El allanamiento policial a la casa de una mujer que da a luz: Chile debate sobre el caso que afecta a la presidenta de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, Karol Cariola, llegó este martes al Congreso en Valparaíso con su hijo de ocho días en brazos para enfrentar una moción de censura presentada por el Partido Social Cristiano (PDC). La formación conservadora vinculada a las iglesias evangélicas fracasó en su intento de botar la mesa de la Cámara con el objetivo de remover a la diputada comunista, investigada por la Fiscalía en el marco de un caso de tráfico de influencias. Cariola llegó al hemiciclo interrumpiendo su baja de postnatal, con el recién nacido a cuestas y, tras la votación a su favor –72 votos en contra, 51 a favor y una abstención– festejó con el puño en alto en la testera. Es la última imagen de un caso político-judicial ampliamente debatido en Chile desde que el pasado 3 de marzo la policía allanó su domicilio, mientras Cariola daba a luz a su primer hijo, Borja. La diputada ha solicitado la nulidad del procedimiento y ha dicho que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando que sus derechos fundamentales y los de su hijo fueron vulnerados.

Cerca de las siete de la mañana del 3 de marzo un grupo de detectives de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó su departamento en el barrio residencial de Providencia, Santiago. Lo hicieron con una orden de entrada y registro otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago del 28 de febrero, luego de la solicitud del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. El fiscal lidera una investigación por la fallida compra de la Clínica Sierra Bella por parte de la exalcaldesa comunista de Santiago, Irací Hassler; un espacio que la diputada Cariola le sugirió adquirir cuando Hassler lideraba la comuna. La PDI, sin embargo, luego descubrió irregularidades en la tasación de la propiedad. Cooper indaga, adicionalmente, un presunto delito de tráfico de influencias que involucra a Cariola, que en conversaciones por WhatsApp habría intercedido ante Hassler para que un amigo y empresario chino obtuviera una patente de alcoholes en el municipio de Santiago, el centro de la capital chilena. El reporte policial, según medios locales, indica que “la totalidad de la conversación entre Irací Hassler y Karol Cariola fue borrada y recuperada con el programa forense”.

La presidenta del Congreso no estaba en su casa cuando llegaron los funcionarios de la PDI para incautar sus aparatos electrónicos, ya que tres horas antes había parido a Borja. En el domicilio se encontraba su suegra, la madre del parlamentario socialista Tomás de Rementería, y los dos hijos de éste, de tres y ocho años. De Rementería dijo a T13 Radio que los detectives le informaron a su madre que si no les abría la puerta, ingresarían a la fuerza. Ella contactó a su hijo y este acudió al domicilio con el traje quirúrgico puesto, según su relato. “Me dicen que ellos (la PDI) tienen un carro en el hospital y que si no le entregan el teléfono ‘esto va a ser con escándalo”. En un vídeo difundido por redes sociales el sábado 8, el Día Internacional de la Mujer, Cariola planteó que tanto ella como su bebé fueron víctimas “de una gran violación” de sus derechos y que su pareja y familia “recibieron amenazas de ingresar incluso a mi sala de parto en el hospital donde me encontraba”. Su defensa plantea que “cualquier tribunal podría calificarlo de violencia obstétrica”.

El fiscal Cooper aseguró a La Tercera que él no sabía que la diputada estaba en trabajo de parto ese día, que el operativo estaba previsto para realizarse la semana anterior, pero por un tema técnico no se pudo y que era necesario allanar el lunes porque ese día debía que darle acceso a los intervinientes del caso Sierra Bella a un informe clave de la PDI, incluida la defensa de Hassler, “y eso pondría en peligro el éxito de la diligencia, dado el nexo entre ambas”, sostuvo en alusión a Hassler y Cariola. Insatisfecho, el ministro de Justicia de Boric, Jaime Gajardo, comunista, aseguró que el Ministerio Público todavía tiene que “explicar más” de por qué realizó el operativo en ese momento, pudiendo haberlo hecho antes o eventualmente después.

Sobre el emplazamiento de Gajardo, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo en el Congreso que el Ministerio Público es autónomo constitucionalmente. “Las explicaciones que haya que dar sobre la resolución o las medidas que toma la Fiscalía, las damos ante los tribunales o las damos ante la comunidad cuando, conforme el interés público o el interés público de la investigación, así lo aconsejan”, respondió.

La oposición ha criticado con timidez que la PDI allanara la casa de la diputada el mismo día del parto, pero ha pedido no desviar la atención del posible caso de corrupción que se está investigando. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo que hubiera preferido que el allanamiento se hubiera hecho otro día, aunque apuntó: “Ojalá no desviemos la atención, el tema principal es que en Chile hay mucha corrupción, el dinero se está desviando. Caiga quien caiga”. En la Cámara de Diputados, en el debate de la moción de censura, la diputada del PSC, Sara Concha, defendió: “Como servidores públicos, al igual que cualquier ciudadano, estamos sujetos a altos estándares de probidad y transparencia”.

La defensa de Boric

Cariola calificó en Valparaíso de “injusticia” lo que está viviendo, en base a un informe “desprolijo, con vinculaciones falsas, con errores evidentes”. Eso sí, no ahondo en el fondo de las acusaciones. El tema ha ido escalando y este martes el propio presidente Gabriel Boric salió a darle un espaldarazo a su compañera de las marchas estudiantiles de 2011. “Critican a Karol Cariola por defenderse, después de tener a su hijo Borja, mientras la atacan con saña. ¿Qué pretenden? ¿Que no se defienda, renuncie a la presunción de inocencia y se rinda ante los insultos de la derecha? No la conocen”, escribió en sus redes sociales, y añadió que la diputada siempre ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia “y esta deberá juzgar de manera imparcial cualquier hecho que se le impute”.

La Defensoría de la Niñez, una institución autónoma de derechos humanos, también se refirió a “la situación” de la presidenta de la Cámara de Diputados y señaló: “No vislumbramos vulneraciones graves, ni acciones que debamos emprender”, aseguró la institución a través de un comunicado, ante las críticas por la decisión de Cariola de llevar a su hijo de ocho días a un espacio público como el hemiciclo de la Cámara. Por su parte, la académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, Martina Yopo, una voz respetada en asuntos de maternidad, calificó en X de “inaceptable” la vulneración a la diputada. “Una muestra más de la ausencia de condiciones dignas para tener hijos. Después se preguntan por qué tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo”, dijo en referencia a los 135.539 nacimientos en 2024, un 20% que el año anterior.

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Mario Cayul, informó que este jueves se realizará una audiencia para debatir la nulidad del allanamiento de la PDI, la que será reservada y sin público.