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Sabado, 10 de junio de 2006

Autonomias

Un jefe jurídico de Marbella asegura que se dieron licencias que ni siquiera se pedían

El jefe del servicio jurídico-administrativo de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, ratificó ayer ante el juez que todas las licencias de obras concedidas durante los gobiernos del GIL dependían de Juan Antonio Roca, que lo controlaba "todo" como gerente de Urbanismo.

El 75% de los catalanes dirán 'sí' al Estatuto y el 22% dirán 'no', según un sondeo del CIS

El sondeo especial sobre el referéndum del nuevo Estatuto catalán realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indica que la abstención será del 44,9% y que entre los votantes habrá un 74,8% de síes, un 21,7% de noes y un 3,5% de votos en blanco. En el anterior Estatuto catalán, en 1979, acudieron a votar el 59,3% de los catalanes y votaron que sí el 88,1%.

El segundo gran parque de Madrid costará 90 millones y estará terminado en 2010

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó ayer el proyecto para construir el segundo mayor parque de Madrid -después de la Casa de Campo- en Valdebebas, al este de la capital. Los trabajos comenzarán a ejecutarse el invierno próximo y se prolongarán hasta 2010, aunque el proyecto figuraba en el programa electoral de este mandato. Las obras costarán 90 millones.

La Generalitat pide un préstamo de 84 millones que habrá que pagar de golpe dentro de 30 años

La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTVC) negocia un préstamo de 84 millones de euros a pagar en un solo plazo a su vencimiento dentro de 30 años, según reveló ayer Cristina Moreno, portavoz socialista de Economía en las Cortes Valencianas.

Las diputaciones abren otro frente contra la ley de Suelo por invadir sus competencias

La azarosa tramitación del proyecto de ley de Suelo ha encontrado un nuevo obstáculo, precisamente cuando se había conseguido un alto grado de consenso político sobre el texto y se hallaba a punto de ser aprobado. Las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya, controladas por el PNV, y la de Álava, gobernada por el PP, no están conformes ahora con la última redacción acordada con Eudel por estimar que altera sus competencias.

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