El Gobierno de Boric logra un acuerdo clave con la derecha tradicional para destrabar la reforma de pensiones

El Gobierno de Gabriel Boric ha llegado a un acuerdo con senadores de Chile Vamos, una coalición de partidos de la derecha tradicional, para sacar adelante el proyecto de reforma de pensiones tramitado en la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta. Jeannette Jara, ministra del Trabajo, ha dicho que con este avance se logrará que “se destraben estos 10 años donde las AFP [Administradoras de Fondos de Pensiones] han tenido trancada la puerta para hacer cambios en nuestro país”.

Las últimas indicaciones al proyecto, ingresadas por el Gobierno este miércoles y que han abierto el camino a un acuerdo, no incluyen el fin de las AFP —una pretensión original del Gobierno—, pero sí incorpora una licitación del stock en la cartera de afiliados. Según una minuta proporcionada por el Ministerio de Hacienda, cada dos años se licitará el 10 % de afiliados actuales, seleccionados aleatoriamente, y así para promover “una baja en las comisiones, se adjudicará la administración del ahorro previsional de este grupo al oferente con la menor comisión”, que deberá mantener dicho precio por cinco años.

Los cambios en esta industria habían sido uno de los mayores nudos en las discusiones legislativas. El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, de la derecha tradicional, ha dicho que la licitación de stock permitirá una mayor competencia, baje la cotización pagada y establece incentivos para la recaudación.

Una reforma de pensiones podría ser clave para la recuperación del mercado de capitales chileno, que resultó debilitado debido a tres retiros extraordinarios de ahorros previsionales durante la pandemia. En una entrevista con EL PAÍS a fines de diciembre, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha afirmado que la reforma pensional “sería un impulso para la economía” porque permitirá la acumulación de mayores ahorros, la reactivación del mercado de capitales de largo plazo y un mejor financiamiento para los créditos hipotecarios, las empresas y pyme [Pequeña y mediana empresa], y el Gobierno.

Entre las indicaciones presentadas esta tarde, el Ejecutivo también ha propuesto establecer un aporte total de los empleadores al sistema de pensiones del 8,5 % de la remuneración imponible, lo que estará compuesto de un aporte directo a las cuentas de capitalización individual del 4,5 %, otro diferido a las mismas cuentas del 1,5% de carácter transitorio por 30 años que será entregado íntegramente a la pensión del afiliado, con reajustes e intereses, una vez que este se acoja a jubilación; y una cuota del 2,5 % al Seguro Social que se pretende crear en caso de aprobarse la reforma.

Otro de los cambios más relevantes introducidos por el Gobierno ha sido un beneficio por tiempo cotizado equivalente a 0,1 unidades de fomento (UF) por año cotizado, con un máximo de 25 años (2,5 UF). “El requisito mínimo de años cotizados para acceder a este beneficio será de 13 años para las mujeres y 20 años para los hombres y se aplicará íntegramente por los primeros 20 años, y de modo decreciente por los siguientes 10, momento en que dejarán de acceder nuevos beneficiarios”, señala el texto entregado por Hacienda.

De igual modo, se establece un aumento de 214.000 (214 dólares) a 250.000 pesos (USD 250) de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Para consumar el acuerdo, la Administración de izquierdas ha debido realizar modificaciones durante el trámite legislativo a su propuesta presentada en noviembre de 2022 para reformar el sistema previsional, una de las promesas de campaña de Boric. Horas antes de presentar el paquete de nuevas cambios, la ministra Jara ha reiterado que este sería un acuerdo que “seguramente no dejaría feliz ni a todo el oficialismo ni a toda la oposición, pero va a producir los cambios que el país requiere”.

Las indicaciones han producido un efecto inmediato. La comisión de Trabajo, donde ha tenido un largo tránsito, ha aprobado de forma unánime la idea de legislar un cambio al sistema previsional y abierto el camino para continuar con su trámite en el Senado antes de que el Congreso comience su receso legislativo en el mes de febrero.