Los diputados aplazan la reforma al Banco de México a 2021 ante las críticas
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoce que “no se analizaron las muy importantes implicaciones para el sistema financiero mexicano” que tenía el cambio
La Cámara de Diputados ha aplazado este martes la discusión de la polémica reforma a la ley del Banco de México. El debate se retomará en enero con una serie de actores y se pretende someterla a votación en febrero de 2021. La reforma había sido aprobada de forma rápida en el Senado gracias a la mayoría de Morena la semana pasada y ahora necesita las observaciones y el visto bueno de la segunda cámara. Las modificaciones a la norma habían suscitado ...
La Cámara de Diputados ha aplazado este martes la discusión de la polémica reforma a la ley del Banco de México. El debate se retomará en enero con una serie de actores y se pretende someterla a votación en febrero de 2021. La reforma había sido aprobada de forma rápida en el Senado gracias a la mayoría de Morena la semana pasada y ahora necesita las observaciones y el visto bueno de la segunda cámara. Las modificaciones a la norma habían suscitado el rechazo de las autoridades bancarias y de diversos organismos financieros al considerar que abría las puertas al lavado de dinero y limitaba la autonomía del banco central.
Morena ha decidido crear una “comisión bicameral de trabajo” con la participación del Banco de México. El senador Ricardo Monreal, impulsor de la propuesta, ha reconocido “la necesidad de escuchar y ampliar la deliberación” si bien ha insistido en las virtudes de la iniciativa. La reforma a la ley obligaba a la institución monetaria a aceptar los remanentes en dólares que los ciudadanos no podían intercambiar en bancos comerciales. El objetivo, según su impulsor, era facilitar el intercambio de las remesas recibidas en dólares. “[Las familias] Tendrán la seguridad de que los dólares recibidos siempre podrán ser cambiados por pesos en los bancos. Lo mismo para aquellas personas que dependen del turismo”, escribió Ricardo Monreal este martes en una columna para este diario.
Pero la reforma se había topado con el rechazo casi unánime de la comunidad bancaria. La Asociación de Bancos de México advirtió que ponía “en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano”. El argumento de las remesas tiene poco sustento, apuntan los expertos. En lo que va de año más del 99% de los envíos de dinero se ha hecho de forma electrónica, no en efectivo. Incluso el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha reconocido que no se habían analizado “las muy importantes implicaciones para el sistema financiero mexicano” que implicaba esta reforma. Herrera ha considerado “adecuado dar espacio para tener una discusión más técnica y profunda”.
Además, las autoridades monetarias habían alertado de que la norma abría las puertas al lavado de dinero del crimen organizado al obligar al Banco de México a aceptar como parte de sus reservas internacionales aquellos dólares que las instituciones comerciales mexicanas no habían logrado repatriar. “Abre la posibilidad de entrada de recursos de procedencia ilícita no solo al circuito financiero mexicano, sino directamente a las reservas internacionales”, explicaba en entrevista con este diario el subgobernador de la institución, Gerardo Esquivel. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno, Santiago Nieto, también había solicitado “una discusión más amplia y técnica para enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación sin generar riesgos de lavado de dinero”.
La reforma ha despertado especulaciones sobre a quién beneficiaba tales cambios. El senador independiente Emilio Álvarez Icaza ha señalado que Banco Azteca hizo cabildeo entre los legisladores antes de la aprobación por el Senado. El dueño del banco, el empresario Ricardo Salinas Pliego, miembro del consejo asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los pocos en defender públicamente las modificaciones en la ley.
El cambio de normas ha levantado ampollas en una institución muy recelosa de sus competencias. Desde 1994, el Banco de México tiene autonomía para decidir la política monetaria según la Constitución. La obligación de comprar los remanentes en dólares implicaría, según los expertos, ajustar el balance bancario en base a criterios no técnicos y puede erosionar aún más la confianza empresarial en un momento muy delicado por la crisis económica del coronavirus.