Lluvia de millones para elegir candidatos en Colombia
A pocos días de las elecciones legislativas la caza de los compradores de votos acapara el foco y destapa una práctica normalizada
La policía no tuvo que desplegar un gran operativo, ni desmontar asientos, ni siquiera revisar la guantera. Bastó con abrir el equipaje. En un puesto de control de carretera en La Guajira, en el norte de Colombia, un registro rutinario terminó en una escena vieja —y, aun así, siempre escandalosa—: fajos de billetes repartidos en sobres, junto a propaganda y material pedagógico de campaña. ...
La policía no tuvo que desplegar un gran operativo, ni desmontar asientos, ni siquiera revisar la guantera. Bastó con abrir el equipaje. En un puesto de control de carretera en La Guajira, en el norte de Colombia, un registro rutinario terminó en una escena vieja —y, aun así, siempre escandalosa—: fajos de billetes repartidos en sobres, junto a propaganda y material pedagógico de campaña. Eran 145 millones de pesos (más de 38.000 dólares) ocultos entre camisetas a solo cinco días de las elecciones legislativas. Siete sobres de manila amarillos. En cada uno, un nombre escrito a mano, el de líderes locales.
La hipótesis policial es que ese dinero iba destinado a la compra de votos para este domingo. Una práctica normalizada en Colombia que reaparece en cada elección como advertencia y como fracaso. En algunos territorios, el precio se comenta sin pudor: 250.000 pesos (unos 67 dólares) por sufragio.
Horas después, el presidente Gustavo Petro intervino en X y elevó el hallazgo a empeño presidencial: “La Policía Nacional tiene orden del Presidente de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”.
Por la noche, Petro dedicó una alocución presidencial a este asunto y prometió ascensos y méritos a policías que contribuyan a dos metas: reducir los homicidios y capturar a los compradores de votos. “Espero que la ciudadanía, porque no es tanto un deber de la policía, no venda el voto”, dijo. “Vender el voto significa elegir al verdugo, al que te va a castigar, al que te va a llevar la masacre a tu región, al que te va a robar hasta la casa y otras cosas más”, demandó para concluir con una advertencia: “Compradores de votos pertenecientes a organizaciones delincuenciales político-mafiosas, tengan miedo y temor porque la Policía Nacional se ha puesto a las órdenes de la democracia”.
Hace tres años, antes de las elecciones regionales, el mismo Gobierno de Petro autorizó el pago de recompensas —hasta 20 millones de pesos— para quien denunciara este crimen electoral.
La compra de votos se sucede y se persigue en cada elección. Es complicado diagnosticar si el problema se ha agravado, porque es muy difícil de medir. Las denuncias son escasas –por miedo e interés—, a menudo anónimas, y la ley castiga tanto al que compra como al que vende el voto. Denunciar es desafiar al poder más próximo: al empleador, al alcalde, al político local. “Es un delito continuado que atraviesa gobiernos y se reactiva en cada elección”, sentencia Frey Muñoz, subdirector de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE).
“En las elecciones legislativas uno ve lo peor de las costumbres políticas de este país”, lamenta un exministro colombiano. “No puede caerse más bajo: la compra de votos, la teja, los ladrillos, el mercado… todo”, dice en referencia a los materiales de construcción y los víveres que suelen servir de contraprestación para condicionar la elección de miles de votantes colombianos cada cuatro años.
Aún se escandaliza al recordar sus tiempos como ministro, cuando comprobó lo obvio que puede ser este mercado negro electoral. Para él, el problema no es episódico, es estructural y empuja a plantearse una reforma del sistema político-electoral. “A diferencia de lo que ocurre en las elecciones presidenciales —cuya primera vuelta se celebra el próximo 31 de mayo— en las legislativas mucha gente dice: ‘yo no voto si no me dan algo”, dice. “Es curioso cómo el mismo ciudadano se comporta de manera distinta con solo dos meses de diferencia”, señala. “En marzo muchos no van a votar si no les facilitan el transporte, los autobuses y el almuerzo, mientras que en mayo van solos”.
El subdirector de la Misión de Observación Electoral suele empezar esta historia por 1821. En la primera Constitución colombiana —recuerda— ya aparecía la compra de votos entre las conductas sancionables. Dos siglos después, el problema no es una rareza, sino una práctica que muta y se adapta, explica el experto en delitos electorales. No se trata solo de billetes en sobres: puede ser cemento para un rancho recién levantado, tejas para rematarlo, una ayuda o un contrato público o la promesa de mantenerlo. “Hay cierta cultura política que cree que cuando hay que aprovechar al candidato es en campaña”, resume, “porque después ya no se deja ver, desaparece”.
Hace exactamente cuatro años, en la antesala de las legislativas de 2022, el propio Petro —entonces candidato en consulta— publicó otro mensaje en X: “Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio”.
El mensaje sigue disponible. Entre aquel tuit y la orden presidencial reforzada de capturar a los compradores de votos hay, además de cuatro años, la constatación de que la hora del cambio —al menos en esto– no ha llegado.