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JESÚS URIARTE
La antigua Batasuna hizo ayer suyo, punto por punto, el contenido íntegro de la declaración suscrita un día antes en la cumbre internacional de San Sebastián sobre el terrorismo de ETA.
Mariano Rajoy considera que la crisis y los cinco millones de parados favorecen su camino a La Moncloa. Por eso, el presidente del PP quiere rebajar el diapasón en todo lo concerniente al final de ETA y ayer mostró en su visita al País Vasco uno de sus perfiles dialécticos más bajos de los últimos tiempos en esta materia.
Si ETA acepta la propuesta de la autodenominada conferencia de paz de San Sebastián, dejará su actividad criminal definitivamente -algo que los partidos democráticos anhelan desde hace más de 30 años- y pedirá a los Gobiernos español y francés un diálogo sobre las "consecuencias del conflicto", lo que los expertos entienden como el futuro de los más de 700 presos y la entrega del arsenal.
Las comunidades autónomas se han comprometido ante el Ministerio de Economía a recortar casi 7.600 millones de euros este año para intentar cumplir las metas de déficit. Los datos, divulgados ayer por el ministerio, revelan que el grueso del ajuste se está acometiendo a través de un menor gasto -principalmente en áreas sensibles al ciudadano como la educación, la sanidad y los servicios sociales-, al tiempo que muy pocas se atreven a elevar impuestos para mejorar los recursos disponibles.
La Generalitat de Cataluña planea dar el mayor vuelco en la gestión de la sanidad pública dado hasta la fecha por cualquier Administración pública en España. Con la premisa de que el modelo actual se ha quedado obsoleto, el Gobierno catalán estudia trocear toda la estructura sanitaria que gestiona -ocho grandes hospitales, 286 centros de salud y un centenar de otros equipamientos- en una veintena de empresas públicas que deberán someterse a las reglas del mercado.
El juicio contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por cohecho continuado empezará el 12 de diciembre, tres semanas después de las elecciones generales y casi tres años después del estallido del caso Gürtel.
La provincia de Ourense parece un campo de batalla tomado por el fuego desde hace ya casi una semana. En los LIC (Lugar de Interés Comunitario), Red Natura, ZEPA (zonas de protección de aves), parques naturales y alguna Reserva de la Biosfera se elevan columnas de humo.
Una respuesta progresista a la crisis económica. Es lo que exigen al G-20 un grupo de 16 mandatarios y exgobernantes de diversos países que participan en la conferencia Global Progress, que comenzó ayer y termina hoy en Madrid, organizada por la Fundación Ideas, vivero ideológico del PSOE, y el Center for American Progress.
Médicos Sin Fronteras (MSF), la ONG a la que pertenecen Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, las dos cooperantes españolas secuestradas el pasado jueves en el campo de refugiados de Daadab (Kenia), próximo a la frontera con Somalia, rechazó ayer "cualquier intento de resolución armada o violenta" del caso.
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