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La Casa del Rey ha abierto su libro de cuentas para explicar en qué se gasta los 8.434.280 euros que recibe al año de los Presupuestos Generales del Estado. Es la primera vez en 36 años que la institución desvela sus finanzas, un gesto voluntario porque no está reglado por ley, pero largamente reclamado por partidos políticos y sectores de la sociedad.
Hacer públicas las cuentas es una norma habitual y que viene de lejos en las casas reales europeas. La más transparente es la británica, pero ninguna se escapa al control.
Era una decisión esperada, aunque no por ello menos trascendente. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó ayer los argumentos de la fiscalía y asumió la investigación contra el exministro de Fomento José Blanco tras las acusaciones formuladas por el industrial Jorge Dorribo, imputado en el caso Campeón por fraude de subvenciones públicas.
La decisión clave del primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se está cerrando entre muy pocas personas, algo habitual en el entorno del presidente del Gobierno. El principal responsable del decreto de no disponibilidad que fijará la cifra de los primeros recortes del PP, poca cosa comparados con los que llegarán en marzo, según admite el propio Gobierno, es Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
El fiscal Eduardo Torres-Dulce, actualmente fiscal de sala en el Tribunal Constitucional y miembro de la mayoritaria y de talante conservador Asociación de Fiscales, será propuesto mañana por el Consejo de Ministros como nuevo fiscal general del Estado en sustitución del progresista Cándido Conde-Pumpido.
Se esperaba que el encargado de los pagos de Orange Market, Cándido Herrero, declarara ayer que nunca pagó prendas al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y, como empleado de una de las empresas del grupo Correa, plasmara un testimonio favorable para los acusados.
Francisco Javier de Urquía, condenado en dos ocasiones por recibir sobornos mientras ejerció como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, volverá a ser juez. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le ha reconocido su pleno derecho a reingresar en la carrera judicial una vez que ya cumplió los 21 meses de suspensión a los que le condenó.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, halagó ayer los oídos de los diplomáticos al asumir una reivindicación tan antigua como la propia carrera: la de reservar los puestos de embajador a los miembros del cuerpo diplomático, "salvo circunstancias excepcionales".
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