El mayor ajuste de la democracia
Todas las señales de alarma se encendieron en la dirección del PSOE y en la vicepresidencia tercera y de Política Territorial, dirigida por Manuel Chaves, cuando Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe (PSOE), advirtió de la rebelión de muchos Ayuntamientos de toda España si se les cerraba el grifo del crédito hasta 2012.
La unanimidad se extendió ayer entre los políticos para tomar la decisión de bajarse el sueldo. Así lo hizo la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, otro tanto, hicieron en el Parlamento. La rebaja en los Ayuntamientos se hará en el mismo nivel que los funcionarios, según lo aprobado por la FEMP y difundido por su presidente, el socialista Pedro Castro.
A José Luis Rodríguez Zapatero le suelen salvar el exceso y la sobreactuación del PP. El presidente llegó ayer al Senado muy tocado por los recortes sociales y por las dudas y discrepancias de su Gobierno, y consiguió que su explicación quedara sepultada por los pateos y golpes de los senadores del PP.
Nadie quiere admitirlo abiertamente en público, y los dos grandes partidos insisten en su voluntad de renovar el Tribunal Constitucional, pero en privado todas las fuentes consultadas ven muy complicado lograr una nueva composición de ese órgano judicial antes de las elecciones catalanas, previstas para noviembre.
Los etarras del comando K-Elurra, Igor Portu, Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián y Joseba Iturbide, condenados la semana pasada a más de 1.000 años de prisión cada uno por el atentado de la terminal 4 de Barajas, fueron juzgados ayer de nuevo por la tentativa de hacer explotar un coche bomba en la Azca de Madrid.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propondrá al juez que se hará cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 mientras Garzón se encuentre cautelarmente suspendido de sus funciones de juez.
La catástrofe del Yak-42, de la que hoy se cumplen siete años, ya tiene una condena, pero es cada vez más improbable que llegue a tener una pena. Como se esperaba, la Audiencia Nacional ordenó ayer suspender el ingreso en prisión del general Vicente Navarro, condenado a tres años por la falsa identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en el siniestro.
El número de inmigrantes no comunitarios que obtienen la residencia española se ha ralentizado. La crisis económica ha echado atrás a algunos extranjeros, como los iberoamericanos. En el último año se han incrementado en 137.470 las tarjetas de residencia de extranjeros que no procedían de la UE ni tenían familiares que fueran ciudadanos comunitarios.
La policía asestó ayer un duro golpe al crimen organizado con una macrooperación en la que cayó toda una red dedicada al tráfico de drogas y armas. La banda estaba asentada en la Costa del Sol y tenía ramificaciones en Reino Unido e Irlanda. Su jefe era Christopher Kinahan, un norirlandés de 53 años y con antecedentes en el Reino Unido y en Holanda.