El video del maltrato de los militares a un manifestante moribundo enciende las protestas contra Noboa
El líder comunero recibió tres disparos mientras huía de la represión de los uniformados en Ecuador
Efraín Fueres, un artesano kichwa de la comunidad andina de Cuicocha-Inguitgzala, dejó atrás su casa, los telares, la chacra, para sumarse al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hace una semana. Tenía 46 años, dos hijos pequeños, y una convicción que lo llevó a caminar durante horas por los páramos del norte de Cotacachi. La última imagen que se tiene de él es la de un cuerpo que cae en la carretera E35, la vía que atraviesa las montañas y conecta con Quito, tras recibir tres disparos mientras huía de la represión militar el domingo en la mañana.
El grupo de manifestantes corrió buscando refugio. Pero uno, un hombre con un abrigo azul, se detuvo para socorrerlo. Fue entonces cuando llegaron dos tanquetas. Los soldados descendieron, no para brindar auxilio, sino para rematar la escena con brutalidad. Primero fueron dos militares, que patearon a los hombres. Luego bajaron otros, empuñando los fusiles, y con la culata golpearon una y otra vez hasta que los cuerpos quedaron inmóviles sobre el asfalto. Todo quedó grabado en un video de una cámara de seguridad.
Más tarde, Efraín murió en el hospital de Cotacachi y el hombre de abrigo azul que se quedó a socorrerlo está gravemente herido. La Fiscalía ha anunciado una investigación por “uso ilegítimo de la fuerza”.
“Este crimen de Estado, perpetrado bajo las órdenes de Daniel Noboa, confirma el rostro autoritario de un gobierno que ha convertido al país en un campo de guerra”, denunció en un comunicado la Conaie. “Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas”.
Un día antes, la relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, alertaba sobre las medidas represivas del Ejecutivo. “Utilizan disposiciones legales no alineadas a los estándares internacionales. La sociedad civil está siendo perseguida”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje que señalaba directamente las acciones de las Fuerzas Armadas durante las protestas, tradicionalmente contenidas por la Policía antimotines.
El Gobierno insiste en calificar de “terroristas” a los manifestantes. Y difundió un video con su versión de los hechos. Según el Ejecutivo, los soldados escoltaban un convoy con ayuda humanitaria para comunidades desabastecidas cuando fueron emboscados al amanecer por manifestantes ocultos a un lado de la carretera. “Lo de Cotacachi no fue una protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas”, escribió la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. Doce militares resultaron heridos y otros 17, según las autoridades, estarían retenidos por manifestantes. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre la muerte de Efraín Fueres, el comunero kichwa que cayó bajo las balas del Ejército mientras huía.
Las manifestaciones cumplen una semana. Todo estalló tras la decisión del presidente Noboa de eliminar el subsidio al diésel, una medida que impacta directamente a la cadena de producción. La Conaie ha endurecido su postura. Ya no exigen solo derogar el decreto, ahora el pliego de demandas contempla nueve puntos: incluye el retorno del IVA al 12% (subido al 15% hace un año para financiar el combate al crimen), el cese de la expansión minera y extractiva, atención urgente al colapso del sistema de salud y que se respete el derecho a la protesta. También rechazan cualquier intento de consulta popular para convocar a una Asamblea Constituyente.
Además, exigen la liberación de 12 indígenas detenidos durante las movilizaciones, quienes han sido trasladados a cárceles alejadas de sus territorios, como las de Portoviejo y Esmeraldas. En esta última, a pesar de estar militarizada, se registró hace pocos días una masacre que dejó 17 presos muertos.
Para los líderes indígenas se trata de una estrategia de amedrentamiento. A ello se suman otras acciones del Ejecutivo: el corte de la señal del canal comunitario de Cotopaxi, interrupciones de internet y telefonía móvil en las zonas de protesta, bloqueos bancarios a organizaciones sociales y fundaciones, y una investigación por enriquecimiento ilícito contra 61 personas, entre ellas el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, abogados de derechos humanos y representantes de fundaciones ambientalistas como Pachamama, que ya fue disuelta durante el gobierno de Rafael Correa. Aquel caso reposa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el séptimo día de protestas, seis provincias del país mantienen bloqueos. La provincia de Imbabura, en la sierra norte, se ha convertido en el epicentro de la resistencia. El Gobierno, por su parte, ha sido claro: no piensa dar marcha atrás.