La crisis migratoria tensa la relación diplomática entre Chile y Perú

La crisis migratoria ha tensado esta semana las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú. El intento de unos 200 inmigrantes sin documentación, la mayoría venezolanos, de cruzar desde la norteña ciudad chilena de Arica a la peruana de Tacna llevó al Gobierno de Dina Boluarte a decretar estado de emergencia en zonas fronterizas, lo que se traduce en que las policías y militares puedan restringir el ejercicio de los derechos constitucionales relacionados al libre...

La crisis migratoria ha tensado esta semana las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú. El intento de unos 200 inmigrantes sin documentación, la mayoría venezolanos, de cruzar desde la norteña ciudad chilena de Arica a la peruana de Tacna llevó al Gobierno de Dina Boluarte a decretar estado de emergencia en zonas fronterizas, lo que se traduce en que las policías y militares puedan restringir el ejercicio de los derechos constitucionales relacionados al libre tránsito, entre otros. El asunto escaló cuando el alcalde de Tacna calificó de “innombrable” e “irresponsable” al presidente Gabriel Boric por su gestión en torno a la migración. El canciller chileno, Alberto van Klaveren, citó en la tarde del jueves al embajador de Perú, Jaime Pomareda, para pedirle explicaciones. Además, presentará una nota diplomática de protesta por los comentarios.

“No debemos permitir que un innombrable e irresponsable traslade los problemas de una frontera a otra”, sostuvo Pascual Güisa, alcalde de Tacna. Las declaraciones llegan un par de semanas después de que el Ministerio Público chileno anunciara que los fiscales pedirán a la justicia la prisión preventiva de todos los extranjeros imputados por algún delito que no cuenten con Documento Nacional de Identidad (DNI). La ministra del interior, Carolina Tohá, respondió esta mañana a los dardos lanzados por el representante de Tacna: “Palabras como esas no contribuyen en lo más mínimo a hacerse cargo al tipo de fenómeno que tenemos al frente y al papel que nos corresponde a las autoridades para manejarlo de la manera más adecuada”.

Güisa no fue la única autoridad peruana que interpeló a Boric. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, le pidió al mandatario chileno y a los otros que “solucionen sus problemas” y “que no los tiren hacia otro país”. Otárola aclaró que están en conversaciones con las autoridades migratorias chilenas para resolver el problema “que afecta a los dos países”, pero que lo ocurrido no perjudica las relaciones bilaterales.

Entre diciembre y marzo, Chile ha reconducido a entre 800 y 1.500 personas, según Interior. El canciller chileno reconoció que el estado de emergencia decretado en Perú, que frena el paso de los inmigrantes sin documentos, “aumenta la presión” en el norte. “Se plantea un problema humanitario importante. Requerimos de la asistencia de organizaciones internacionales con experiencia en esta materia”, afirmó van Klaveren. En la última semana, las autoridades de ambos países vinculadas al tema han sostenido al menos tres videoconferencias para abordar el problema.

Desde hace al menos 10 días que Perú ha intentado frenar el flujo migratorio desde Chile a su territorio. Sin embargo, decenas de personas burlaron este miércoles la vigilancia fronteriza peruana, lo que impulsó la decisión de la presidenta peruana de desplegar a los militares. El jefe de la División de Orden y Seguridad de Tacna, Ramón Ramos, informó este jueves que se trató de 86 migrantes sin documentos y que fueron reconducidos a la zona fronteriza chilena, según el periódico La República.

“Vamos a disponer de recursos para ir en apoyo, especialmente de las personas más necesitadas, que son los niños, las niñas y mayores que tienen enfermedades, y que su destino no es Chile, sino que es llegar a Venezuela”, sostuvo este jueves el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, quien puso en marcha un decreto de emergencia migratoria.

Estado de emergencia en Perú

De todos los puntos fronterizos de Perú, el más álgido es el de la Línea de la Concordia que divide a Tacna y Arica. Se ha convertido en una autopista de doble vía muy transitada. “Es un promedio diario de 60 a 70 personas. El pico más alto en los últimos quince días ha sido de casi 400 personas, pero de un día a otro disminuyen. Eso nos hace pensar que están pasando por algún punto”, ha dicho Edward Vargas, el defensor del pueblo de Tacna.

Los migrantes, la mayoría venezolanos, haitianos y colombianos, se han instalado en plazas y parques, en carpas. Y eso ha generado rechazo entre algunos vecinos como Andrea Celis, dueña de un resturante. “Los tacneños siempre hemos sido conocidos por tener una ciudad ordenada, limpia y segura. Uno sentía tranquilidad de poder andar con la familia, pero ahora lamentablemente las calles han vuelto a ser invadidas por extranjeros”. Su esposo, Renato Márquez, advierte que, aunque “la ciudad no da para más”, la solución no es botarlos y dejarlos a su suerte.

El Gobernador Regional de Tacna, Luis Torres Robledo, ha propuesto emplear terrenos abandonados de propiedad del Estado como refugios temporales para los migrantes. Y como sucede siempre con la migración, algunas voces más radicales han propuesto medidas más radicales como un congresista que dijo que los agentes a cargo del control de la frontera deberían estar preparados para disparar en caso necesario.

Este viernes entra en vigencia el decreto supremo que establece el estado de emergencia por 60 días en siete regiones que colindan con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. Las Fuerzas Armadas podrán brindar apoyo a la Policía Nacional en cuestiones de control y vigilancia. Es decir, se militarizarán las fronteras. Para la presidenta Boluarte existe una correlación entre los migrantes y la delincuencia. Por eso, otra de sus medidas es fijarles un plazo de seis meses para regularizar su situación migratoria. Quienes no cumplan con los trámites serán expulsados.

Aunque en el discurso en el que anunció el estado de emergencia el miércoles la mandataria no brindó cifras que sustentaran su acusación, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha reportado que de los 90.000 ciudadanos que se encuentran en prisión a nivel nacional, 3.714 son extranjeros, poco más del 4%. De ellos, la mayoría —2464— son de origen venezolano. El presidente del Congreso, José Williams, ha señalado que este problema es un asunto sudamericano que se debe trabajar en conjunto a nivel de los ministerios de Relaciones Exteriores de los países involucrados. Se trata de una idea que coincide con un mensaje repetido por Boric desde que llegó a La Moneda: para él, la solución a las crisis migratorias y, en este caso la venezolana, pasa por la cooperación regional.