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El consejero Francesc Xavier Mena / CARLES RIBAS
Tenían que aclarar el caos generado y lo único que lograron fue liar aún más la madeja. El consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y el de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, acudieron ayer al Parlament para defender su decisión de revisar en pleno agosto y sin aviso la Renta Mínima de Inserción (RMI).
Hasta 53 de millones de euros; esa es la cantidad que la Generalitat piensa ahorrar con la reforma de la ley de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que endurece las condiciones de acceso a esta prestación que reciben las personas más desfavorecidas y pone techo a la cantidad económica que los beneficiarios pueden percibir.
La tupida red de entidades sociales que trabajan en Cataluña en colaboración con los servicios sociales de Ayuntamientos y la Generalitat ha sido la encargada este agosto de acudir en rescate de los damnificados por la renta mínima. El tercer sector también ha sido uno de los frentes más críticos contra el Gobierno catalán por su revisión de la renta mínima.
El Tribunal de Apelación de Lyon (Francia) aceptó ayer extraditar a España a los dos jóvenes franceses acusados de la muerte de un adolescente de 15 años en Lloret de Mar (Selva) el pasado 17 de julio. La defensa, que tiene de plazo hasta el próximo martes para recurrir la orden ante el Tribunal Supremo, todavía no ha tomado una decisión.
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