El proceso para el fin de la violencia etarra
Los integrantes de la red de extorsión desarticulada el pasado martes en una operación conjunta hispano-francesa contactaron con Gorka Aguirre, jefe de relaciones externas del PNV, para comunicarle que la cúpula terrorista había ordenado poner fin al envío de cartas de extorsión a empresarios, y que les avisase en el caso de que descubriera que seguían llegando misivas reclamando el pago del impuesto revolucionario.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió ayer "perspectiva y sosiego" ante un proceso para el final de la violencia de ETA que "será largo". Zapatero hizo este llamamiento al día siguiente de conocerse el último comunicado de ETA en el que emplazaba al Gobierno a pasar "de las palabras de los hechos" a la vez que confirmaba su voluntad de mantener el alto el fuego.
Unas 300 personas contrarias a la construcción de una incineradora de basuras en San Sebastián tomaron ayer el salón de plenos del Ayuntamiento de esta ciudad tras provocar graves incidentes que obligaron a interrumpir la sesión en que se debatía la ubicación de la citada planta. El alcalde, el socialista Odón Elorza, fue zarandeado y golpeado cuando trataba de abandonar la sala, y ediles del PNV y EA fueron acorralados por los alborotadores.
La Junta Electoral Central acordó ayer abrir un expediente administrativo sancionador al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, tras estimar un escrito del Partido Popular, que denunció que en su intervención en televisión de cierre de la campaña institucional del referéndum sobre el Estatuto animó a votar a los ciudadanos. La Junta adoptó el acuerdo por seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
El presidente argentino, Néstor Kirchner, concluyó ayer su tercera visita oficial a España sin hacer concesiones sobre los litigios económicos que han centrado el encuentro. Tras las declaraciones de amistad estratégica plasmadas, incluso por escrito, en proyectos políticos concretos, subyacen, por ello, unas divergencias básicas derivadas de cómo las partes aprecian la situación de fondo.
La Agencia Tributaria aún se quedó corta en lo que se refiere al cálculo del desfase patrimonial de la empresa Fórum Filatélico, que cifró al cierre de 2004 en 2.416 millones de euros. El administrador judicial de la compañía, que fue intervenida el pasado 9 de mayo, ha cifrado el agujero de la filatélica entre 2.700 y 3.400 millones de euros a fecha de diciembre de 2005.
Antonio del Olmo, dirigente del PP y alcalde de Santa Margalida, municipio agrícola y turístico de Mallorca en gran expansión, es objeto desde ayer de una investigación de la fiscalía por supuesta corrupción, por presuntos cobros a cambio de recalificaciones urbanísticas. El teniente fiscal de Baleares, Ladislao Roig, se ha encargado de la investigación de este caso tras divulgarse una grabación sobre entregas de dinero al regidor y un edil.
En los últimos tres meses los jueces han hecho bajar del avión a tres menores marroquíes que estaban a punto de ser repatriados desde la Comunidad de Madrid a sus lugares de origen. Los jueces argumentan que los niños no han sido escuchados por la Delegación de Gobierno y que no existen informes que acrediten que el regreso a Marruecos sea lo mejor para ellos. La última de las repatriaciones abortadas ocurrió ayer.
La Guardia Civil detuvo ayer en Barcelona, Sant Boi y Ripollet a seis personas acusadas del violento robo en un chalé de Matadepera el pasado 24 de abril. Entre los detenidos hay un primo de la víctima. Los presuntos asaltantes se llevaron a una mujer de 25 años y a su hijo de cuatro como rehenes, y los abandonaron cinco horas después en el maletero de un coche en Cerdanyola del Vallès.
La captura de barcos con cocaína en el Atlántico se ha convertido casi en rutinaria para los agentes antidroga españoles. Cuando aún estaba caliente el abordaje del velero Somni, que portaba 800 kilos de cocaína para desembarcarla en el País Vasco, el GEO asaltaba a 500 millas de Cádiz el pesquero Pieterje, con bandera del Reino Unido, con 3.500 kilos de la misma droga. España ya ha requisado más de 20.000 kilos de cocaína en 2006.