A cinco días del plazo fijado por el Estatuto de Cataluña (9 de agosto), el acuerdo sobre las bases del nuevo modelo de financiación autonómica está muy lejos. Y es que las posiciones de la Generalitat y del Gobierno central sobre el alcance de la solidaridad entre comunidades, el principal caballo de batalla, siguen siendo muy distantes.
La Guardia Civil, bajo la supervisión del juez Baltasar Garzón, se ha empeñado en desentrañar cuáles son los nuevos canales que ha habilitado ETA para extorsionar a empresarios y profesionales y así abastecerse de los recursos suficientes con que mantener activa su maquinaria militar y organizativa.
JAVIER MARTÍN-ARROYO | Sevilla
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EL PAÍS / AGENCIAS | Madrid
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