La esposa del médico encarcelado tras la muerte de un paciente con covid exige su liberación: “Vivo una pesadilla, él es inocente”

La vida le cambió de golpe a Fernanda Ochoa el 25 de julio. Ese día había salido de su casa, en el Estado de Chiapas (sureste de México), para atender un asunto familiar cuando recibió una llamada de su esposo, el médico Gerardo Grajales Yuca. “Estoy detenido”, le dijo. Ochoa no entendía que pasaba. Su esposo no tuvo tiempo de darle detalles. “Dile a mi papá que venga a la dirección que te voy a enviar y consígueme un abogado”, fueron sus palabras antes de terminar la llamada. “Fue sorprendente para ambos”, dice Ochoa con la voz entrecortada por los nervios. Grajales es el jefe de Urgencias de...

La vida le cambió de golpe a Fernanda Ochoa el 25 de julio. Ese día había salido de su casa, en el Estado de Chiapas (sureste de México), para atender un asunto familiar cuando recibió una llamada de su esposo, el médico Gerardo Grajales Yuca. “Estoy detenido”, le dijo. Ochoa no entendía que pasaba. Su esposo no tuvo tiempo de darle detalles. “Dile a mi papá que venga a la dirección que te voy a enviar y consígueme un abogado”, fueron sus palabras antes de terminar la llamada. “Fue sorprendente para ambos”, dice Ochoa con la voz entrecortada por los nervios. Grajales es el jefe de Urgencias del Hospital de Especialidades Vida Mejor, del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores (ISSTECH), localizado en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado, y era el especialista al frente de la pandemia de coronavirus cuando lo detuvieron acusado de abuso de autoridad. El caso ha indignado a sus colegas e involucra a la hija de un influyente político local que murió en dicho hospital a causa de la covid-19. En México han muerto hasta la fecha 46.688 personas debido a la pandemia. “Vivo una pesadilla. Pido a las autoridades que investiguen bien, porque mi esposo es inocente”, afirma entre lágrimas Ochoa.

La acusación contra el médico la hizo la hija de Miguel Arturo Ramírez López, un político camaleónico con mucha influencia en el Estado, que había sido diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también ocupó cargos en otras organizaciones, como el ahora opositor Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Un caudillo local, con poder e influencia, a decir de periodistas chiapatecos. Ramírez López falleció a causa de la covid-19 el 7 de julio y su hija, Karen Alejandra Ramírez Molina, acusó de negligencia al doctor que lo atendió, Grajales, e interpuso una demanda en su contra por abuso de autoridad. La mujer alega que el médico le pidió equipo y medicamentos a cambio de tratar a su padre. La Fiscalía local aceptó la demanda y ordenó la detención de Grajales, quien espera un juicio en las celdas del Centro Estatal Preventivo de Chiapas.

La detención de Grajales generó indignación entre sus colegas y pacientes. Un día después de que fuera apresado, más de 500 médicos, enfermeras y personal sanitario de varios hospitales de Chiapas se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez exigiendo la liberación del urgenciólogo. Con apenas 41 años, Grajales padece una enfermedad del corazón que le fue diagnosticada hace tres años. “Su cardiólogo le dijo que no puede estar sometido a situaciones de estrés. En 2016 tuvo una crisis, le dan escalofríos, le sudan las manos, le duele el pecho y le sube la presión arterial”, explica Fernanda Ochoa, de 27 años y de profesión odontóloga. Ella afirma en conversación telefónica con EL PAÍS que desde que fue apresado no ha podido ver a su esposo, porque las autoridades han restringido las visitas a la prisión a causa de la pandemia. Este sábado esperaba ansiosa los resultados de una resonancia magnética a la que sería sometido. Su teléfono no ha parado de sonar, dice, con llamadas de colegas y pacientes que le expresan solidaridad. “Mi esposo no es político. Es un médico al que le apasiona su trabajo. Se sentía feliz al ver salir adelante a sus pacientes que padecían covid-19. Estaba orgulloso porque su hospital era el que había tenido mejores resultados frente a la pandemia en Chiapas”, asegura.

Ochoa dice que todos los abogados que ha consultado desde la detención de su esposo le dicen que las pruebas contra él son débiles y que hay posibilidades de que sea liberado, aunque el 30 de julio el juez local Carlos Morales Urbina admitió el proceso contra Grajales. “Los abogados me dicen que la acusación no tiene fundamento, que no está sustentada. Esto debe ser un malentendido. Es sorprendente lo que ha pasado, no me lo puedo creer. Hay algo que las autoridades no están viendo, mi esposo es inocente”, afirma. “Quiero que mi esposo regrese a casa para que conviva con nuestro bebé de seis meses. Somos una familia tranquila. Esto se una pesadilla y solo quiero que acabe ya”.