Un tribunal de apelaciones permite que Trump acabe con el ‘parole’ humanitario de más de 400.000 migrantes
Los afectados, provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, habían recibido la protección migratoria por la inestabilidad política en sus países y ahora quedan en un limbo legal mientras se decide definitivamente la causa judicial
Una corte federal ha dictado este viernes que la Administración de Donald Trump puede acabar con las protecciones legales migratorias para alrededor de 430.000 migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La decisión de tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones es el último capítulo de una larga batalla legal sobre diferentes tipos de estatus migratorios que otorgan permiso para residir y trabajar en Estados Unidos temporalmente, como el TPS —literalmente, Estatus de Protección Temporal— o, en este caso, el parole humanitario.
El Gobierno había anunciado en marzo que eliminaría este tipo de protección y fue rápidamente demandado, lo que llevó al tribunal de distrito donde se presentó el recurso a frenar la medida en abril. En mayo, el Supremo ordenó que se levantara esa suspensión, aunque el tribunal de distrito no lo había hecho todavía. Ahora, mientras se desarrolla ese proceso legal iniciado hace meses, el Gobierno ha recibido luz verde para hacerlo en lo que se toma una decisión final.
“Reconocemos los riesgos de daños irreparables expuestos de manera convincente en la orden del tribunal de distrito: que las personas en libertad condicional que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligadas a elegir entre marcharse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye separarse de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a los peligros de sus países de origen", escribieron los jueces en su fallo. “Pero, a falta de una demostración sólida de la probabilidad de éxito en cuanto al fondo, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión”.
En una sentencia de dos páginas, la corte levantó la suspensión dictada por el tribunal de distrito y permite a la Administración poner fin al parole humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, por lo menos mientras se resuelve la demanda. Es una victoria para la Administración Trump, pero no cambia demasiado sobre el terreno y deja abierto el desenlace del próximo capítulo.
Esther Sung, directora legal del Justice Action Center y abogada de los demandantes en el caso, dijo que el fallo “lastima a todos”. “Las personas que vinieron de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el Gobierno les pidió, y la Administración Trump cruel e insensatamente no ha cumplido con su parte del acuerdo”, indicó Sung. “Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con firmeza a nuestros clientes mientras el litigio siga adelante”.
Los demandantes, que incluyen personas que se beneficiaron de las protecciones legales del parole, instaron al tribunal de apelaciones a respaldar la decisión inicial del tribunal de distrito, que había determinado que la Secretaria de Seguridad Nacional Noem no podía terminar categóricamente con las protecciones para estos grupos, sino que tenía que evaluar cada caso de manera individual. También citaron la conclusión del tribunal de distrito de que Noem ignoró las consideraciones humanitarias que dieron origen a esas protecciones legales en primer lugar.
“El tribunal de distrito aplicó correctamente la ley y no abusó de su discreción cuando concluyó que la acción de la Secretaria Noem infligió un daño irreparable y que el interés público y el equilibrio de las consideraciones se inclinan claramente a favor de un alivio preliminar”, argumentaron los abogados de los demandantes en un escrito.
El Departamento de Justicia señaló que las protecciones para las personas que huyen de la inestabilidad en sus países de origen siempre se concibieron como temporales, y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la facultad de revocarlas sin interferencia judicial.
El Procurador General D. John Sauer argumentó que poner fin al programa de parole caso por caso sería una “tarea gigantesca” que ralentizaría los esfuerzos del Gobierno para impulsar su misión de deportación de migrantes. “La revocación discrecional de un beneficio discrecional por parte de la secretaria [Kristi Noem] debería haber puesto fin al asunto”, insistieron los abogados del Gobierno en sus argumentos escritos.
La decisión de la Administración Trump fue la primera revocación masiva del parole humanitario en la historia, dijeron los abogados de los migrantes en documentos judiciales, que también la han calificado como “el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos”.