Bolivia cierra el año con manifestaciones por el ajuste económico de Rodrigo Paz

La presión social en Bolivia contra el decreto 5503, que declara emergencia económica en el país y elimina el subsidio a los hidrocarburos, no cede durante las fiestas de fin de año. En el octavo día de protestas contra la normativa, promulgada el 17 de diciembre, una marcha en La Paz encabezada por la mayor confederación sindical del país, la Central Obrera Boliviana (COB), se enfrentó el martes con la Policía cuando intentaba atravesar un cordón de seguridad para ingresar a la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos y balines de goma, que fueron respondidos por los manifestantes con petardos y pequeñas cargas de dinamita.

El mismo martes, maestros de la educación pública urbana instalaron un piquete de huelga de hambre que se suma a otros impulsados por esposas de mineros. La medida más comentada del decreto es la suspensión del subsidio a la gasolina y al diésel, cuyos precios subieron alrededor de un 90% y un 160%, respectivamente. El alza del costo de la canasta básica es considerado inminente. Sin embargo, los dirigentes de la COB sostienen que se están pasando por alto otros aspectos de la norma, que cuenta con más de 120 artículos. Entre las principales críticas figura también la disposición que facilita la inversión de capital extranjero en recursos estratégicos sin la aprobación del Parlamento durante el periodo de excepción.

Los dirigentes de la COB, una institución fuertemente cuestionada por su cercanía con los anteriores gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), aseguran que el decreto implica una pérdida de soberanía nacional. El miércoles, acordaron que asistirán al diálogo convocado para el lunes 5 de enero con el Gobierno, pero insisten en que el decreto debe ser abrogado.

“Las medidas que el Estado y las empresas tomarán de aquí en adelante serán ley y, básicamente, le estaremos poniendo un florero a la Asamblea Legislativa”, argumentó el máximo dirigente de la central, Mario Argollo. La Confederación de Trabajadores de la Educación, tanto urbana como rural —otro de los frentes principales de la protesta—, arremete por su parte contra el congelamiento de salarios y la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público.

Uno de los líderes sindicales que participan en la huelga de hambre, José Luis Álvarez, sostiene que el decreto carga la crisis económica que atraviesa Bolivia a la clase trabajadora. “Para todos los gobiernos, el camino más fácil es ajustar los cinturones a los trabajadores en las crisis que ellos mismos producen, no nosotros”, afirmó. El país andino enfrenta una inflación interanual que supera el 20%, impulsada por la escasez de dólares, luego de que su principal fuente de divisas durante las últimas dos décadas —la exportación de gas— se redujera hasta en un 40 % desde 2014.

El presidente Rodrigo Paz ha sido claro en que no derogará la normativa, pero ha convocado en varias ocasiones al diálogo con los sectores movilizados. El martes por la tarde, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció la conformación de mesas técnicas de diálogo. “La idea es tratar los alcances del decreto, particularmente aquellos puntos planteados por los grupos movilizados (…) Entendemos su posición, pero la problemática es muchísimo más profunda”, señaló en conferencia de prensa. Sin embargo, los intentos de diálogo entre la COB y el Ejecutivo ya fracasaron anteriormente, y el panorama se tensa con el anuncio de que otros sectores se sumarán a las marchas, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.