Steve Shadowen: “La demanda contra los fabricantes de armas no es simbólica. Vamos a ganarla”
El abogado del Gobierno mexicano en EE UU asegura que existen antecedentes judiciales que favorecen el reclamo contra el tráfico ilegal de armamento
México se ha metido en un embrollo judicial en su pelea por frenar el tráfico ilegal de armas. La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha demandado este miércoles en Estados Unidos a 11 fabricantes y distribuidores de armamento en un acto que provocó el aplauso de algunos y las críticas de otros. Los detractores más férreos acusan que se trata solamente de un gesto, que no tendrá repercusiones reales. El abogado Steve Shadowen, representante del Gobie...
México se ha metido en un embrollo judicial en su pelea por frenar el tráfico ilegal de armas. La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha demandado este miércoles en Estados Unidos a 11 fabricantes y distribuidores de armamento en un acto que provocó el aplauso de algunos y las críticas de otros. Los detractores más férreos acusan que se trata solamente de un gesto, que no tendrá repercusiones reales. El abogado Steve Shadowen, representante del Gobierno mexicano ante la justicia estadounidense, asegura en entrevista con EL PAÍS que es erróneo pensar así: “Quien dice que esto es meramente simbólico está muy muy equivocado. Es una demanda muy seria”. Existen, según explica, antecedentes judiciales que favorecen la demanda mexicana. “Con lo que hemos visto hasta ahora, estamos en posición de decir que vamos a ganar”, dice al teléfono desde Pensilvania, aunque reconoce que un proceso de este calado podría tomar muchos años.
Pregunta. Para que la demanda prospere, México tiene que demostrar que tiene derecho a demandar a las armerías por ser afectado directo de la venta. ¿Cómo planea hacer eso?
Respuesta. No será difícil probar las formas en las que el Gobierno mexicano ha sido afectado. A principios de siglo, en los 2000, alrededor de 30 ciudades y condados de Estados Unidos demandaron a los fabricantes de armas. Como en este caso, alegaban haber sido perjudicados por la industria armamentística, que había incrementado la violencia, las hospitalizaciones, había causado un daño económico. Y lo que pasó fue que las ciudades y los condados comenzaron a ganar esas demandas. Entonces los fabricantes de armas fueron al Congreso y consiguieron un estatus de inmunidad, pero esa inmunidad aplica solamente para incidentes que ocurren en Estados Unidos, no aplica cuando el uso del arma y el incidente ocurre en México.
P. ¿No es responsabilidad del Gobierno mexicano el ingreso ilegal de armas y el uso que se hace de ellas en el territorio nacional?
R. La entidad que más interés tiene en frenar el tráfico es México, pero la segunda debe ser EE UU. Estas armas son utilizadas por los carteles para pelear contra el Ejército y la policía mexicana con el objetivo de traficar sus drogas. Ninguno de los dos países ha sido capaz de detener el tráfico de armas, y la razón es que no tienen la información sobre las ventas con la que hacer la trazabilidad. La pieza que falta en todo esto son los fabricantes de armas, que tienen acceso a la información en tiempo real de las ventas y que puede indicar qué traficantes al sur de la frontera son el problema. Las armerías son el enlace que falta en los esfuerzos para frenar el tráfico. El punto de esta demanda es forzarlos a hacer su parte, a tomar medidas razonables.
P. ¿Qué significa esta demanda para Estados Unidos?
R. Nosotros priorizamos obviamente obtener justicia para México. Pero si ganamos este caso también será bueno para Estados Unidos en varios sentidos. El primero es que obligará a los fabricantes a endurecer sus políticas de distribución, y cuando lo hagan es probable que las endurezcan de una forma que beneficie también a nuestro país. En segundo lugar, EE UU tiene un interés en que el crimen organizado en México no tenga acceso a este armamento. El Gobierno estadounidense está interesado en el litigio como una cortesía diplomática, pero también quiere proteger sus intereses.
P. ¿Por qué han elegido los tribunales de Boston?
R. Antes que nada, hemos elegido hacerlo en Estados Unidos porque es una demanda seria. Si esto fuera solamente simbólico o un truco político, el Gobierno hubiese presentado esta denuncia en México. Pero no es ninguna de esas cosas, no es meramente simbólico, es muy seria y por eso lo hemos hecho en su propia casa. El centro de fabricación de armas en Estados Unidos está en el noreste, en Connecticut, en Massachusetts, y por eso la hemos presentado allí.
P. ¿Cree que tendrá el apoyo de la Administración Biden?
R. El presidente ha dicho, durante la campaña y después también, que a él le gustaría apelar contra la inmunidad que tiene la industria armamentística, por lo tanto va a ser muy interesante ver cómo la Administración Biden responde a esta demanda.
P. ¿Cómo espera que respondan los defensores de armas en su país?
R. Los fabricantes generan mucho dinero vendiendo armas sin restricciones, entonces van a luchar todo lo que puedan contra esta demanda, y obviamente el Gobierno [mexicano] entiende eso. Ellos van a decir que no es verdad que el armamento es traficado. Pero por supuesto que lo es, vemos esas armas en escenas del crimen en México cada día. Las organizaciones que defienden el uso de armas, por su parte, tuvieron una reacción inicial en contra, pero incluso ni los más defensores pueden oponerse. ¿Quién va a pararse y decir que está a favor del tráfico de armas a los carteles en México? Es absurdo. Una vez que pase el impacto inicial, van a ver que no hay razones para oponerse.