La inédita campaña de reclutamiento del ICE transforma las fuerzas de seguridad de Estados Unidos

“Atención fuerzas del orden de Seattle”, dice una voz en un anuncio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés): “Tomaron juramento para proteger y servir, para cuidar a sus familias y a su ciudad. Pero, en las ciudades santuario, están ordenados a replegarse mientras peligrosos criminales caminan sueltos”. Mientras pasan imágenes de agentes del ICE llevándose a gente esposada, la publicidad invita a los efectivos de la policía local a unirse a la agencia migratoria federal para “atrapar a lo peor de lo peor, traficantes de droga, pandilleros, depredadores”. La oferta es jugosa: 50.000 dólares de bonificación inicial, condonación de la deuda estudiantil —de, en promedio, alrededor de 30.000 dólares— y “generosos beneficios”.

La campaña se replica en el país entero con ligeras diferencias y en diferentes formatos desde hace semanas y, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha producido ya más de 150.000 solicitudes y 18.000 ofertas de trabajo. Un número enorme e inédito entre las agencias federales. Como comparación, hasta hace poco el ICE tenía unos 6.000 agentes, mientras que el FBI cuenta con 13.700 y poco menos de 40.000 empleados totales, incluyendo puestos administrativos. El Gobierno también ha ordenado a miles de funcionarios de otras agencias federales, como la DEA o Seguridad Nacional, que pasen a trabajar en la cruzada de deportaciones del presidente Donald Trump.

Las denuncias de que esto debilita la lucha contra otros crímenes se multiplican, junto con las preocupaciones sobre el nivel de entrenamiento de los nuevos reclutas, que muchos temen llevará a un todavía mayor incremento en los abusos de poder y negación al debido proceso que se han vuelto ya cotidianos en nueve meses de la segunda presidencia Trump.

La expansión del ICE es uno de los prerrequisitos para poder avanzar en la política migratoria de la actual Administración republicana, junto con alcanzar una mucho mayor capacidad de detención en centros migratorios. El aumento presupuestario incluido en la megaley fiscal de Trump que fue aprobada en el Congreso en el verano y otorga a las arcas de la agencia de migración más de 100.000 millones de dólares —donde antes disponía de 8.000 millones— ha sido el primer paso para ello. El ICE también rebajó los requisitos para aplicar y ya no se necesita hablar español ni tener un título universitario, entre varios otros cambios implementados. La campaña publicitaria ha sido la red de pescar lanzada para atrapar a la mayor cantidad de interesados.

“Con la Big Beautiful Bill [como se conoce a la megaley fiscal] se le ha dado miles de millones de dólares a la inmigración y esto está llevando a una fuerza policial del ICE de un tamaño sin precedentes”, dice la profesora Ingrid Eagly, experta en inmigración y el sistema criminal, de la facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

La situación, señala Eagly, trae consigo graves riesgos. “La ley migratoria federal es bastante compleja. Los oficiales tienen que cumplir con requisitos constitucionales. Deben entender los estatus migratorios y cómo cambian o están protegidos. Así que cuando traes oficiales que no tienen entrenamiento especializado, eso va a llevar a graves violaciones de derechos porque tendrán que tomar decisiones para las cuales se necesita un análisis jurídico y no están cualificados”. La eliminación del requisito de tener un nivel básico de español también preocupa a Eagly. “Eso va a llevar a todavía más problemas de comunicación si no hay personal. Y eso trae el riesgo de que las personas no puedan comunicar y hacer valer sus derechos”.

El DHS no respondió a la solicitud de este diario sobre información adicional acerca de las 150.000 aplicaciones y 18.000 ofertas de trabajo que se comunicaron. No se sabe en qué zonas del país están repartidos los solicitantes, ni tampoco sus perfiles —de educación, raciales, o edad— o cuántos ya son agentes de policía o de otros cuerpos. Tampoco está claro si las contrataciones serán 18.000, más o menos, pues hace meses se manejaba una cifra de 10.000 nuevos reclutas como objetivo.

En cualquier caso, la campaña de contratación del ICE choca de frente con las necesidades de cuerpos policiales de todo el país, que llevan años con problemas de reclutamiento. En California, por ejemplo, el generoso paquete del ICE sigue siendo menor que lo que ofrece la policía en muchas zonas del Estado. En el área de San Francisco, por ejemplo, el salario base para nuevos reclutas es de alrededor de 120.000 dólares anuales, y en algunos condados puede llegar a 200.000. Pero California es uno de los lugares donde mejor se paga, por lo que en otros Estados las condiciones del ICE sí son más atractivas. Esto, junto a la rebaja en los requisitos para aplicar al ICE, indica que la agencia migratoria está lanzando una red mucho más amplia que puede afectar gravemente a los cuerpos de policía del país. Especialmente cuando se está apuntando directamente a oficiales en activo.

“No estamos tratando de robarle un montón de oficiales a otras agencias”, dijo Tim Oberle, portavoz del ICE al diario Los Angeles Times. “Si ves oportunidades para ascender, ganar más dinero para cuidar de tu familia, por supuesto que vas a querer hacerlo”, agregó, minimizando la dimensión de la campaña.

Pero de acuerdo a un estudio de David J. Bier, director de inmigración del Cato Institute, desviar miles de agentes de otros cuerpos es exactamente lo que está haciendo el ICE. Según los registros de la Oficina de Operaciones de Control y Expulsión (ERO) del ICE que Cato pudo ver, el ICE está recibiendo ayuda de casi 17.000 agentes ajenos, entre los que se incluyen 14.500 agentes federales encargados de hacer cumplir la ley penal. Por otra parte, el DHS reveló en una publicación ahora eliminada que el ICE ya ha formado y desplegado a 8.501 policías estatales y locales como agentes de la Fuerza Especial 287(g) —un acuerdo entre la agencia migratoria y policías locales—, que pueden llevar a cabo detenciones del ICE de forma independiente. Además, hay más de 2.000 personas más en formación.

No es un desvío pequeño. Incluye a uno de cada cinco de la agencia federal de los US Marshalls (650 de 3.892), uno de cada cinco agentes del FBI (2.840 de 13.700), la mitad de los agentes de la DEA (2.181 de 4.620), más de dos tercios de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (1.778 de 2.572) y casi el 90% de los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (6.198 de 7.100).

Como comparación, solo hay 6.100 agentes del ICE, lo que significa que el ICE ha desviado un número cuatro veces más grande que el tamaño de su agencia hacia labores de deportación. Actualmente, solo uno de cada cinco de los funcionarios que participan en la campaña de deportación masiva son realmente agentes de expulsión del ICE. Estas cifras, además, aún subestiman el grado del desvío, ya que solo incluyen a los agentes de la Patrulla Fronteriza en la medida en que trabajan directamente con el ICE. En realidad, la Patrulla Fronteriza está llevando a cabo detenciones bajo su propia autoridad y dirección en el interior de Estados Unidos.

No había duda de que la agenda migratoria trumpista cambiaría la realidad del país, pero además de plantar el miedo en las calles y en el corazón de las comunidades migrantes, también está desmantelando las fuerzas de seguridad federales. Las consecuencias a largo plazo de esto todavía están por verse.