Una Corte argentina libera a una mujer presa dos años por un aborto

Belén, la argentina encarcelada durante más de dos años por un aborto, quedó en libertad. Más de 48 horas después de la orden de excarcelación emitida por la Corte Suprema de de la provincia de Tucumán (norte) la joven, con el rostro cubierto -tiene identidad protegida- salía a la calle. Ahora, esperará en libertad a que el máximo tribunal provincial revise su condena, firmada por un tribunal inferior, que dictó ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Los jueces consideraron que no existen fundamentos para mantener la prisión preventiva mientras no exista un fallo firme, tal y como exigía la defensa.

"Ella se puso a llorar cuando le conté. Estaba sorprendida. No lo podía creer", declaró la abogada de Belén, Soledad Deza, cuando se dio a conocer la orden de liberación. Deza, de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, agregó que su cliente está "feliz" y será excarcelada en cuanto terminen los trámites. Aún así, subrayó que todavía están pendientes del fallo de la Corte, que tiene 90 días para expedirse sobre la cuestión de fondo.

Belén es una joven de 27 años que llegó de urgencias al hospital Avellaneda de la capital tucumana con una hemorragia vaginal y fuertes dolores estomacales. El médico de guardia le diagnosticó un "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones", pero las autoridades del centro médico dieron aviso a la policía y terminó detenida y, posteriormente, encarcelada. El motivo de las acusaciones fue el hallazgo de un feto de unas 32 semanas en uno de los baños del hospital, que médicos, policías y jueces adjudicaron a Belén. El avanzado estado de descomposición del feto impidió realizar un estudio de ADN que confirmase el vínculo, aunque la sala III de la Cámara Penal de Tucumán lo consideró probado y la condenó por homicidio.

"Esperamos que la Corte aproveche este caso para dictar una sentencia conforme a los estándares de derechos humanos, que no solo anule la condena de la joven sino que tenga efectos de no repetición. El caso de Belén reveló una serie de prácticas institucionales que perpetúan la violencia de género", señala en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado.

El caso ha conmocionado a la sociedad argentina y ha saltado también a la arena internacional, donde incluso Naciones Unidas ha pedido su puesta en libertad. El mes pasado, Amnistía Internacional (AI) entregó 120.000 firmas a las autoridades de esta provincia para pedir la inmediata libertad de Belén y exigir la apertura de una investigación sobre supuesta violación del secreto profesional por parte de los médicos que la atendieron. "Hay que anular la sentencia, está plagada de irregularidades", dice por teléfono la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski.

Amnistía: "Hay responsabilidad del Estado"

Para Belski, la condena de Belén ha visibilizado el problema que existe en Argentina para la interrupción legal del embarazo, en los supuestos contemplados por la ley: violación, riesgo de vida o riesgo de salud para la madre. "Acá hay una responsabilidad del Estado. El Gobierno desconoce la autoridad de la Corte Suprema de la Nación, que ha sido muy clara sobre el aborto legal. Nos interesa lo que va a decir la Corte respecto a las tarifas, pero no lo que dijo sobre el aborto, que lo desconocemos. Eso nos preocupa", opina esta abogada especializada en derechos humanos.

Una de cada cuatro embarazos en el mundo termina en aborto, según datos publicados en The Lancet. Belski subraya que cuando una mujer tiene un aborto espontáneo "ya hay un riesgo para su salud", porque a menudo es necesario un legrado para vacíar por completo el útero y evitar complicaciones. La directora ejecutiva de AI reclama que el Gobierno de Mauricio Macri establezca protocolos claros de actuación para los médicos en estos casos y garantice la presencia de profesionales que no sean objetores de conciencia en los hospitales públicos.

El pasado viernes, miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades de Argentina para exigir justicia y reclamar al Congreso que apruebe el aborto legal, seguro y gratuito. "Ni una menos por aborto clandestino", podía leerse en una de las grandes pancartas que estaban en la marcha. Alrededor de medio millón de argentinas abortan de forma clandestina en Argentina cada año y las complicaciones surgidas de esas operaciones son la principal causa de mortalidad materna en el país.