Más alternativas para la protección de la infancia y adolescencia
En este proceso de implementación de las nuevas Residencias Familiares, el Estado y el sector privado compartimos el desafío de ofrecer no solo espacios seguros sino hacer todos los esfuerzos para sanar sus heridas y trabajar con sus familias
Chile tiene un desafío enorme y el deber de brindar protección, reparación y acompañamiento a miles de niños, niñas y adolescentes que son derivados por orden de los tribunales de justicia a familias de acogida y residencias. Cada vez que la justicia determina separar a un niño, niña o adolescente de su familia porque corre peligro su integridad, sea física o sicológica, el Estado con la colaboración de privados tiene la obligación de acogerlos y ofrecerles un cuidado lo más personalizado posible. Su estadía debería ser transitoria y sujeta a revisiones periódicas por el tribunal de familia que lleve la causa, siempre entendiendo que el lugar de amor y cuidados debiera ser con una familia.
La realidad actual es preocupante y no refleja los avances que hemos logrado como sociedad en otros indicadores sociales. Entre octubre de 2021 y noviembre de 2024, el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en residencias aumentó de 4.417 a 5.008, destacando un incremento del 33% en la primera infancia —de 0 a 3 años— y un alza del 22% en adolescentes de 14 a 17 años.
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es la institución que brinda protección especializada a niños, niñas y adolescentes. En cuidado alternativo estamos abocados a fortalecer el programa de Familias de Acogida y daremos comienzo al nuevo modelo de Residencias Familiares organizadas en grupos etarios: de 4 a 8 años, de 9 a 13 años y de 14 a 18 años.
Se iniciará con 74 Residencias Familiares que, luego de concursos públicos, implementarán organismos privados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Biobío y La Araucanía, para luego extenderse a todo el país, que aportarán a reducir listas de espera. Estos lugares tendrán una capacidad de 12, 16 o 20 cupos, para lograr atenciones más personalizadas. También, contarán con más cuidadores terapéuticos para niños, niñas y adolescentes, y se establecerán convenios por períodos de 2 a 3 años para garantizar la estabilidad y continuidad de estas. El nuevo modelo incluye un aumento significativo en el aporte financiero del Estado a las instituciones privadas, que será del 21% en el tramo de 4 a 8 años, 45% en el tramo de 9 a 13 años, y 32% en el tramo de 14 a 18 años.
Las Residencias Familiares contarán con programas para fortalecer el vínculo con sus familias de origen y en el caso de adolescentes, prepararlos para una vida independiente. En los próximos meses además contaremos por primera vez con Residencias de Tránsito a la Vida Adulta, destinadas a jóvenes entre 18 y 24 años que se encuentren bajo protección especializada y estén cursando estudios, cuyas bases técnicas hemos puesto en consulta pública durante enero de 2025 en la página web institucional, de manera de dar cuenta de un compromiso de Estado, que surgió del Acuerdo Nacional por la Infancia referida a la preparación y acompañamiento planificado y efectivo del egreso de las y los jóvenes desde los programas de cuidado alternativo.
Para el nuevo servicio, estos avances y mejoras no habrían sido posible sin escuchar y trabajar colaborativamente con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que históricamente han acogido a la infancia y adolescencia. En este proceso de implementación de las nuevas Residencias Familiares, el Estado y el sector privado compartimos el desafío de ofrecer no solo espacios seguros sino hacer todos los esfuerzos para sanar sus heridas y trabajar con sus familias. La idea es alejarlos temporalmente de sus familias para interrumpir las graves vulneraciones de derechos que están sufriendo, así intentar reparar el daño y dar a cada niño, niña y adolescente la oportunidad de reconstruir su futuro, de soñar, de crecer y de forjar un proyecto de vida pleno y libre.