Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana
La postura oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre la Operación Brugal en Alicante, contenida en sendos comunicados oficiales contradictorios emitidos ayer sobre los 11 arrestos efectuados el martes, entre ellos el del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, por presunta corrupción, envolvió ayer el caso en una ceremonia de confusión.
El PP está convencido de haber encontrado una vía de escape político para el nuevo escándalo de corrupción que afecta al partido en la Comunidad Valenciana, y ha decidido explotarla al máximo. Los populares creen que el Ministerio del Interior ha cometido una enorme torpeza al decidir la detención de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, sin contar con la autorización del juez.
La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante) va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron ayer fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos en la comarca y blanqueo de dinero.
El sentimiento de estar haciendo el ridículo se ha instalado en los partidos catalanes convocantes de la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional prevista para el sábado. Pero pese a reconocer el espectáculo que están dando al ser incapaces de pactar un lema para la marcha, la manifestación sigue rodeada de incógnitas a apenas tres días de su celebración.
Las Cortes de Castilla-La Mancha acogen hoy un debate monográfico sobre la malograda caja regional, intervenida por el Banco de España en marzo de 2009, y su futuro una vez aprobada la fusión con Cajastur. El debate se produce en un ambiente de máxima tensión, en pleno cruce de acusaciones del PP hacia el PSOE intentando dar sensación de corrupción generalizada en todo lo que se refiere a la caja, mientras los socialistas acusan al partido de María Dolores de Cospedal de tratar de hundir la entidad a base de desprestigio y confusión.
Miles de kilos de hachís, cocaína y heroína se acumulan en depósitos policiales de todo el país. Una inmensa patata caliente que la policía y la Guardia Civil almacenan a la espera de que los jueces autoricen su destrucción. El problema va a más, y por ello la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial ha instado a los 4.500 jueces a la "inmediata destrucción" de los alijos.
