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Vicente Navarro / EFE
El Ministerio de Defensa supo el 28 de mayo de 2003, poco antes del funeral de Estado celebrado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) por los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, que 30 de los cadáveres habían sido repatriados sin identificar.
El llamado zar antiterrorista de la UE, el holandés Gijs de Vries, afirmó ayer que no tiene "ninguna información" sobre la posible existencia de una conexión entre el terrorismo islamista y ETA que defiende el PP. "Sus investigaciones aportarán más luz", dijo, "pero yo carezco de esa información".
El primer juicio por hechos relacionados con los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid se inicia hoy en la Audiencia Nacional con el enjuiciamiento de un menor, G. M. V., de 16 años, al que la fiscal relaciona con la entrega a Jamal Ahmidan -jefe operativo de la célula de Morata de Tajuña, que perpetró la matanza de los trenes de la muerte- de una partida de explosivos presuntamente sustraídos por el ex minero José Emilio Suárez Trashorras.
Los socialistas quieren "serenar" el debate territorial con la garantía de que las reformas de Estatutos que propongan las comunidades, en lo que de ellos dependa, se harán sin extralimitar el marco de la Constitución y los propios Estatutos.
La ejecutiva del PNV dejó ayer bien claro a Batasuna la condición básica para que este partido se involucre en la oferta de diálogo político multilateral que el domingo pasado planteó en un mitin la formación ilegalizada: "Con la desaparición definitiva de la violencia de ETA se crearán las condiciones que hagan posible ese diálogo resolutivo multilateral entre el conjunto de formaciones políticas vascas".
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano consultivo formado por representantes de las administraciones públicas, de las ONG y de los agentes sociales, aprobó ayer por unanimidad el proyecto de Reglamento de Extranjería que le presentó la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.
Francisco Paesa no tiene pendiente ninguna causa con la justicia española. El juzgado número 17 de Madrid, que le imputó por encubrimiento del botín de Luis Roldán, el ex director general de la Guardia Civil condenado a 34 años de cárcel, archivó la causa definitivamente el pasado mes de marzo porque ha prescrito.
La división política que causó en el Gobierno de Fraga el desastre del 'Prestige' rebrota dos años después
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