No fue una broma. Ni un juego. Tampoco los tres menores querían darle sólo un susto a Antonio Joaquín Curiel, el hombre de 49 años que murió tras ser quemado vivo por estos chavales en octubre de 2007 en su casa de Lucena. Fue un asesinato planeado el día de antes por los tres y por una joven mayor de edad, que está a la espera de ser juzgada.
La Brigada Central contra la Delincuencia Especializada y Violenta controló decenas de cabinas telefónicas de Madrid en busca del hombre que actuaba como enlace entre los secuestradores del empresario gaditano Rafael Ávila y la familia de éste.
El pacto que en 2003 llevó al socialista Antonio Barrientos a la alcaldía de Estepona de la mano de antiguos ex gilistas bajo las siglas del Partido de Estepona (PES) se ha revelado como algo tóxico y contaminante. La alianza fue autorizada por la dirección del PSOE andaluz con la aspiración de convertir Estepona en un escaparate de que en el litoral andaluz era posible hacer un urbanismo sostenible y ejemplificador.
El Defensor del Pueblo estatal, Enrique Múgica, abogó ayer por plantear una reforma en la ley que regula esta institución para ampliar su ámbito competencial a las empresas públicas que se han privatizado. Tras recodar que el ámbito del Defensor es lo público, Múgica señaló que en los últimos 25 años han sido muchas las privatizaciones de empresas públicas sobre las que es imposible actuar.
"Consenso", "diálogo sincero" y mano tendida para pactar el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, pero mientras llega el momento y se pasa a los hechos, el vicepresidente primero del Gobierno andaluz y el secretario general del PP, Antonio Sanz, mantuvieron ayer en comisión parlamentaria un combate dialéctico en el que predominó el reproche.
En el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) vuelan los cuchillos y se han puesto al máximo los ventiladores. Su primer presidente, Manuel Ángel Vázquez Medel, presentó el pasado 20 de mayo en el Parlamento su dimisión irrevocable por "el clima de enfrentamiento", la utilización "mezquina" de la institución por parte de los partidos y por "ciertos comportamientos incalificables" de sus miembros.
La planta de Altadis en Cádiz verá reducida su plantilla en casi un 80% su plantilla. Sus 301 empleados se quedarán en 65, una cifra muy lejana a los 1.200 trabajadores que llegó a tener la factoría en su mejor momento. La adquisición de Altadis por parte de la multinacional Imperial Tobacco han llevado a una reestructuración de la empresa.
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