La lucha contra el terrorismo internacional
Once supuestos islamistas, diez de nacionalidad española y uno marroquí, fueron detenidos en la madrugada de ayer en la conflictiva barriada de Príncipe Alfonso de Ceuta, durante una espectacular operación policial ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
J. A. R. / J. Y. | Madrid
El confidente Cartagena deberá explicar en el juicio por qué acusa a la anterior cúpula policial de no haber hecho nada por evitar el ataque
El Gobierno vasco que preside Juan José Ibarretxe reclamó ayer al Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que tome iniciativas para evitar que el proceso para el fin del terrorismo etarra "continúe estancado" como se percibe en los últimos tiempos.
El etarra Iñaki de Juana Chaos, que mantiene desde el 7 de noviembre su segunda huelga de hambre en protesta por su condena por dos artículos publicados en Gara, está siendo alimentado desde el lunes de manera forzosa.
Abdelaziz Buteflika, presidente de Argelia y primer proveedor de gas de España, apeló ayer a la responsabilidad histórica de nuestro país con el pueblo saharaui para reclamar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un apoyo "más decidido" al referéndum de autodeterminación del Sáhara, rechazado por Marruecos.
El PP anunció anoche que "abrirá un expediente para dilucidar las circunstancias que han rodeado" la moción de censura en el municipio alicantino de Pilar de la Horadada, donde el Grupo Popular, con ayuda de dos tránsfugas socialistas, se ha hecho con la alcaldía.
El PSOE se ha quedado solo en su decisión de no hacer ningún tipo de revisión o anulación con valor jurídico de los juicios sumarísimos del franquismo.
Los diputados socialistas actuaron correctamente, y las acusaciones a Zaplana deben investigarse. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) exculpó ayer a los diputados autonómicos José Camarasa y Antoni Such de las injurias y calumnias de las que les acusó Eduardo Zaplana.
El presidente del Gobierno catalán, José Montilla, dijo la pasada semana que la vivienda era una prioridad absoluta de su Ejecutivo, y lo demostró ayer: el Consell Executiu aprobó la remisión al Parlamento catalán del proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda.