José Juan Gerardi, el obispo católico que encabezó durante años la causa de los derechos humanos en Guatemala, fue asesinado salvajemente junto a su casa la noche del domingo. La muerte le llegó dos días después de que presentase el informe en el que había trabajado durante tres años y en el que se señala a las Fuerzas Armadas de Guatemala como las principales responsables de las atrocidades cometidas en ese país centroamericano durante casi dos décadas de guerra civil.
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Borrell, tiene ya pensado cuál debe ser el reparto de papeles en el PSOE tras las pasadas elecciones primarias: de entrada quiere para él el control sobre el aparato electoral y la dirección del programa con el que los socialistas acudirán a las próximas elecciones generales. Borrell, además, declaró ayer tajante: «El líder de la oposición es el candidato», aunque ello no conlleve el puesto de portavoz en el Congreso de los Diputados.
El desastre ecológico registrado en los alrededores de Doñana el pasado fin de semana se ha visto agravado incluso desde algunos despachos oficiales. Sólo unas horas después de que el sábado se rompiera la presa que liberó millones de litros de agua ácida hacia el parque, técnicos de la Junta de Andalucía pidieron permiso para desembalsar el líquido que aún había en el depósito para poder sellarlo.
El temor a que la Reserva Federal de EE UU decida en breve subir los tipos de interés provocó ayer fuertes caídas en las bolsas de Europa y América. Los mercados más castigados fueron los de países mediterráneos, que son los que han conseguido mayores revalorizaciones este año. Madrid perdió un 3,21%; Lisboa, un 5,97%, y Milán, un 6,42%. Wall Street cerraba con un retroceso del 1,62%. La caída ha restado atractivo a la ampliación de capital de Telefónica, cuyas acciones retrocedían ayer un 4,75%.
La titular del Juzgado número 2 de Vitoria, Carmen Lasanta, que investiga las escuchas descubiertas en la sede de Herri Batasuna, citará en los próximos días como imputado al director del Cesid, Javier Calderón. La juez ya tomó declaración la pasada semana a Mario C. G., uno de los miembros del servicio secreto que supuestamente espiaba a la coalición desde un piso situado sobre su sede de Vitoria.