CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La mayor operación de venta de terrenos del constructor Francisco Bravo Vázquez en los últimos años, una finca en Móstoles registrada como rústica de 155.000 metros cuadrados, tuvo entre sus compradores a una sociedad del concejal de Vivienda de Madrid, Sigfrido Herráez y a la esposa de este edil, María Gálvez.
Los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual se negaron ayer a contestar a todas las preguntas que les hicieron en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. El portavoz del PP, Antonio Beteta, amenazó a Bravo con un expediente disciplinario. Al término del interrogatorio Beteta afirmó que no pedirá que se le abra expediente.
La policía francesa detuvo ayer en la localidad de Cahors a tres hombres bajo la acusación de pertenecer a ETA y se incautó de casi 450 kilos de clorato sódico, sustancia con la que se fabrican muy fácilmente explosivos.
La Sala de Discordia que ha admitido por mayoría a trámite las querellas contra el presidente de la Mesa del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), y dos de sus miembros por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak indica en un auto que esos hechos "revisten en apariencia los caracteres de un delito de desobediencia".
El modelo de sucesión impulsado por el presidente del PP valenciano, Eduardo Zaplana, vive horas bajas. El dirigente popular apostó hace un año, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, por una operación sucesoria en la que conservaba el control del partido y dejaba como cabeza electoral a la Generalitat a Francisco Camps.
La inseguridad ciudadana es el tercer problema de los que preocupan a los españoles (31,2%), después del paro (60,6%) y el terrorismo (46,5%), que se mantienen en los primeros lugares. Así lo indica un barómetro casi monográfico sobre este asunto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dado a conocer ayer.
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó ayer la competencia de la justicia española para juzgar a los militares argentinos por los crímenes cometidos durante la dictadura militar en aquel país andino entre 1976 y 1983.
