Trump utiliza el ataque a la Guardia Nacional para redoblar su ofensiva contra los migrantes

El ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. el pasado miércoles que causó la muerte de una soldado y ha dejado un herido grave, ha provisto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nueva munición en su particular guerra contra la inmigración. El hecho de que el atacante, que se encuentra detenido, sea de origen afgano, ha propiciado nuevas medidas contra los migrantes, que pagarán por el delito cometido por un individuo.

En respuesta al ataque, Trump anunció la noche del jueves, en su mensaje del final del día de Acción de Gracias, que “pausará permanentemente la inmigración de los países del Tercer Mundo”, aunque no especificó a qué naciones se refería. Además, avisó que revocará visados, eliminará beneficios a los migrantes e impulsará las deportaciones y la migración inversa (la que se produce cuando las personas regresan a sus países de origen, de los que huyeron). El viernes, agregó que pausaría todas las visas otorgadas a ciudadanos de Afganistán. Las medidas, muy acordes con las políticas implantadas hasta hora por su Gobierno, suponen un impulso para continuar la cruzada antiinmigración emprendida por su Administración.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, luego agregó en X que, “bajo la dirección” del presidente, había ordenado “una reevaluación rigurosa y a gran escala de cada tarjeta verde para cada extranjero de cada país de preocupación”. Aunque en un principio no especificó cuáles serían, se apunta a la lista elaborada en junio, en la que se prohibía la entrada de los ciudadanos de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen; y se restringía parcialmente la de los ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

“Lo que ocurrió en Washington D. C. fue absolutamente una tragedia, pero fueron las acciones de un solo individuo, y no debería atribuirse a toda una población de inmigrantes, la mayoría de los cuales solo están tratando de reconstruir sus vidas aquí”, declaró a EL PAÍS Jessica Bradley, jefa de personal de la organización si ánimo de lucro Afghan Evac, que trabaja como coalición de varios grupos para apoyar a los afganos en su reasentamiento.

El sospechoso del ataque, que se produjo en las inmediaciones de la Casa Blanca, es un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, que llegó a Estados Unidos tras la retirada de las tropas estadounidenses de Kabul en el verano de 2021. El detenido vivía con su mujer y sus hijos en Bellingham, en el Estado de Washington, donde trabajaba como repartidor. No se conoce el móvil del ataque, en el que resultó muerta la agente Sarah Beckstrom, de 20 años, y gravemente herido su compañero Andrew Wolfe, de 24.

El crimen dio pie al presidente a retomar su retórica xenófoba. En el mensaje publicado en su red social Truth, Trump dijo que de los 53 millones de extranjeros que viven en Estados Unidos, la mayoría “reciben asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de la droga”, culpando a los migrantes de ser criminales.

El discurso de Trump se contradice con todas las estadísticas sobre la población migrante que está siendo asediada desde que comenzó su segundo mandato y envió a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza a detener a los no ciudadanos. Su agenda de deportaciones masivas se basa en la idea de que expulsarán a “los peores de los peores”, pero choca con los datos reales, que revelan que la mayoría de los detenidos carece de un historial delictivo.

Según los datos del instituto CATO, de las personas detenidas por el ICE este año fiscal (desde el 1 de octubre de 2025), casi tres de cada cuatro (73%) no tenían antecedentes penales y solo el 5% ha sido acusado de delitos violentos. La mayoría de los que tienen cargos pendientes son por faltas de tráfico o inmigración.

Las estadísticas no han impedido a la Administración justificar el despliegue de agentes migratorios y de la Guardia Nacional en las ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Washington D. C. Tras el ataque a los soldados del cuerpo nacional ocurrido el miércoles, la Casa Blanca anunció el envío de 500 soldados más a la capital. Sin embargo, en el Distrito de Columbia, como en el resto de las ciudades a las que se han enviado los refuerzos, la delincuencia ha caído a los niveles más bajos de los últimos años. Los miembros de la Guardia Nacional han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en controles de carreteras y han sido asignados a recoger basura y proteger eventos deportivos.

Víctimas del terror

La respuesta de Trump al ataque en la capital redobla las amenazas contra una población que ya vive atemorizada. Ahora, “tienen miedo de lo que les pueda pasar debido a la politización de este incidente, por lo que temen ir al parque, salir de sus casas o ir al supermercado. Toda la comunidad está siendo vilipendiada por las acciones de un hombre”, afirma Jessica Bradley de Afghan Evac, que reconoce que “ya existía una situación en la que los inmigrantes afganos tenían miedo de hacer ciertas cosas debido a la forma en que esta Administración los ha atacado”.

Aproximadamente 200.000 afganos han llegado a Estados Unidos desde el verano de 2021 por diversas vías. Son asilados, refugiados, algunos tienen visas especiales de inmigrante (SIV) o son familiares de personas que ya viven en el país. La Administración Trump ya había prohibido la entrada a casi todos los ciudadanos del país, dejando solo la vía de la SIV, reservada a las personas que trabajaron para el Gobierno de EE UU por al menos un año y que se creó para acoger a quienes ayudaron a las tropas estadounidenses en los 20 años que ocuparon el país. Rahmanullah Lakanwal fue uno de ellos, parte de la Operación Bienvenida a los Aliados, aprobada durante el Gobierno de Joe Biden y que atrajo a unos 76.000 afganos. Las nuevas medidas pondrán fin a la única vía que quedaba abierta para entrar en el país.

Trump ha denunciado que durante la presidencia del demócrata se permitió la entrada de refugiados sin someterlos a los exámenes pertinentes. “La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y el pueblo estadounidense no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior”, declaró Joseph Edlow, director del USCIS, en su comunicado.

Bradley sostiene que, por el contrario, los afganos admitidos tuvieron que pasar un exhaustivo control sobre antecedentes y que la idea de que “Biden dejó entrar a personas sin investigarlas es simplemente falsa”.

No queda claro cómo la Administración puede abordar la tarea de revisar los estatus de residencia permanente (las tarjetas verdes o green cards) de cientos de miles de personas y si tendrían que volver a entrevistarlas. La idea de desnaturalizar a quienes ya habían conseguido la nacionalidad estadounidense se añadiría al torrente de iniciativas contra la inmigración que ha aprobado la Administración Trump y que ha hecho que millones de personas hayan perdido su estatus legal, pasando a las sombras, como se conoce la situación en la que se quedan los indocumentados.

La eliminación de programas como el parole humanitario o el Estatus de Protección Temporal (TPS), creados para acoger a quienes huían de las crisis políticas, económicas o desastres naturales de sus países de origen, ha dejado a cientos de miles de venezolanos, nicaragüenses, haitianos, sirios, cubanos y sudaneses, entre otras nacionalidades, sin documentos válidos para la residencia y al borde de la deportación.

Mientras, para conseguir la mayor deportación de la historia, objetivo prioritario de Trump, se han disparado las detenciones de los migrantes. Los centros del ICE mantienen hacinadas a más de 60.000 personas como consecuencia de las redadas realizadas en lugares de trabajo, controles de tráfico o a la salida de los tribunales. Las nuevas políticas han acabado con las prácticas de las anteriores administraciones, que permitían a los indocumentados que no hubieran cometido delitos residir en el país si acudían a los controles regulares de inmigración. Ahora son detenidos si acuden a las citas. Muchos han vivido en Estados Unidos durante años, e incluso décadas, sin incidentes, y han solicitado asilo u otras formas de regularización.

La política de encarcelar sistemáticamente a casi todos los migrantes que enfrentan procesos de deportación ha provocado un rechazo feroz y creciente en los tribunales de todo el país. Según una investigación de Politico, al menos 225 jueces han dictaminado en más de 700 casos que la nueva política del Gobierno, que también priva a las personas de la oportunidad de solicitar su liberación ante un tribunal, probablemente constituye una violación de la ley y del derecho al debido proceso.

La radicalización de la política migratoria del presidente tampoco cuenta con el apoyo popular. Las encuestas muestran que la mayoría de la población no está de acuerdo en cómo la está manejando, practicando una agresividad contra la comunidad migrante sin precedentes. Las últimas elecciones locales en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, donde los candidatos que el presidente apoyaba perdieron frente a los demócratas, dejaron muestra del descontento social.