Barcos-prisiones y cárceles ‘modelo Bukele’ en Ecuador, un plan de seguridad a la deriva

La compra de barcos prisiones para ubicar a los líderes de las bandas que operan en los centros penitenciarios del país a 80 millas de la costa en el Pacífico fue una promesa de campaña del presidente Daniel Noboa, que ha dicho que ya ha visto tres barcazas que podrían llegar a Ecuador dentro de siete u ocho meses. Aunque esta fue la medida de seguridad más anunciada durante su campaña, ahora reconoce que no es la solución a la grave situación que atraviesa el país. “S...

La compra de barcos prisiones para ubicar a los líderes de las bandas que operan en los centros penitenciarios del país a 80 millas de la costa en el Pacífico fue una promesa de campaña del presidente Daniel Noboa, que ha dicho que ya ha visto tres barcazas que podrían llegar a Ecuador dentro de siete u ocho meses. Aunque esta fue la medida de seguridad más anunciada durante su campaña, ahora reconoce que no es la solución a la grave situación que atraviesa el país. “Son una medida complementaria y provisional para segmentar y para sacar a los presos que son amenazas reales a la seguridad ciudadana y del país y mantenerlos aislados hasta que se terminen de construir las cárceles de máxima y supermáxima seguridad”, afirmó Noboa a inicios de diciembre. Solo unos días después, se hizo un nuevo anuncio: en enero se empezarán a construir dos cárceles de máxima y supermáxima seguridad como las que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador.

A dos meses de la llegada de Noboa al poder, con unos niveles históricos de inseguridad que alcanzan los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, la política de seguridad y penitenciaria, a la que ha llamado Plan Fénix, se ha conocido a cuentagotas, a través de las pocas entrevistas que el mandatario ecuatoriano ha dado a algunos medios de comunicación. EL PAÍS solicitó el 11 de diciembre una entrevista con un representante del Ministerio de Gobierno, aún no concedida.

Que el Estado tome el control de las cárceles, donde hay 31.300 personas presas, es parte de las estrategias de seguridad que los últimos tres gobiernos han prometido sin éxito. Hasta ahora no se ha podido romper el nexo directo que hay entre las cárceles y la violencia que cada día se recrudece en las calles. Desde ahí los cabecillas de las bandas criminales dirigen y ordenan sicariatos, atentados, extorsiones y mueven la logística para el tráfico de drogas, bajo la protección del Estado, que es responsable de los centros penitenciarios del país, custodiados por policías, militares y civiles. Un ejemplo de ello es el crimen del antiguo candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que se ordenó desde la cárcel de Cotopaxi, según las primeras investigaciones de la Policía. Desde la Penitenciaría del Litoral también salió la orden para ejecutar una ola de atentados con bombas de forma simultánea que hicieron vivir 24 horas de terror en Guayaquil en noviembre de 2022.

En las cárceles también se mueven los hilos de corrupción del sistema judicial para que jueces y fiscales supuestamente fallen a favor de algunos presos que buscan beneficios como elegir la prisión donde quieren estar, ingresar armas, drogas, equipos de comunicación, tener gimnasio y hasta gallos de pelea.

El propósito de las barcazas-cárceles, según el Gobierno, es separar a los cabecillas de las bandas criminales que operan en los centros penitenciarios y aislarlos de cualquier insumo de comunicación que actualmente utilizan libremente en las cárceles del país. Los barcos-prisiones que ha visto el Gobierno de Noboa tienen capacidad de albergar hasta a 400 personas y costarían unos ocho millones de dólares. “Una barcaza puede llegar en siete u ocho meses, dependiendo de qué tan lejos esté. Muchas de las barcazas no están operativas o no son autónomas, tienen que ser arrastradas por otro barco”, explicó el mandatario, que señaló que las que están identificadas son de Australia, el Reino Unido y otra que está en Estados Unidos.

Para el analista en seguridad Luis Carlos Córdova, el anuncio de traer cárceles barcazas “es otra medida parche al serio problema de inseguridad del país”. El Gobierno de Noboa, dice, “no tiene claro cómo llevar a la práctica muchas de las ideas que durante la campaña formuló”. Además, para que operen estas cárceles se deberán hacer cambios legales, como “crear un sistema de estado de excepción permanente que es exactamente lo que tiene en El Salvador con el modelo de Bukele, y que ha permitido vulnerar todo tipo de garantías de derechos humanos para los que llegan a ser detenidos”, explica Córdova.

Pero antes de que lleguen las barcazas, se supone que ya estarían listas dos cárceles de máxima y supermáxima seguridad, como la del Centro de Confinamiento del Terrorismo que inauguró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en febrero de 2023. “Ya hemos finalizado las conversaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador y México y con eso pondremos la primera piedra en enero”, declaró Noboa en una de sus últimas intervenciones. Las primeras dos cárceles deberían estar en 200 días máximo, según el cronograma del Gobierno, sin especificar cuánto costarán ni dónde se construirán.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dio otros detalles en el canal Ecuavisa de cómo serían esas dos cárceles, que aseguró que tendrían “supermega seguridad” en tecnología, y no necesariamente grandes en cuanto a su tamaño. La norma técnica, según Palencia, establece que una cárcel de extrema seguridad no puede pasar de 35 personas. “Vamos a tener dos cárceles específicas y otras de máxima seguridad”, añadió. Será igual a la de El Salvador porque el Gobierno se ha asegurado de que sea “la misma gente, los mismos diseñadores, la misma compañía”. “Es cooperación israelí en el diseño de las cárceles de máxima y supermáxima [seguridad] y la segmentación para delitos menores y contravenciones. Es un sistema que no lo inventó Bukele, sino que vino de México, y antes de ahí lo lograron en Tailandia, en Singapur. Después fueron México, El Salvador y ahora lo tendría Ecuador”, dijo Noboa.

Ecuador ya tiene una cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, que está dentro del complejo de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que permaneció cerrada durante seis años y fue reformada en 2022 para mantener aislados a los cabecillas de las bandas criminales. El problema, por tanto, no es solo de infraestructura, sino de cómo el crimen organizado está incrustado en el sistema judicial. La evidencia de eso fue cómo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, de la banda criminal Los Choneros, quien fue trasladado a La Roca, no estuvo más de un mes allí porque un juez ordenó que lo regresaran a su fortaleza, la cárcel Regional, donde ha permanecido con privilegios durante 10 años de encierro.

“El principal desafío es detener el tremendo grado de implicación de la criminalidad en las instituciones del Estado”, dice Córdova, “hoy en día sabemos por la Fiscalía que hay generales de policía trabajando para distintas bandas criminales y es demasiada ingenuidad del Gobierno creer que van a solucionar el problema con más cárceles, cuando primero debería hacer una política que revise los mecanismos de control interno”, añade.

Ecuador tiene 20 cárceles en su territorio, en las cuales mantiene a 31.300 personas, aunque su capacidad es para 27.500; eso significa que hay un hacinamiento del 13% y otro de los propósitos del Gobierno es disminuirlo. Noboa ha afirmado que un millar de extranjeros que están detenidos con sentencia en las cárceles califican para ser expulsados del país inmediatamente.

“Si uno de los problemas de fondo es el hacinamiento, construir dos supercárceles para 35 personas cada una, ¿en qué soluciona el problema?”, refuta Fernando Bastidas, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, quien añade que si esperan encerrar en esas cárceles a los cabecillas, “en la lógica del crimen organizado está demostrado que una vez que detienen a un líder, aparecen diez más”, añade.

Pero el secretismo alrededor del plan de seguridad del Gobierno ahonda en la incertidumbre de si se logrará controlar la violencia en el país, donde los comercios deben pagar extorsiones para poder funcionar, donde las clases se interrumpen por las balaceras, y donde hay 21 crímenes cada día.

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