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Rajoy y Zapatero en el Congreso / CRISTÓBAL MANUEL
En el mismo sitio y por los mismos motivos (una crisis interna), Mariano Rajoy repitió las imágenes de antes del verano: en silencio, rodeado de periodistas que trataban de sacarle una frase bajo la lluvia, huyó a toda prisa del Congreso para no hablar de la noticia del día: la amenaza de ruptura con UPN.
"Algún grupo que ha presentado una enmienda de totalidad a los Presupuestos está deseando aprobarlos", dijo el martes José Luis Rodríguez Zapatero. "Como todo Presupuesto, éste es mejorable, pero ese será el trámite que a ustedes les corresponderá hacer a lo largo de las próximas semanas en el periodo de negociación en este Parlamento".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumió ayer las reivindicaciones de jueces y secretarios -tras la masiva huelga del martes- e hizo un llamamiento a magistrados, políticos y asociaciones corporativas para que cesen las críticas en relación con el expediente disciplinario que pende sobre el juez Rafael Tirado.
Tal y como solicitaba el juez Baltasar Garzón en su auto, los familiares de desaparecidos y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denunciantes han elegido ya a los cinco especialistas que, con las dos personas designadas por el juez formarán el grupo de expertos que le asistirá en la localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil.
La mayoría de centro izquierda que gobierna en Baleares quedó ayer afectada por una grave cuestión: el fiscal anticorrupción Juan Carrau reclamó el ingreso en prisión del diputado Tomeu Vicens, portavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM) y socio clave del PSOE. Vicens está imputado por supuestos negocios ilegales, millonarios, en la antigua promoción de un polígono industrial en Palma.
El DVD que recoge el soborno al edil Manuel Barrera fue distribuido supuestamente por empresarios frustrados tras conocer que el plan urbanístico que se les prometió no existe.
"Habían hecho de la delincuencia su modo de vida". Así resumió un responsable de la lucha policial contra el crimen organizado la operación que ha permitido desarticular a una banda de falsos policías que robaba a narcotraficantes, cuando estaban a punto de cerrar una operación.
El tripartito vasco (PNV-EA-EB) y Aralar quieren alargar la sombra de la consulta, conscientes, sin embargo, de la batalla legal perdida tras la sentencia del Tribunal Constitucional y el escaso eco de su débil y poco entusiasta reclamación ante Estrasburgo.
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