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Si Zapatero mira a derecha y a izquierda en busca de apoyo para afrontar la huelga general comprobará que no puede contar con ningún otro grupo parlamentario. Ningún otro partido apoya su reforma laboral. La sensación de vacío solo queda mitigada por haber conseguido salvar el núcleo de la reforma laboral que, precisamente, es la causa principal de la protesta del 29 de septiembre.
Fue una larga mañana de contraataque sindical. Una ofensiva en toda regla contra el Gobierno. Una llamada a superar la apatía hacia el paro general del próximo día 29, reflejada en algunas encuestas. Los más de 16.000 delegados sindicales que ayer atestaban la plaza de toros de Vistalegre (Madrid) infundieron aliento a los líderes de CC OO y la UGT.
El juez del caso Brugal (trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) ha imputado al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, según fuentes del caso. El dirigente socialista está acusado en una de las dos piezas principales del sumario: la adjudicación de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja.
La investigación de los contratos de basura adjudicados en la provincia de Alicante ha puesto al descubierto el supuesto pago de comisiones ilegales. En este caso se trataría de pago en especie: dos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, supuestamente entregados a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial de Alicante.
Convergència i Unió (CiU) ha reiterado en los últimos tiempos que su primer objetivo es conseguir el concierto económico. Y ayer, Artur Mas, presidente de la coalición, buscó establecer complicidades entre los empresarios. En una comida-coloquio en la Cámara de Comercio de Barcelona, pidió ante 250 industriales "hacer piña" para lograr un nuevo sistema de financiación.
El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó ayer a la Guardia Civil que investigue las cuentas corrientes, los depósitos bancarios, las declaraciones tributarias y las participaciones que pudiera tener en sociedades civiles o mercantiles el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El Gobierno ha convertido la renovación del Tribunal Constitucional en un objetivo prioritario. Después de casi tres años, y tras la enorme polémica que supuso el hecho de que tres magistrados juzgaran el Estatuto catalán con su mandato ya cumplido, el Ejecutivo quiere acelerar los trámites.
La Audiencia Nacional prohibió ayer la manifestación que en defensa de los derechos civiles y democráticos había convocado para mañana en Bilbao la plataforma abertzale Adierazi EH. El juez Ismael Moreno ratificó la suspensión al entender que existen "fundados indicios" de que el acto podría "apoyar la estrategia y justificar las acciones de ETA".
Descartada su candidatura a la alcaldía de Córdoba y aparentemente seguro de su continuidad en el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ultima la segunda oleada de cambios en su departamento, tras la reestructuración aprobada en julio pasado.
"Enséñennos nuestra droga si quieren condenarnos". Eso es lo que el turco Samet Yilmaz, el búlgaro Nikolay Gregoriev y los españoles Felipe Moreno y Francisco Javier Martínez, supuestos narcos detenidos en 2007 con 23 kilos de heroína en un coche en pleno centro de Sevilla, vienen a reclamar a la Audiencia Nacional para lograr su absolución.
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