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La doctrina de Mariano Rajoy de suspender de militancia a los miembros del partido que son imputados por la supuesta trama corrupta vinculada al PP ha durado sólo lo que el caso ha tardado en llegar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
"Por primera vez, un presidente de la Generalitat tendrá que dar cuentas ante los tribunales", dijo ayer el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, tras difundirse la imputación de Francisco Camps. "Exijo su dimisión inmediata", añadió.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió ayer la decisión del juez Antonio Pedreira de admitir al PP como acusación particular en el llamado caso Gürtel (la trama de corrupción que implica a altos cargos y Administraciones gobernadas por el PP). El fiscal interpreta, contra el criterio del juez, que no cabe admitir al PP como parte.
Sin renunciar "a los principios y la orientación" expuestos por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación, el Grupo Parlamentario Socialista tiene cierto margen de maniobra para negociar con los grupos de oposición sus propuestas de resolución, que serán votadas en el pleno del Congreso el próximo martes: 90 resoluciones en total, 15 por grupo.
El Ministerio Fiscal y el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, pidieron ayer al Tribunal Supremo la anulación de la candidatura Iniciativa-Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP) por considerar que se trata de un "ardid" de ETA para que su entorno siga manteniendo presencia en las instituciones.
"El [atentado] de Barcelona fue conducido por 12 de nuestros hombres... por la presencia militar española en Afganistán", aseguró en un vídeo Maulvi Olmar, portavoz del grupo terrorista paquistaní Tehrik e Tehrik e Talibán, un movimiento pastún aliado a Osama Bin Laden.
España acudirá por primera vez a la cumbre G-8, que se celebrará en la ciudad italiana de L'Aquila entre el 8 y el 10 de julio, invitada por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. El Gobierno español celebró con alborozo el ofrecimiento italiano y calificó de "histórica" la presencia española en ese foro.
El Gobierno no parece contar con el apoyo de las comunidades autónomas para la exhumación de víctimas de la Guerra Civil. El pasado 3 de diciembre de 2008, el Ejecutivo se dirigió a todas las autonomías, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias, para pedirles que firmaran un convenio de colaboración que permita poner en marcha el protocolo de exhumaciones diseñado por el Gobierno.
Esta fosa de Toral de Merayo (León) es la primera que se abre desde que los juzgados territoriales recibieron la causa contra el franquismo que les repartió Garzón, tras inhibirse en noviembre.
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