Los tentáculos del crimen organizado se esparcen a todo Ecuador

El crimen organizado ha convertido a Ecuador en el tercer país de América Latina con mayor índice de criminalidad. En tres años, el país ha caído de rodillas ante el narco que usa su poder con atentados terroristas, cuerpos mutilados colgados en puentes, extorsiones, secuestros y ataques a instituciones públicas, pero para hacerlo se requiere algo más que armas, se necesita de un Estado que lo permita. Las pruebas son variadas: un sistema de justicia que deja en la imp...

El crimen organizado ha convertido a Ecuador en el tercer país de América Latina con mayor índice de criminalidad. En tres años, el país ha caído de rodillas ante el narco que usa su poder con atentados terroristas, cuerpos mutilados colgados en puentes, extorsiones, secuestros y ataques a instituciones públicas, pero para hacerlo se requiere algo más que armas, se necesita de un Estado que lo permita. Las pruebas son variadas: un sistema de justicia que deja en la impunidad miles de delitos, policías y militares detenidos con armas y drogas; un sistema carcelario que oculta en los techos de las oficinas armamento y dinero; y territorios cedidos a la gobernanza criminal, donde el Estado ha desaparecido.

Un documento, que iba a ser presentado dos días antes de que Guillermo Lasso dejara el poder, analiza la infiltración del crimen organizado en el Estado. El Ministerio del Interior convocó a una rueda de prensa para explicar la Estrategia Nacional Contra la Delincuencia Organizada, pero la cita con la prensa fue cancelada sin explicación y el documento pasó desapercibido con el cambio de Gobierno. Esa estrategia se le había exigido durante mucho tiempo al Gobierno para conocer cuáles eran las líneas de acción para el combate de la criminalidad, más allá de los decretos de estado de excepción que utilizó Lasso como respuesta permanente ante los ataques terroristas, para que los militares tomaran control de las calles.

El archivo es una radiografía de cómo está incrustado el crimen organizado en el país sudamericano. Durante mucho tiempo, la Policía prefirió no llamar por su nombre a las bandas que se disputan los territorios, para no darles poder, ni decir dónde operan. Hoy el mapa determina el despliegue de 11 grupos de delincuencia organizada en 21 de 24 provincias del país. Se ha determinado, además, que las bandas están conformadas por personas de nacionalidad ecuatoriana, colombiana, venezolana, peruana y mexicana, y que su principal objetivo es “el control del territorio y las rutas de narcotráfico para establecer centros logísticos, para el comercio, transporte, almacenamiento y seguridad de sustancias estupefacientes y precursores químicos”.

En esa guerra, 6.348 personas han sido asesinadas, lo que supone una tasa de 34,8 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta octubre de este año. “Una de las estrategias es cortar la primera fuente de financiamiento que tiene el crimen organizado, que es el ingreso de cocaína por la frontera norte y sur”, explica Mario Pazmiño, analista en seguridad. Pero el narco ha multiplicado sus negocios también con el tráfico de armas, la minería ilegal, trata de personas y el tráfico de municiones, explosivos y accesorios.

A nivel local se sostienen con las extorsiones, secuestros y contrabando producto del robo de vehículos y celulares. “Es como un holding delictivo con el que el Estado ha sido indiferente, porque no lo entiende, porque hay una complicidad delictiva muy marcada y porque hay una falta de decisión política de lo que necesita el país”, dice Pazmiño.

Para la construcción del documento de seguridad se realizó una encuesta a 159 delegados de 20 instituciones públicas del Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Policía y Justicia que analizaron de manera integrada la amenaza de la delincuencia organizada y otros delitos. El proceso tuvo el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y expertos de otros países.

La mayoría de los participantes coincidió en que los grupos de delincuencia organizada tienen la “capacidad de infiltrar y cooptar a los estamentos de seguridad y justicia”. Además de obtener poder económico, a través del lavado de activos y del enriquecimiento ilícito, dice el documento. Pero nada ha provocado una sacudida en el país como las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, el 7 de diciembre: “los corruptos no solo mueven fichas en el sector público, están lavando su plata, en bienes raíces, en cuentas bancarias, en empresas ficticias. Sus testaferros están metidos hasta en la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata”.

El presidente actual, Daniel Noboa, reaccionó diciendo que “el narcotráfico tiene 500 formas creativas de lavar dinero”, y que para bloquearlas pretende fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, que es el sistema antilavado del país, que en la última evaluación que hizo Gafilat a Ecuador, resultó insuficiente. Entre 2017 y 2021, la Unidad reportó a la Fiscalía 102 operaciones inusuales, ninguna era por lavado de dinero y solo 11 lograron una sentencia.

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