaron en la cárcel. Él me dijo que fueron varios policías”, señaló la mujer ante las cámaras de los medios nacionales. Contó también que su hijo, originario del municipio La Isla (Veracruz) había llegado a Mérida hacía cuatro meses en búsqueda de empleo. Y fue un día después de su detención cuando la llamó y se lo contó todo. Ella llegó dos días después.

“Yo llegué el sábado 24. Lo vi y le dije que vayamos a la fiscalía a denunciar. Después lo pasaron con el médico legista y ahí le dijeron que estaba grave, que había que llevarlo al hospital para internarlo”, relató la mujer a Milenio. “Cuando llegué lo vi golpeado y en muy malas condiciones, por lo que lo llevé al Hospital O’Horán, donde después falleció y según la necropsia fue a causa de los golpes y la violación de que fue víctima presuntamente de parte de los cuatro policías meridanos”, añadió.

En medio de una tormenta de noticias sobre la misteriosa muerte del joven que llegaron hasta Palacio Nacional y la intervención del presidente, el fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León, declaró como correcta la versión de la madre de Ravelo y la demanda del joven que hizo antes de morir. En una entrevista para la cadena Milenio, León declaró que no había “ninguna duda” de que el joven había muerto por las agresiones que había sufrido por parte de los agentes. No obstante, los cuatro policías implicados en la detención fueron poco después liberados.

Ninguna de las autoridades, ni las estatales ni las nacionales que terminaron por atraer el caso ante el escándalo nacional, han aportado más luz que la de su detención, su resguardo por falta administrativa en una comisaría hasta la mañana siguiente y su fallecimiento una semana después en un hospital por un fallo multiorgánico. Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, tres semanas después de su muerte, el caso Ravelo se enfrasca en el intrincado laberinto de la impunidad mexicano, donde apenas el 10% de los delitos se resuelve.

La muerte de Ravelo remitió a otro crimen en condiciones muy similares contra una inmigrante salvadoreña en otro de los paraísos mexicanos, Tulum, en el Caribe. En marzo, unos policías detuvieron a Victoria Salazar en un barrio popular de la capital del turismo de la Riviera Maya porque supuestamente se encontraba también “alterando el orden público”. Unos vídeos de las cámaras de seguridad y otros tomados con teléfonos móviles mostraban a Salazar tirada en el suelo con la rodilla de una agente de la Policía Municipal presionándole el cuello. La escena y el mismo modus operandi recordó además a la muerte violenta del afroamericano George Floyd y dio la vuelta al mundo.

En los dos casos las autoridades estatales y nacionales prometieron justicia. Rechazaron este tipo de comportamiento abusivo por parte de la policía y durante los primeros días se efectuaron detenciones y despidos. La pregunta que se hace la ciudadanía es si además de combatir el crimen, que en el caso de Ravelo se encuentra atascado en los tribunales, se planteará alguna medida estatal o nacional para que algo como lo que ha sucedido este año en dos rincones paradisíacos de México no vuelva a ocurrir. La credibilidad de un cuerpo ya denostado vuelve a estar en juego.

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