Las cuentas de 2018: optimismo sin euforia

Los Presupuestos Generales de Estado entraron ayer por fin en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria que, si la aritmética de partidos lo permite, deberá estar concluida en el mes de junio, es decir, con seis meses de retraso. No cabe duda de que la aprobación de las cuentas públicas contribuiría a lanzar una siempre conveniente señal de estabilidad, reforzando nuestra solvencia de cara a los inversores, por lo que sería deseable que se alcanzasen acuerdos con este objetivo.

Los presupuestos elaborados por el Gobierno podrían calificarse de optimistas, y, a la vista del cuadro macroeconómico en el que se sustentan, no parecen pecar de imprudentes. Vientos de cola exteriores –como el dinamismo de la economía mundial, particularmente de la zona euro– e interiores –desapalancamiento, fortalecimiento de la demanda interna…– han propiciado una revisión al alza del crecimiento de nuestro PIB, hasta el 2,7%, lo que puede suponer que España tenga un crecimiento por quinto año consecutivo con un saldo corriente positivo. Este incremento, que ha sido avalado por la AIReF, permitirá, según el Gobierno, crear 475.000 puestos de trabajo, cerrando el año con una tasa de paro del 15%, algo que, a la vista de la evolución del empleo de los últimos años, no parece descabellado. Además, este optimismo sobre nuestra economía ha sido corroborado por las subidas de ráting anunciadas recientemente por tres agencias de calificación, lo que ha aumentado el interés de los inversores.

Este nuevo crecimiento del PIB, el aumento de la inversión empresarial –gracias a la patente subida de la facturación–, el incremento del empleo y de los salarios, y el avance del consumo y de las exportaciones son los pilares sobre los que se han construido estas cuentas del Estado para 2018 que, a entender del Gobierno, van a permitir elevar los ingresos públicos para atender una prevista subida de gastos, y todo ello sin excedernos del déficit establecido por Bruselas para nuestro país (2,2%).

Si bien estos presupuestos resultan moderadamente expansivos, las medidas en este sentido atienden principalmente al gasto social, posiblemente por una motivación de sesgo político, aunque alguna de ellas –como es el caso la subida salarial a los funcionarios– responde a acuerdos cerrados con anterioridad. No obstante, si se mantiene la expansión de la actividad, estas partidas podrían ser asumidas, ya que estos Presupuestos se asientan sobre un techo de gasto no financiero solo un 1,3% más elevado que en 2017, eso sí, siempre y cuando las desviaciones no sean excesivas. Otra cuestión aparte es que alguna de estas decisiones, como por ejemplo la subida de las pensiones contemplada en los presupuestos, resulten realmente eficaces para resolver a medio y largo plazo un problema de tal calado.

Cuestión más discutible es el tema de la recaudación récord que se prevé –12.000 millones, es decir, un 6% más que en el ejercicio anterior–. Para alcanzar el objetivo del déficit para este ejercicio, se necesitarían 10.000 millones, por lo que sobrarían 2.000 millones para atender una rebaja tributaria para alrededor de 3,5 millones de contribuyentes.

Si tenemos en cuenta que la estimación de ingresos tributarios es más del doble del crecimiento previsto del PIB, dicha estimación podría calificarse de ambiciosa. No así en el IVA, ya que, en este caso, el aumento de la recaudación por este impuesto podría venir propiciado por el incremento sostenido del consumo ligado al crecimiento económico. Tampoco en el Impuesto de Sociedades, a la vista del buen arranque de la de la facturación de nuestras empresas en lo que va de año, y a las que, en cuanto motor de nuestra economía se las debería haber primado revertiendo de manera gradual las medidas excepcionales en los pagos fraccionados que les provocan un claro adelanto impositivo. En cuanto a IRPF, la recaudación prevista ya no parece tan fácil de cumplir, si tenemos en cuenta que la recaudación por este impuesto aumentó un 6,4% en 2017 cuando el incremento del PIB fue del 3,1%, y ahora se estiman unos ingresos por este concepto de un 6,5% más para este año, cuando el crecimiento que se prevé es del 2,7%, y más si tenemos en cuenta que los Presupuestos Generales contemplan una rebaja fiscal en IRPF cifrada en 2.000 millones. Bien es verdad que estas rebajas impositivas, sumadas a la evolución positiva del mercado de trabajo, pueden actuar como palanca para el crecimiento económico, con lo que se incrementaría la renta disponible y la recaudación.

Dicho esto, no podemos olvidar que sobre nuestra economía penden una serie de riesgos endógenos y exógenos que no se pueden obviar. El primero de ellos es el déficit. Aunque España cumplió por los pelos con el objetivo establecido por Bruselas en 2017, siguió teniendo el déficit público más elevado de la UE 27, estando nuestro país, además, obligado a reducirlo este año del 3,07% al 2,2%. Otro asunto especialmente delicado es nuestra abultada deuda pública, que –como ha señalado el Banco de España– ha marcado un récord histórico en términos absolutos en 2017, con un 3,35% más que el año anterior, lo que supone un 98,3% del PIB. En cuanto a los factores externos que amenazan a nuestra economía, hay que destacar el auge del proteccionismo, la probable apreciación del euro, la subida del precio del petróleo y la reducción de las medidas de estímulo del BCE, con la consiguiente subida del tipo de interés y el descenso de la compra de deuda. Y todo ello, sin olvidarnos de la crisis en Cataluña, que continúa irresuelta.

Antes nos atrevimos a calificar de prudentes a las previsiones macroeconómicas del Gobierno y de moderadamente expansivos a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (si bien echamos en falta un mayor esfuerzo inversor en factores estratégicos, como infraestructuras e I+D+i), pero aunque la situación económica puede permitirnos ser optimistas, el panorama descrito en el párrafo anterior llama a actuar con cautela y no con euforia, ejecutando unos presupuestos sin desvíos importantes en los gastos, ya que podría frenarse la velocidad de crucero que, de un tiempo a esta parte, está viviendo nuestra economía que, acompañada de una buena gestión, constituye la base fundamental para poder incrementar los niveles de bienestar de nuestra sociedad.

Valentín Pich es presidente del Consejo General de Economistas de España