El debate sobre la inmigración irregular
Aunque la inmigración no estaba incluida en el discurso inicial que José Luis Rodríguez Zapatero pronunció ayer en el Parlamento Europeo, el presidente español y semestral de la Unión Europea hizo una vehemente defensa de la misma en una Cámara en la que se sientan los partidos que alimentan el recelo y hasta la hostilidad hacia los extranjeros.
Convergència i Unió (CiU) rescató ayer, en plena vorágine sobre cómo afrontar la inmigración ilegal, la idea de su presidente, Artur Mas, de "premiar" a los inmigrantes que demuestren una mayor voluntad de integración. La propuesta, que surgió en la campaña de las autonómicas de 2006 y a la que se bautizó como el carné por puntos, desató una furibunda oposición de las entidades sociales.
Las restricciones al empadronamiento de inmigrantes irregulares que aplica desde 2008 el Ayuntamiento de Torrejón (Madrid), gobernado por el PP, y que quería implantar el de Vic (Barcelona), con alcalde de CiU en coalición con ERC y PSC, no son la norma habitual en los municipios de las capitales gobernadas por los populares.
Dos años ha durado la negociación del PSOE con las entidades bancarias que ha concluido con la liquidación de la deuda histórica de los socialistas. Una deuda que se arrastraba desde 1986 como consecuencia de los gastos originados por el referéndum de la OTAN y que en 2006 era todavía de once millones trescientos mil euros, de los cuales casi cuatro millones eran de intereses.
Marcos Ana cumplió ayer 67 años "de vida" y 90 "de edad". La diferencia, aclara, son los 23 años que estuvo preso en las cárceles franquistas, más que ninguna otra persona. Ayer se rodeó de unos 200 amigos y ex compañeros de celda en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para celebrarlo.
El magistrado Francisco Javier de Urquía se enfrenta a una petición del fiscal de dos años de cárcel y multas que superan los ocho millones de euros por dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho que supuestamente cometió cuando instruía el caso Hidalgo.
El presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, ha sido absuelto por el Tribunal Supremo del delito de negociación prohibida a funcionarios por el que había sido condenado a un año y medio de suspensión, según confirmaron fuentes del alto tribunal.
