La política municipal, un trabajo mortal en Ecuador

Desde la modesta oficina de la Alcaldía de Balzar, una pequeña ciudad de la costa ecuatoriana, la zona más violenta del país, el alcalde Galo Meza continúa despachando con un equipo reducido de trabajadores. No tiene chaleco antibalas, ni casco, ni un equipo de seguridad que le cuide las espaldas. “Solo puedo confiar en Dios para que no me pase nada o a mi familia”, dice el regidor, quien el 25 de marzo sufrió un atentado en su casa. “Unos sujetos dispararon 65 veces contra mi vivienda”. Fue cerca de la medianoche, su esposa y su hijo menor estaban en las habitaciones que tienen una ventana qu...

Desde la modesta oficina de la Alcaldía de Balzar, una pequeña ciudad de la costa ecuatoriana, la zona más violenta del país, el alcalde Galo Meza continúa despachando con un equipo reducido de trabajadores. No tiene chaleco antibalas, ni casco, ni un equipo de seguridad que le cuide las espaldas. “Solo puedo confiar en Dios para que no me pase nada o a mi familia”, dice el regidor, quien el 25 de marzo sufrió un atentado en su casa. “Unos sujetos dispararon 65 veces contra mi vivienda”. Fue cerca de la medianoche, su esposa y su hijo menor estaban en las habitaciones que tienen una ventana que mira a la calle, y que las balas destruyeron. Afortunadamente, todos salieron ilesos. “Mi esposa ya no quiere dormir ahí, tiene miedo de que regresen”, añade Meza, que asegura desconocer las razones del atentado, tener enemigos y saber quiénes son los que lo quieren muerto. Al día siguiente solicitó resguardo policial, pero el trámite tiene unos procesos que no se ajustan a las circunstancias de peligro que vive Ecuador, así que mientras espera que la Policía haga el análisis de riesgo, un patrullero lo sigue en su trayecto de la casa hacia la Alcaldía.

En la lista de espera se encuentran otras 150 autoridades, según ha podido registrar la Asociación de Municipalidades de Ecuador, AME. El gremio, de todos modos, ha pedido al Gobierno que se realice un análisis de riesgo a los 221 alcaldes del país. Pero el proceso avanza a cuenta gotas, y solo a 30 se les ha dado resguardo policial. “No hay suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos”, respondió Mónica Palencia, ministra de Gobierno. “Tenemos peticiones de carros blindados con un nivel de protección hasta para fusiles, entendemos lo que cada una de nuestras autoridades, quiere y requiere”, señaló.

Las declaraciones de la ministra ocurrieron tras el ataque que sufrió la familia de Meza, y el crimen de la alcaldesa, Brigitte García, quien lideraba la pequeña ciudad de San Vicente, que está a orillas del mar, en la provincia de Manabí. Su cuerpo fue hallado con tres disparos en un vehículo que había alquilado y en el que se movilizaba para sus recorridos. Manabí es el ejemplo de cómo la violencia se ha ensañado contra las autoridades de los Municipios del país, García es la segunda burgomaestre que asesinan en menos de un año en esa provincia. En julio de 2023, Agustín Intriago, alcalde de Manta, fue acribillado mientras hacía un recorrido de una obra. A ocho meses del crimen, la justicia alcanzó a seis coautores del asesinato -los que dispararon-, y los sentenció a 34 años de prisión. Aún no se esclarece quién dio la orden de matarlo.

Ecuador está dividido en 221 municipios que están representados por un regidor y un cuerpo concejal que se conforman según la cantidad de población que tiene cada ciudad. Las autoridades asumieron sus cargos recién en mayo pasado, después de superar la campaña electoral más violenta que ha registrado el país sudamericano. Pero una vez en el cargo, las máximas autoridades de las ciudades siguieron siendo el objetivo del crimen organizado. En once meses han asesinado a dos alcaldes, cuatro concejales y dos funcionarios que trabajaban en los ayuntamientos y, por lo menos, otros 30 han sufrido atentados.

Los ayuntamientos tienen autonomía y manejan instituciones que resultan convenientes para el narcotráfico, como la emisión de permisos para el funcionamiento de negocios y la contratación de obras públicas con las que el narco lava dinero o cobran vacunas a los constructores para permitirles entrar a algunos barrios. Además, vigilan las agencias de tránsito, que mueven cientos de miles de dólares en servicios y tienen el control de las vías, que son importante para la ruta del tráfico de drogas. “Somos constructores de la política pública dentro de nuestros territorios, y eso nos pone en un espacio diferente a un ciudadano común por el riesgo que amerita tomar decisiones”, dice Patricio Maldonado, presidente de la AME.

En este contexto de violencia y sin resguardo, ser alcalde en Ecuador se ha convertido en un cargo de riesgo. “Me siento en peligro todos los días”, dice Ligia Caiza, alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, una ciudad amazónica que tiene cerca de 4.700 habitantes y un presupuesto de 300.000 dólares mensuales con el que debe cumplir con las obras de servicios básicos, apoyar a la atención de salud, educación, pagar sueldos y hasta pagar el combustible del único patrullero que hay en la ciudad, donde tres policías se turnan para vigilar el cantón. “Se necesita reforzar a la Policía, que se priorice el control fronterizo que tenemos cerca de la ciudad, que funcionen las cámaras de seguridad y que estén conectadas con el sistema nacional de vigilancia”, añade la alcaldesa.

La seguridad es una competencia que está a cargo del gobierno nacional, que no ha conseguido enfrentar el problema debido a la falta de un plan con estrategias claras y presupuesto. “Los alcaldes nos sentimos amenazados, creemos y estamos convencidos de que la forma de ayudar a nuestro país a tomar decisiones es estando vivos, pero lastimosamente nos están matando”, dice Maldonado. Los burgomaestres no pueden afrontar la crisis de inseguridad porque tampoco tienen los recursos. “El Gobierno mantiene una deuda con los municipios de 1.300 millones de dólares por casi tres meses impagos”, añade. Como medida extrema, AME ha convocó una marcha pacífica para el 10 de abril para protestar contra los atrasos que han sido constantes desde 2023 y que han desencadenado una crisis en el pago de proveedores, sueldos sin pagar y paralizaciones de obras. El anuncio generó la reacción inmediata del presidente Daniel Noboa, que calificó la medida como oportunismo político, señalando a los directivos como afines al partido del expresidente Lasso. “Quieren esconderse detrás de un gremio para atacarnos a nosotros, para atacar al nuevo Ecuador, como vamos ganando la consulta a pulso y que va a enterrar a ciertos políticos”, acusó el mandatario, que no hizo referencia a lo que supone ser alcalde en su país: una profesión de muchísimo riesgo.

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